Iniciativa de RMV da trato de enfermo mental a mujer que aborta: Unesco

Por Gerardo Rojas González 

Puebla, Pue. 5 de noviembre.- La propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que pretende reformar el artículo 346 del Código de Defensa Social, imponiendo un tratamiento médico integral a la mujer que voluntariamente aborte, está llena de vicios legislativos y da trato de enfermo mental, consideró Laura Adriana Albarello, miembro experto del Observatorio Global de Ética y Boética de la Unesco.

En entrevista, la también profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla manifestó su preocupación por la especificación de imponer un “tratamiento médico integral e internación de enfermos mentales” a una persona que no ha sido valorada; además, argumentó que la propuesta no aclara si el tratamiento será de carácter sicológico o siquiátrico.

“No se puede decir que una mujer, por practicarse (un aborto), es enferma mental y no me queda claro de dónde sacaron el marco legal para plantear ese tipo de reforma”, detalló Laura Adriana Albarello, premio Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en la Bioética, otorgado por la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (Pahef, por sus siglas en ingles)  en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Otro punto que es bastante grave del texto, que se plantea como reforma, es que no se establece la edad gestacional para que se considere un aborto, como lo han delimitado en otros estados del país”, explicó en entrevista telefónica con e-consulta.

Modificación no despenaliza el aborto

La especialista explicó que la propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle “no se basa en  la despenalización del aborto, ni en una destipificación, ya que sólo se omite la pena carcelaria por una sanción administrativa, pero técnicamente se cambia una pena por otra (…) sigue siendo una pena”.

El desconocimiento técnico legislativo se pone en evidencia en la propuesta de Moreno Valle, al no dar una categoría adicional al coparticipe, ya sea el médico o la partera: “no habla de la figura del partícipe necesario que se entendería que también sería sancionado administrativamente”, pues simplemente no se menciona en qué situación penal quedarían los participes, o si les caben las mismas sanciones que a la madre.

Así, la iniciativa presentada por el gobernador Moreno Valle al Congreso del Estado no responde a los estándares sociales de Puebla, consideró la abogada especialista en Bioética y Derecho Genómico.

No tomaron en cuenta a la Comisión Estatal de Bioética

Laura Adriana Albarello recordó que desde el 11 de junio pasado existe en Puebla una Comisión Estatal de Bioética, creada por la actual administración estatal y que no fue tomada en cuenta para una reforma que es de su competencia.

Por último, la especialista señaló que el intento de reforma “tiene un montón de puntos que quedan en el aire” y de acertado sólo le concede el cambio de la pena privativa de la libertad, por una pena administrativa, como un intento de resocialización de las personas.

Por error, diputados reciben y estudian iniciativa sin corregir sobre aborto

Por Claudia Lemuz y Jesús Lemus

Puebla, Pue.- 5 de noviembre. El Congreso local difundió en su página en internet una iniciativa diferente a la analizada durante la sesión del pasado jueves por los diputados, en la cual el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas propone la eliminación de la pena carcelaria a las mujeres que aborten.
El presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, explicó que en la web está publicado el verdadero proyecto del mandatario, en el cual desapareció la multa de 50 a 500 días de salario mínimo prevista originalmente, y sólo permanece el tratamiento psicológico.
Asimismo, abundó que los legisladores recibieron por error el expediente equivocado, al cual tuvieron acceso algunos medios de comunicación; por tanto, dijo que la Secretaría General de Gobierno y el Poder Legislativo debe asumir parte de la culpa que les corresponde y no echarse la bolita.
Cabe destacar que personal de la dependencia estatal repartió copias de la propuesta de Moreno Valle Rosas, la cual trata de reformar el Código de Defensa Social.
Sin embargo, los diputados recibieron la misma versión por correo electrónico, la cual fue sustituida en la madrugada por otro archivo, el cual establece que no habrá cárcel ni multa a las mujeres que interrumpan su embarazo.
Resulta obligado recordar que inicialmente estaba prevista la modificación del artículo 342 para retirar la pena corporal y establecería una redacción en este tenor: "a la mujer que se practique un aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá tratamiento médico integral en instituciones públicas, mismo que tendrá una duración no inferior a un mes, ni superior a un año, así como multa de cincuenta a 500 días de salario mínimo, o trabajo a favor de la comunidad de 80 ó 250 jornadas".
Pero esta mañana en la página web del Poder Legislativo, apareció otro proyecto, el cual ya no prevé cárcel ni multa; es decir ya no prevé penas para castigar este delito: "la mujer que se practique un aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá tratamiento médico integral en instituciones públicas, mismo que tendrá una duración no inferior a un mes, ni superior a un año".
Ante este nuevo panorama, el diputado local del PAN, Juan Carlos Espina von Roehrich, afirmó que el instituto blanquiazul está en contra de despenalizar el aborto; no obstante, comentó que la fracción albiazul no está cerrada en eliminar o disminuir la pena corporal.
En su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación, aseguró que no deben confundirse los términos, pues destacó que eliminar la pena corporal no es lo mismo que despenalizar.

Por negligencia médica, joven tiene 3 embarazos no deseados

Ley en Sonora le prohíbe abortar
 

Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal 
 
Hermosillo, 4 nov 11 (CIMAC).- Para Elizabeth Madrid Ramírez, estudiante de 23 años de la licenciatura en Trabajo Social, el ejercicio responsable de la sexualidad no fue suficiente para que fuera gozosa. 
 
La maternidad la asaltó intempestivamente, toda vez que a pesar de que utilizó anticonceptivos, en tres ocasiones resultó embarazada por fallas en tres métodos distintos.
 
Elizabeth tiene una hija de dos años que procreó mientras tomaba anticonceptivos orales; otro hijo de un año, concebido pese a que tenía puesto el dispositivo intrauterino (DIU), y aunque utilizó el anticonceptivo inyectado Perlutal ahora lleva un embarazo de tres meses.
 
Cuando Elizabeth se casó hace tres años, en su horizonte no se vislumbraba la maternidad, pues ella deseaba seguir estudiando y no se imaginaba como madre, sino cuando terminara su carrera y tuviera un trabajo estable. 
 
Para no salir embarazada, la ahora madre fue con una ginecóloga al Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, HIMES, para que le recomendara un anticonceptivo adecuado para su caso. Ese medicamento le cayó mal, pero siguió tomándolo pues su objetivo firme era no tener hijos. Aún así, el embarazo se dio.
 
De pronto la preocupación por no embarazarse viró hacia la angustia de que el producto viniera con algún defecto por seguir tomando las pastillas, sin embargo, nueve meses después tuvo una niña sana. 
 
Aceptar que sería madre le costó mucho trabajo a Elizabeth; fue hasta el final del embarazo y a punto de dar a luz que aceptó que tendría un hijo, pues siempre estuvo deprimida sin entusiasmarse por el embarazo. 
 
Cuando parió a su primera hija buscó que le suministraran otro anticonceptivo. Pidió que le hicieran la salpingoclasia, pero le dijeron que por su edad -21 años en ese entonces- no podían operarla. Fue así que una ginecóloga le colocó el DIU en el HIMES, después de nacer su hija. 
 
Tal como se lo indicaron, se checó el dispositivo a los tres meses. Sólo una vez lo revisaron pues se embarazó antes del segundo trimestre. Al nacer su segundo bebé salió también el DIU.
 
FRUSTRACIÓN 
 
Para Elizabeth la experiencia frustrante no ha sido fácil. Su no planeada primera hija tenía sólo tres meses cuando se enteró que estaba de nuevo embarazada. No paraba de llorar, pues sus planes de vida estaban completamente deshechos.
 
Con una gran depresión, pues creía que esa sería la única hija que tendría, por segunda vez perdía la oportunidad de ingresar a la universidad, ya que en ambas ocasiones pasó el examen de admisión, pero paría al inicio de semestre por lo que dejaba de ir a clases debido a la cuarentena y el cuidado del recién nacido. 
 
A Elizabeth no la consuelan las explicaciones de los médicos para responder por estas fallas. Todos los métodos tienen un riesgo pues son 99 por ciento efectivos, fue la excusa del primero. Y sobre el DIU simplemente le dijeron “es que eres muy fértil”. 
 
También le señalaron que tenía que cuidarse en diciembre porque era “su mes fértil”, pues las dos ocasiones se embarazó en ese mes.
 
A pesar de haberles informado que era presa constante de la depresión y que no cesaba su llanto, no le ofrecieron apoyo psicológico y se lo negaron cuando lo solicitó.
 
El médico del ISSSTESON, institución donde ella se atendió del segundo y tercer embarazos, le dijo que como ella era fumadora y había dejado el hábito durante el embarazo, pues a eso se debía la depresión. Le recomendó que se fumara un cigarro durante la semana, y que así se le iba a quitar la tristeza, lo cual ella no hizo. 
 
Pero Elizabeth sabe que su estado de ánimo se debía a la desilusión que le causó una maternidad tan brusca, que llegó tan de golpe, impuesta por las fallas en los anticonceptivos. Por eso ahora reflexiona que si hubiera podido, habría interrumpido la gestación.
 
FALLAS DEL SISTEMA
 
Más adelante, una tercera vez el embarazo asaltó su vida cuando buscó un anticonceptivo acorde con sus necesidades. Por recomendación de un tercer ginecólogo, también del ISSSTESON, empezó a utilizar anticonceptivo hormonal inyectado. El médico le dijo que ese era un método “un poco más seguro”. 
 
Con sorpresa mayúscula como si fuera una mala broma, la vida le trajo la noticia de que estaba embarazada por tercera ocasión cuando su segundo hijo contaba con apenas siete meses de edad, y la primera poco menos de dos años. 
 
Perlutal fue el medicamento que cuidadosamente acudía a inyectarse sin los resultados esperados. Cada mes, a los siete días después de la menstruación era la indicación. Pero Elizabeth tendrá su tercer hijo dentro de siete meses. 
 
Con mucho cansancio por el cuidado de dos pequeños de dos y un año de edad, y deprimida por un embarazo todavía no procesado, es el resumen de su estado anímico. Aún así, le niegan atención psicológica pues no lo consideran importante. 
 
Al dar a luz a su segundo hijo de nuevo pidió la esterilización, pero se la negaron una vez más por la edad. “Trataron de confundirme los médicos, diciéndome que me iba a volver muy achacosa, pero no me quisieron operar. Como que me hicieron menos”, narra enojada. 
 
“Antes de las 12 semanas no es nada… es un cigoto… no es nada”, expresa mientras opina sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo en forma legal. “Si estuviera permitido yo me hubiera ido por esa opción. Como está prohibido abortar, pues lo tengo que tener”, lamenta.
 
En tres años le cambió la vida aceleradamente, modificaron sus planes, se le vinieron abajo, precisa. Cambió su forma de ver la vida, pues de pronto en lugar de responsabilizarse por ella, ahora tiene que responder por casi tres personas más. 
 
Considera que los médicos que aseguran que no habrá embarazo utilizando anticonceptivos deberían de responder. También los que niegan la decisión de operarse para no seguir teniendo hijos. 
 
Como lección, Elizabeth expresa que las mujeres deben de luchar por sus derechos, por su libertad. No tenemos derecho a decidir, concluye. 
 
11/SN/RMB

El miedo no detiene la defensa de los Derechos Humanos

Activistas van por Red Nacional y protocolo de seguridad 
  

Por Anayeli García Martínez, enviada
 
Tlaxcala, 4 nov 11 (CIMAC).- Ante el miedo, el cansancio y la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que defienden los Derechos Humanos (DH), activistas se reúnen en esta ciudad para analizar nuevas formas de autoprotección que ayuden a disminuir y erradicar las amenazas y ataques que enfrentan cotidianamente.
 
Desde hoy y hasta el próximo domingo se lleva a cabo el Segundo Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, con el fin de analizar la situación de las luchadoras sociales y elaborar mecanismos de seguridad.
 
Al inaugurar el evento convocado por las organizaciones Asociados por lo Justo, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, las participantes advirtieron que aunque viven con miedo y en un contexto de criminalización, seguirán adelante con su labor.
 
Las mujeres, que trabajan en la defensa de la tierra, los derechos reproductivos, a favor de personas desaparecidas o en contra de la violencia de género, coincidieron en que desde el primer encuentro celebrado en la Ciudad de México en octubre de 2010, la situación de violencia e inseguridad no ha cambiado.
 
Denunciaron que además del machismo, tienen que enfrentar los ataques de instancias del Estado y la delincuencia común y organizada, agresiones que limitan la ciudadanía y agravan la discriminación contra las defensoras de los DH.
 
Alertaron que la violencia contra las activistas debilita la democracia y favorece la impunidad y la corrupción.
 
Marusia López, integrante de Asociadas por lo Justo, recordó que desde el encuentro pasado se realizó el diagnóstico “Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica” –sobre la situación de las activistas en México, Honduras y Guatemala–, el cual revela la discriminación y los obstáculos que enfrentan las mujeres en su labor humanitaria.
 
En el documento se señala que las defensoras sufren formas específicas de agresión a causa de su condición de género porque, como lo han señalado organismos internacionales, ellas “cuestionan normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos aceptados”.
 
Ahora el objetivo es actualizar ese diagnóstico y reflexionar sobre el papel estratégico del autocuidado de las defensoras, un debate que también servirá para fortalecer los movimientos sociales en los que ellas participan. El encuentro continuará mañana para articular una Red Nacional de Defensoras. 
 
11/AG/RMB

Narcoguerra duplica asesinato de niñas y niños: Redim

De 2007 a 2009 se disparan muertes violentas de adolescentes

Por la Redacción

México, DF, 3 nov 11 (CIMAC).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó sobre el aumento en el número de muertes violentas entre las y los adolescentes de 15 a 17 años de edad, como consecuencia de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado.

En un comunicado, la Redim dijo que mil 373 niñas y niños han muerto durante la lucha que realiza el gobierno mexicano contra la delincuencia en todo el país, por lo que instó a las autoridades a que cumplan con las recomendaciones que el Comité sobre Derechos del Niño de la ONU emitió el pasado 4 de febrero.

La organización civil precisó que en 2007 la tasa de fallecimientos de adolescentes en ese rango de edad era de 5.3 por cada 100 mil habitantes, pero que en 2009 se duplicó a 10.7 muertes por cada 100 mil.

La Redim detalló que entre las recomendaciones del Comité de la ONU se encuentran la recopilación de datos sobre el número de niñas y niños detenidos, heridos o asesinados, y la sanción a los responsables de los hechos; así como adoptar medidas adecuadas para protegerlos de las acciones militares y policiacas.

También demandó la creación de un mecanismo de identificación de niñas, niños y adolescentes que pudieran haber sido reclutados para que se les brinde atención psicológica, física, médica y asesoría jurídica para que se reintegren a la sociedad.

Pidió el establecimiento de marcos legales que garanticen los Derechos Humanos (DH) y la protección, en particular de las niñas, de la violencia de las fuerzas armadas y de los grupos no estatales.

La Redim señaló que debe incorporarse en el Código Penal federal y en las leyes estatales la prohibición al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en las organizaciones armadas.

Pidió un presupuesto especial para el desarrollo de un Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia.

La agrupación recordó a los distintos niveles de gobierno que deben cumplir con la reciente modificación del artículo 4 de la Constitución, el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se cumplirá con el principio del interés superior de las y los niños, principio que guiará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada el 20 de noviembre de 1989 reconoce, respeta y protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para supervisar su aplicación se creó el Comité sobre derechos del niño, conformado por expertos independientes para vigilar la adecuada implementación de sus derechos.





11/GM/RMB

Víctimas de feminicidio repudian acto oficial de “contrición”

Familias y defensoras critican “simulación” del Estado mexicano Por Anayeli García Martínez México, DF, 3 nov 11 (CIMAC).- En una muestra más del desdén del Estado mexicano para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero, Ciudad Juárez, la Secretaría de Gobernación (Segob) realizará el próximo lunes un acto en memoria de las mujeres asesinadas en ese predio, sin la presencia de sus familias, los abogados que las representan, funcionarios de alto nivel y sin el memorial que las autoridades se comprometieron a edificar. Organizaciones civiles denunciaron que Felipe Calderón simula el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH sobre tres casos de feminicidio ocurridos en Juárez en 2001, por lo que adelantaron que no asistirán al evento oficial convocado para el 7 de noviembre en la localidad fronteriza. La abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Karla Michel Salas, informó a Cimacnoticias que la Segob realizará un “acto público de reconocimiento de responsabilidad” que no cumple con las expectativas de las víctimas, ya que no asistirán funcionarios de alto nivel ni se inaugurará el memorial acordado. La experta en garantías humanitarias, quien litigó el caso de Campo Algodonero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego ante la CoIDH –que en noviembre de 2009 emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por los casos de feminicidio–, explicó que este es un acto para “salir del paso” y aparentar que se cumple con el fallo del tribunal interamericano. Cabe recordar que el caso Campo Algodonero se refiere a la desaparición y posterior asesinato de tres de ocho mujeres encontradas el 6 y 7 de noviembre de 2001. Dos días después del hallazgo, las autoridades “identificaron” los cuerpos sin ninguna técnica fiable para ello, además de que no dieron con los responsables. Tras ocho años de impunidad, en 2009 la CoIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en las deficientes investigaciones en estos casos, y ordenó una serie de medidas para identificar y sancionar a los responsables, y garantizar que hechos de esta naturaleza no se repitan en Juárez ni en el resto del país. Una de las reparaciones ordenadas fue que el Estado mexicano realizara un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, el cual tiene como objetivo la aceptación oficial de las víctimas de feminicidio y que se formulen compromisos claros para prevenir y erradicar este tipo de violencia. No obstante, aclaró Salas, los únicos funcionarios que asistirán son Dilcya García, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob; y Sara Irene Herrerías, procuradora social de Atención a las Víctimas del Delito. La abogada resaltó que el ideal de las familias de las víctimas es que el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, e incluso Felipe Calderón, asistieran al lugar para leer los elementos claves de la sentencia, ofrecer disculpas y comprometerse a tomar acciones al respecto. Ante esta situación, Karla Michel Salas acusó a Blake Mora y a Calderón de desconocer sus compromisos, toda vez que en septiembre pasado ambos acordaron ante el relator de la CIDH Rodrigo Escobar Gil, cumplir con todas las sentencias de la CoIDH antes del fin del actual sexenio. A decir de la defensora de Derechos Humanos, en febrero pasado los representantes de las víctimas y funcionarios de la Segob, entre ellos Felipe de Jesús Zamora, acordaron inaugurar un memorial en honor a todas las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en la ciudad fronteriza desde 1993, tal y como lo ordenó la CoIDH, sin embargo, éste aún no está terminado. De acuerdo con la sentencia, lo que se debe construir en Campo Algodonero es una escultura en honor a las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas, un museo y un conjunto de placas que expliquen qué es el feminicidio. Salas precisó que las autoridades se comprometieron a terminar el memorial antes del 8 de marzo de 2012, y a sancionar a los responsables de irregularidades en las investigaciones de esos homicidios, pero esto no ha sucedido. La integrante de la ANAD también criticó que aunque la sentencia de Campo Algodonero fue la primera que recibió el Estado mexicano por violencia contra las mujeres, no se le da importancia y, en contraste, en el acto de reconocimiento por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla en 1974, sí estarán presentes autoridades de alto nivel. Cabe mencionar que este acto –también ordenado por una sentencia de la CoIDH– se realizará el 14 de noviembre en Atoyac, Guerrero, con la presencia de Francisco Blake y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo. 11/AGM/RMB

"Reformas de los Estados que establecen la protección de la vida desde la concepción no deben limitar los derechos de las mujeres", afirma Naciones Unidas en México

Legislaciones nacionales y estatales deben incorporar los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos de las mujeres.  

Acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva es indispensable para la realización de los objetivos de desarrollo.

(Naciones Unidas, México).- El Sistema de Naciones Unidas en México (SNU) ha seguido con atención y respeto el debate nacional sobre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en particular el producido en las últimas semanas con motivo de las discusiones al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desestimó la acción de inconstitucionalidad de las reformas de Baja California y San Luis de Potosí para proteger la vida desde la concepción. El SNU reconoce como, en ambos casos, la mayoría de quienes integran a la SCJN se pronunciaron a favor de los derechos humanos de las mujeres al señalar que las reformas de los Estados que establecen la protección de la vida desde la concepción no deben limitar los derechos de las mujeres reconocidos en la normativa mexicana y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte.

Asimismo, en junio pasado, el SNU reconoció y celebró la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la reforma en materia de derechos humanos a su Constitución, la que establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual representa un avance sustantivo en favor del respeto y la garantía de los derechos y libertades. En tanto, responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por México.

En este sentido, el SNU en México reitera la importancia de asegurar la plena incorporación, en la legislación local y las políticas públicas de los países, de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos reconocidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, incluyendo la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la incorporación de las observaciones emitidas por los Comités que emanan de estos tratados y que representan importantes precedentes vinculantes para México.

 Los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en estos instrumentos, incluyen el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, que comprenden la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia; el acceso universal a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, a disponer de una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, el acceso efectivo a servicios seguros para la interrupción voluntaria del embarazo, en las circunstancias previstas en la ley, que deben cumplir con las condiciones de seguridad, calidad y calidez, así como promover campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres dirigidas en particular al personal sanitario y también al público en general.

La restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente y la expansión del VIH/SIDA. Asimismo, pone en riesgo la realización del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, referente a la reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a salud reproductiva. En consonancia con lo anterior, diferentes Comités y Relatorías de Naciones Unidas han recomendado al Estado Mexicano eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y armonizar la legislación sobre salud sexual y reproductiva con los tratados internacionales.

Por último, el SNU en México reitera su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado Mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Comunicado No. 11/285 14 de octubre 2011 de la ONU

Agresiones y suicidios, primeras causas de muerte en las jóvenes

Cifras del Inegi coinciden con datos de feminicidio
 
Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México, DF, 1 nov 11 (CIMAC).- En México, las principales causas de muerte en mujeres de 15 a 29 años de edad son las agresiones y el suicidio, con lo que se supera el número de defunciones por accidentes de transporte y enfermedades como leucemia y neumonía, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
En un comunicado, el Inegi informó que en 2009 las primeras causas de muerte entre las adolescentes y las jóvenes se caracterizaron por ser violentas. Las agresiones y el suicidio sumaron el 12.2 por ciento del total de fallecimientos, seguidas por los accidentes de tránsito que representan el 11.1 por ciento. 
 
El 7.1 por ciento de las mexicanas de 15 a 29 años de edad fueron asesinadas, y el 5.1 por ciento de ellas se suicidó. Estas cifras están por encima de los decesos registrados por estas causas entre las adolescentes en 2007. 
 
En ese año se registraron 2 mil 450 muertes en mujeres de 15 a 19 años de edad, de las cuales el 2.7 por ciento fueron por suicidio y 2.1 por homicidio, colocándose en la segunda y quinta causa de defunciones en este grupo de edad, respectivamente, según el Sistema Nacional de Información en Salud. 
 
La proporción de decesos de las adolescentes y las jóvenes por agresiones coincide con la investigación del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el cual señala a las mujeres menores de 30 años como las principales víctimas de violencia de género en todo el país. 
 
En su informe “Una mirada al feminicidio en México 2009-2010”, el OCNF indica que de enero de 2009 a junio de 2010 se reportaron 890 homicidios dolosos de mujeres en 11 estados de la República.
 
El 17.98 por ciento de las víctimas tenía entre 10 y 20 años de edad y el 32.13 por ciento entre 21 y 30 años; estas mujeres –entre niñas, adolescentes y jóvenes– suman más de la mitad de los casos registrados de feminicidio.  
 
Aunque el Inegi reconoció que las principales causas de muerte en las adolescentes y las jóvenes se deben a la violencia (agresiones, suicidios y accidentes de transporte), aclaró que “éstas representan sólo la cuarta parte de sus defunciones totales”.
 El instituto reportó que las agresiones son la primera causa de muerte en la población masculina de 15 a 29 años de edad. 
 
La segunda causa de defunciones en los jóvenes mexicanos es por accidentes de transporte con 19 por ciento del total de las muertes registradas en ese grupo de edad. Y la tercera es el suicidio, con el 6 por ciento. 
 
Según el Inegi, en este grupo de edad el monto de las defunciones en la población femenina es tres veces menor al de los hombres. Así, por cada 100 decesos de mujeres de 20 a 34 años de edad, se registran 300 muertes masculinas. 
 
El instituto dijo que en la población joven se presenta la mayor diferencia en la mortalidad por sexo, y ésta se puede explicar por la mayor exposición de los hombres a situaciones de alto riesgo, así como a una propensión más elevada a adquirir hábitos dañinos para la salud.
 
Otra diferencia es que los jóvenes son “especialmente vulnerables” ante el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-Sida), el cual es la cuarta causa de muerte y la tercera en aquellos que tienen de 25 a 29 años de edad.
 
En la población femenina joven, la neumonía y la leucemia representan la cuarta y quinta causas de muerte.
 
11/GCJ/RMB
 

Las mujeres estamos jodidas, pero trabajando para dejar de estarlo: Ana Romero

Por Yolanda de la Torre*

México, DF, 1 nov 11 (CIMAC).- En Ana Romero hay algo risueño, algo que impide imaginarla sin una sonrisa de cuerpo entero, como si toda ella tintineara. Lo mismo sucede con su escritura.

Hace apenas unos días se anunció que Ana ganó el premio de cuento infantil Juan de la Cabada que otorgan el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Ésa, la literatura hecha para el disfrute de la niñez, es su trinchera:

“Hablando en términos de táctica y estrategia, yo creo que formo parte de la meritita vanguardia: niñas y niños. Escribo para ellos narrativa y poesía, y lo hago porque creo que son un público imaginativo, exigente, cruel, pero sobre todo, dispuesto. Nadie como ellos para atacar la literatura sin prejuicios y luego amarla o detestarla, pero siempre con fundamentos”.

Pero Ana –autora, entre otros libros, del poemario “Trenes” y de la novela “La secreta misión del 6.21” – es más que su obra y las satisfacciones que le brinda; es también la suma de sus influencias, de quienes han marcado su vida y la condujeron a ser quien es, y entre todas esas personas hay mujeres que parecen anónimas, pero cuya mano contribuye día tras día a hacer de este un mundo mejor, y otras tantas que, como ella, se han comprometido con el arte y la cultura:

“Las que primero me vienen a la mente son mi Yaya (abuela) y mi profesora de español, Beatriz. Hay también una lista interminable de personajes literarios y cinematográficos que dejaron huella, y cómo no, autoras, directoras, pintoras, musas y gente de la calle. Creo que sería interminable mencionarlas porque soy lo que he visto, leído, oído y elucubrado; y en todos los ámbitos hay mujeres dispuestas a dejar algo”, afirma con una serenidad que trasluce agradecimiento.

A pesar del optimismo ingobernable que destila su pluma, Ana Romero sabe que hay mujeres menos afortunadas que sufren los estragos de una discriminación de género que los avances del siglo XXI no han podido erradicar, pero también que eliminar ese flagelo requiere de nosotras un esfuerzo, una inquebrantable fe en que podemos lograrlo:

“Creo que la violencia contra las mujeres (en este país ya de por sí violento), es lo que más daño nos causa, pero no podemos separarla de la discriminación laboral, académica, cotidiana. Estamos un poco jodidas, ¡pero trabajando para dejar de estarlo!”.

Y con ese mismo espíritu esperanzador está convencida de que la creación, en cualquiera de sus formas, tiene la capacidad de producir transformaciones en favor de nosotras, quienes conformamos más de la mitad de la población de nuestro país:

“La trinchera del arte y la cultura, si bien no es canasta básica, ayuda en todos los sentidos. Da voz. Y dado que las condiciones de ser mujer es una de nuestras debilidades, la expresión de nuestra voz ya constituye un paso. Sí, lo creo fervientemente”.

Al final su propio trabajo, como bien lo sabe Ana, puede contribuir no sólo a evidenciar los atavismos que aún mantienen a las mujeres en condiciones sociales que merecen ser elevadas, sino también a transparentar sus logros. Y lo hace orgullosa, con la frente en alto:

“Eso es lo que trato de hacer. Finalmente, uno sólo escribe de sí mismo, y yo soy mujer. La literatura no puede ni debe deshacerse de su entorno; en ese sentido trato de, sin ser panfletaria, dejar bien sentada mi posición. A lo mejor a nadie le importa, pero si hay una, sólo una mujer que reciba un impulsito, seré la mar de feliz”.

11/YT/RMB

Las feministas están despertando y surgen cosas interesantes: Natalí

Por J. Leticia García Polo

Nos hace falta despertar más a las mujeres, hace falta que se apropien de su cuerpo, de sus decisiones en una palabra de su vida, son las ideas que Natalí Hernández Arias,  Coordinadora- Puebla de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, comparte con el ánimo de que muchas se sumen al movimiento feminista.

Es activista comprometida con sus causas, psicóloga de profesión,  en 2010 fue reconocida por el gobierno municipal de Puebla en el  Premio Municipal de la Juventud, en junio de este año fue la convocante en la ciudad de la Marcha de las Putas, es muy joven, se le ve llena de esperanza y acepta que ser feminista es complicado . Reconoce que el  movimiento está volviendo a salir a las calles porque estaba olvidado.

Es una mujer de su tiempo, comprometida con sus causas, tiene respuestas efectivas sobre los temas de las mujeres, es subversiva, intelectual y twitera difunde su pensamiento en las redes sociales, en las calles y ante los medios de comunicación.

Natalí habla claro y fuerte, reconoce que cada vez hay más tomando las calles y los espacios públicos para defender sus causas. Recuerda que en el año 2009, el congreso local de Puebla, aprobó una reforma para violentar los derechos reproductivos de las mujeres, esto fue cuando una mayoría priista frenó la  espenalización del aborto.

Considera que ese momento fue lo que motivo a las mujeres que sintieron la necesidad de recuperar terreno, salir y denunciar lo que estaba sucediendo y que a los ojos de muchos parece que no pasaba nada.

A partir de ahí, dice se empezó a recuperar el Movimiento Feminista Poblano, se sumaron las académicas,  se crearon colectivos y redes de mujeres, reconoce que falta mucho, pero como  que van despertando y eso es bueno.

¿Natalí  ya pasó el tiempo en que las feministas eran despreciadas o se les huía por  apestadas?

R. Sigue siendo muy difícil ser feminista. Hay una connotación negativa hacia el término, considero que es un trabajo de nosotras reivindicar qué es lo que hacemos y en dónde estamos.

Creo que en este momento las feministas están saliendo de las jóvenes que tienen muchas ganas de hacer cosas distintas, desde el arte haciendo performance  para decir cosas  y que reconocen a las feministas de siempre que vienen militando desde hace mucho tiempo en el Movimiento Feminista en Puebla. Es una suma de esfuerzos, aprendemos de ellas,  aprendemos ambas y juntas estamos haciendo cosas interesantes.

Esto lo dice Natalí con gran modestia, porque fue ella y  su convocatoria en las redes sociales  en junio pasado a la Marcha de las Putas, la que motivó a feministas que desde los partidos políticos y las legislaturas hicieron historia y la acompañaron en el Zócalo de Puebla, a la principal plaza para las   manifestaciones llegaron las exdiputadas Susana Wuotto del PRD, Carolina O’Farril  del Partido Convergencia (hoy conocido como MORENA), la Regidora del Cabildo Sandra Moltalvo del PRI, María Eugenia Ochoa ex candidata del PRD y académicas  como Elva Rivera Gómez, investigadora del tema de las mujeres, entre otras.

¿Y cómo has visto en los años recientes la presencia de las mujeres en política, se  percibe el compromiso con las de su género?

R.  Por supuesto que respaldamos la presencia de muchas mujeres en política, les damos seguimiento a lo que hacen, pero si debemos reconocer que nos hace falta mucha más representatividad porque la política también es un asunto de mujeres y de compromiso.

Hemos visto que no todas lo tienen. Ahí están las dichosas “juanitas” al referir el caso de las diputadas que llegaron con el voto a en la  Cámara de Diputados  y  luego renunciaron para dejar en el legislativo a sus compañeros de partido.

Hay otras mujeres que llegaron al poder en medio de este sistema corrupto que asfixia y presionadas terminan   reproduciendo patrones de conducta que en nada favorecen a las mujeres ¡por supuesto!

¿Entonces en dónde estamos?

Las mujeres creemos que significa un cambio desde debajo, de irnos construyendo autónomas, independientes y eso implica compromiso.

Es de reconocer que muchas han llegado y han hecho un gran papel en la política, pero muchas otras mujeres terminan olvidando lo que prometieron y a las propias mujeres.

Recursos para liderazgos femeninos van para sueldos y casetas

Partidos tienen más recursos, pero dejan a las mujeres al final
 

Por Anayeli García Martínez
 

México, DF, 31 oct 11 (CIMAC).- A los partidos políticos no les interesa promover ni fortalecer los liderazgos de las mujeres ya que, contrario a lo que establece la ley, nuevamente ejercieron el dos por ciento de sus recursos públicos en servicios generales, administrativos y mantenimiento de oficinas.
 
De acuerdo con un reporte preliminar elaborado por Natividad Cárdenas Morales, presidenta del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder, al igual que en 2008, en 2009 los partidos ejercieron 54 millones 635 mil 591 pesos (mdp) –destinados a la formación política de las mujeres–, en actividades que no contribuyen al impulso de los liderazgos femeninos.
 
Desde 2008 el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que los partidos deben destinar el dos por ciento de su gasto anual ordinario en acciones y actividades que promuevan el avance real de las mujeres en la vida política nacional. 
 
En 2008 estos recursos ascendieron a 49 mil 513 mdp; en 2009 aumentaron a 54 mil 635 mdp; en 2010 el monto ascendió a 58 mil 201 mdp, y para este año se asignaron 62 mil 387 mdp. 
 
Hasta ahora el Instituto Federal Electoral (IFE) sólo ha fiscalizado los dos primeros años, y de ello se desprende que los recursos se gastan en todo menos para las militantes: viáticos, gratificaciones, primas vacacionales, transporte, gasolina, casetas y propaganda, entre otros rubros. 
 
AUTOS Y REGALOS
 
En opinión de Cárdenas Morales, durante 2009 los partidos políticos siguieron gastando el dos por ciento en servicios generales, y advirtió que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “innovó” en el tema al considerar que la compra de un automóvil beneficiaría el desarrollo de liderazgos femeninos.
 
El Partido Acción Nacional (PAN) recibió ese año 15 mil 187 mdp; el Revolucionario Institucional (PRI), 10 mil 624 mdp; el de la Revolución Democrática (PRD), 9 mil 129 mdp; el del Trabajo (PT), 4 mil 330 mdp; Nueva Alianza (Panal), 3 mil 837 mdp, y el PVEM, 4 mil 527 mdp.
 
A decir de la dirigente de Mujeres al Poder, ninguno de estos partidos toma en serio la participación política de las mujeres, y puso como ejemplo que tan sólo el PAN ejerció mil 624 mdp en material promocional, mil 296 mdp en sueldos y salarios, y mil 786 en materiales impresos.
 
Aunque el PAN tenía 15 mil 187 mdp, tuvo un sobreejercicio por 19 mil 439 mdp y además aprovechó los recursos para pagar obsequios, licencias de software, mantenimiento de equipo de cómputo, teléfonos, transporte y gasolina y lubricantes.  
 
El PRI también sobreejerció más de los recursos que tenía (10 mil 624 mdp), pues la cifra ascendió a 13 mil 477 mdp. De este monto, 637 mil 350 pesos fueron para la Fundación Colosio y 3 mil 129 mdp para el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. 
 
El resto de los recursos el tricolor los gastó en servicios generales,  gratificaciones y cuotas del IMSS o del Infonavit.
 
El reporte de Natividad Cárdenas además destaca que con el dos por ciento que se debe destinar a promover la participación política de las mujeres, el PRI pagó un laudo en su contra por 520 mil pesos a nombre de Martha Ana María García Ortega. 
 
El informe preliminar no detalla el motivo de ese laudo, ni quién es García Ortega. 
 
PRD NO PREDICA CON EL EJEMPLO
 
Los datos indican que lo que ocurrió en 2008 con el manejo de estos recursos se repitió en 2009. Por ejemplo, hace cuatro años el PRD tenía asignados 8.4 mdp, mismos que “no ejerció” por lo que fue multado por el IFE con un millón 696 mil pesos.
 
Para 2009, el PRD tenía 9 mil 129 mdp, de los cuales sólo gastó mil 397 mdp y el resto, 7 mil 648 mdp, lo aplicó en gasto de nómina, reconocimiento por actividades políticas, viáticos, papelería y gasolina.
 
Cabe destacar que el sol azteca –instituto que ha sido impulsor de las cuotas de género en las candidaturas y que incluso ahora promueve la paridad– fue el único partido sancionado por el IFE, el cual no reconoció estos gastos como parte del dos por ciento para formación política de las mujeres.
 
En ese momento el PRD se inconformó por la decisión, por lo que en diciembre de 2010 el asunto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual refrendo la decisión del IFE y determinó que el gasto no se ejerció en actividades que abonaran al desarrollo político de las militantes.
 
Si bien esta decisión sentó precedentes, otros partidos no han sido sancionados por ciertas prácticas, como las implementadas por el PVEM, que gastó 2 mil 976 pesos en estacionamiento, mil 848 pesos en renta de automóviles, y 25 mil 637 pesos en casetas, o bien, la compra de un vehiculo Jetta de 142 mil pesos.
 
Cárdenas Morales refirió que cuando el IFE se dio cuenta de la compra de este vehiculo a beneficio de Alejandra Fernández Muñoz, preguntó al partido que cuál era el objetivo de este gasto, a lo cual respondió que serviría para transportar material a los eventos organizados para las mujeres.
 
El IFE aceptó la respuesta y no hizo nada, pese a que el PVEM también ejerció el dos por ciento en hospedaje (81 mil 744 pesos), utensilios de cocina (mil 500 pesos), artículos de limpieza (45 mil pesos), y gastos de imprenta (14 mil 998 pesos), entre otros rubros.
 
“SITUACIÓN LAMENTABLE”
  
La también especialista en participación política de las mujeres afirmó que el uso del dos por ciento es lamentable, por ello destacó que el Consejo Ciudadano y la Red Mujeres en Plural avanzaron al elaborar un proyecto de reglamento que fue bien recibido por el IFE, y aprobado y publicado en julio pasado. 
 
Explicó que con este reglamento se busca hacer la diferencia y que los partidos ejerzan sus recursos en actividades que aporten al desarrollo de liderazgos femeninos, y dejen de invertir en folletos que no sirven de mucho, como lo hizo el PT, que en 26 ocasiones imprimió folletos con un costo que va de 24 mil 150 pesos hasta 64 mil 400 pesos.
 
O bien, que los partidos no incurran en lo que hizo el Panal, que gastó 146 mil 211 pesos en mil 250 gorras, mil plumas, mil tarjetas de presentación y dos mil pulseras, entre otros materiales promocionales.
 
Natividad Cárdenas llamó a que se deje de improvisar en eventos que no tienen objetivos claros ni temáticas acordes con los derechos políticos de las mujeres. 
 
Cabe recordar que el nuevo reglamento de Fiscalización del IFE establece la obligación de los partidos de elaborar un plan anual de trabajo para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político femenino con actividades en el país y que beneficien al mayor número de mujeres posibles.
 
También presenta una serie de temas que se pueden impartir en los cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados o coloquios, y señala que se puede utilizar hasta el 10 por ciento de los fondos en viáticos y pasajes, siempre y cuando estén vinculados con el apoyo a las mujeres políticas.
 
11/AGM/RMB

Una burla, operativo de búsqueda de desaparecidas

Protocolo Alba, ineficaz contra violencia en Chihuahua 
 
Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 31 oct 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) criticó la inoperancia del Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda rápida de niñas y mujeres desaparecidas, que de 2005 a 2010 sólo se activó en 31 ocasiones en ese estado.
 
En opinión de la feminista e integrante de Cedehm, Alma Gómez, este mecanismo tiene elementos discriminatorios que reproducen la cultura patriarcal y misógina de los operadores de justicia, por lo que afirmó que es urgente que sea reformado.
 
De acuerdo con datos de la organización, obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, de 2005 a agosto de 2010 el Protocolo Alba se activó únicamente en 31 ocasiones, es decir cinco veces por año, cuando tan sólo en 2010 se registraron 110 casos de mujeres desaparecidas.
 
VIGILANCIA
 
Ante la desaparición  de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el incremento de casos de feminicidio, organismos internacionales de Naciones Unidas y del sistema interamericano de Derechos Humanos recomendaron a México adoptar mecanismos de prevención y protección.  
 
Es así que el 22 de julio de 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en el estado fronterizo con el objetivo de vigilar minuciosamente las zonas clasificadas como “de alto riesgo” para mujeres, y aquellos lugares donde se encontraron víctimas de homicidio.
 
Dos años después, el 12 de mayo de 2005, se creó el Protocolo Alba, una serie de procedimientos para la reacción y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de Ciudad Juárez.
 
De acuerdo con la activista, este protocolo coordina a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría estatal; a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y municipal; y a la Dirección General de Tránsito Municipal.
 
También participan la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la 
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
LA RUTA DE ACCIÓN 
 
Cuando una mujer desaparece se puede poner un “reporte de extravío” ante cualquiera de las autoridades integrantes del protocolo, y éstas a su vez deben atender a la familia afectada o a quien denuncia y de inmediato avisar a las demás autoridades.
 
Esto significa que en las primeras 48 horas del hecho, cada institución buscará a la niña o mujer desaparecida en el servicio médico forense, las cárceles, los refugios, albergues, en las oficinas de migración, el consulado, y en cualquier lugar donde tengan acceso.
 
Con esta ruta de acción –que también prevé la búsqueda en hoteles, centros comerciales y rastreos aéreos y terrestres–, se pretende localizar a la persona lo más pronto posible, sin embargo en promedio el protocolo se activa cinco veces al año, aunque en 2010 se reportaron 110 mujeres desaparecidas.
 
En opinión de Alma Gómez, este protocolo es discriminatorio porque sólo se activa en casos de alto riesgo, es decir, cuando la víctima tenía una rutina estable, si se extravió en el centro de la ciudad y si no tuvo motivo para abandonar el hogar.
 
Al final, advierte la defensora de Derechos Humanos, depende del criterio de quien toma la denuncia considerar que la desaparición es o no de alto riesgo, y es inoperante toda vez que de 2005 a 2010 sólo fueron localizadas 23 personas, y las autoridades no han aclarado si fueron encontradas con vida o no.
 
MECANISMO BUROCRÁTICO
 
De acuerdo con datos de la Conavim, de 2008 a 2011 el protocolo se activó en 24 ocasiones: tres en 2008, cinco en 2009, siete en 2010, y nueve en lo que va de 2011. En total se han localizado a nueve personas con vida y una muerta en estos cuatro años. 
 
Información presentada por la Conavim revela que cuando una niña o mujer desparece, en un lapso de una hora esta institución investiga en 75 albergues y hospitales; además envía el reporte del caso a 40 organizaciones de la sociedad civil que pueden colaborar en su difusión.
 
Sin embargo, Alma Gómez asegura que no se toma en cuenta a las organizaciones y que en realidad estas actividades de búsqueda no se realizan, no participan los medios de comunicación y las autoridades no están coordinadas, lo que resulta en un mecanismo burocrático nada rápido para localizar a personas desaparecidas.
 
Ante este panorama, la activista demanda que se cumpla con la sentencia de Campo Algodonero –que se refiere a tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, en 2001–, que mandata a estandarizar los protocolos de actuación con normas internacionales en la materia. 
 
11/AGM/RMB

“Al Estado no le importan las mujeres”

Lo demuestran la impunidad y falta de justicia: Fiscal Castresana  


Por Anayeli García Martínez
 
El fiscal especial Anticorrupción de España, Carlos Castresana, advierte que desde 2003, cuando la ONU emitió diversas recomendaciones para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la situación no ha cambiado y el problema persiste. 
 
En entrevista, el abogado penalista sostiene que la tipificación del feminicidio y la creación de fiscalías especiales son insuficientes para abatir el flagelo: “Los resultados no terminan de llegar o no llegan con la celeridad y con la contundencia que se necesita. Algo está faltando”.
 
Castresana, quien en 2003 fue parte de la comisión nombrada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para diagnosticar por qué las investigaciones sobre feminicidio en Juárez no tenían resultados, lamenta que la impunidad prevalezca.
 
De visita en México para participar en un seminario sobre justicia y género, el experto asegura que en el combate al feminicidio faltan herramientas legales y operativas en el ámbito transnacional.
 
Hace ocho años el gobierno federal solicitó a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que enviara un equipo de expertos para diagnosticar por qué fracasaban las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres.
 
En ese entonces, Edgardo Buscaglia, Stanley Pimentel y Carlos Castresana, entrevistaron a policías, fiscales, jueces y secretarios de Estado. Analizaron averiguaciones previas, sentencias y juicios sobre casos de crímenes por razones de género.
 
Tras la investigación los expertos realizaron un informe que –a decir del especialista en Derechos Humanos– reveló que los funcionarios no estaban investigando, no sabían cómo hacerlo o solapaban los crímenes. “Reflejaba que lo estaban haciendo muy mal”, critica.
 
Estos hallazgos no sorprendieron porque era algo que ellos ya sabían antes de llegar a México, porque “si no hay condenas a las personas responsables y no se consigue reducir el fenómeno de la violencia quiere decir que algo se está haciendo mal”, apunta el fiscal español.
 
Luego de comprobar la falta de especialización, los expertos de la ONU hicieron recomendaciones en las áreas de investigación policial, técnica forense, y procuración y administración de justicia. 
 
Más tarde, en 2009, Castresana participó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para analizar el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez.
 
El fiscal anticorrupción recuerda: “En 2003 la primera mirada fue más amplia porque vi todos los casos; en 2009 solo vi el Campo Algodonero y, desgraciadamente, no hubo ningún progreso (en materia de justicia)”.
 
Explica que en este caso los victimarios eran parte de las autoridades o estaban protegidos por las autoridades, y señaló que sólo así se entiende que los cuerpos fueran arrojados en un predio rodeado por avenidas principales, centros comerciales y maquilas.  
 
En noviembre de 2009 estos casos de feminicidio le valieron al Estado mexicano una sentencia de la CoIDH, por su responsabilidad en la deficiente actuación de las autoridades judiciales.
 
“Parece que no hay grandes progresos. Algunas cosas sí se han mejorado, pero el problema es la falta de resultados”, abunda Castresana.
 
De acuerdo con una investigación del Colegio de la Frontera Norte, de 1993 a 2007 el promedio anual de mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza era de 33, pero de 2008 a 2010 se incrementó a 212 asesinatos por año.
 
El fiscal advierte: “Las organizaciones de mujeres tienen que ser capaces de crear, primero, la conciencia social y, luego, generar la voluntad política que ahora está ausente”.
 
“Aprobar las leyes es muy fácil, es más o menos fácil, lo que es muy difícil es implementarlas porque la implementación cuesta mucho dinero”, abunda. 
 
El también impulsor de juicios contra militares argentinos y contra el dictador chileno Augusto Pinochet, agrega que los gobiernos siempre tienen prioridades, pero nunca tienen que ver con los derechos de las mujeres.
 
“Son otras (prioridades) las que en gran política importan más. El deber de los grupos de Derechos Humanos es ponerlos en la agenda y, de alguna manera, obligar a que los DH importen”.
 
Castresana cuenta que en 2003 la impunidad era una mezcla de factores: “No sólo una causa, pero todas ellas puestas juntas eran las que causan decenas o centenas de muertes de mujeres, y no había sentencias condenatorias, y las dos o tres sentencias que había eran claramente con pruebas prefabricadas”.
 
Para el experto, el feminicidio se debe comparar con el narcotráfico y sostiene que la falta de resultados que se vive en México también ocurre en otros  países.
 
“El problema no es sólo de México, es epidémico, es en toda la región, en toda América Latina, y desde luego en ese corredor que va desde Colombia hasta Estados Unidos”.
 
Concluye: “El problema es transnacional y en ese sentido hay que leer la sentencia (de la CoIDH). La sentencia impone obligaciones concretas a México porque en este caso el debate era de una situación que se había producido en México, pero las políticas criminales que hay que implementar son para toda la región”.
 
11/AGM/RMB

Lydia Cacho Plan b*

García Luna y las mujeres 



Por Lydia Cacho
 

¿Cómo se debe juzgar a un comandante de policía que intenta asesinar a una mujer que no le obedece? preguntó la abogada defensora al equipo de Genaro García Luna. Aún no llega la respuesta puntual, pero está claro que la postura del secretario de Seguridad Pública federal resultará vital para sentar un precedente.
 
Salvador Cruz Neri, coordinador estatal de la Policía Federal (PF) en Querétaro, tenía una relación sentimental con la suboficial Margarita González (muchas parejas resultan de esos grupos policiacos que tienen poco tiempo libre y una fuerte convivencia diaria con horarios e intereses similares).
 
Pero las cosas cambiaron para Margarita cuando en febrero de este año su entonces pareja decidió violarla. Varios colegas se enteraron, pero de la misma manera en que la violación en el lecho conyugal sigue generando inseguridad para las esposas victimadas por la ambigüedad generada por los lazos emocionales, Margarita no denunció. 
 
Hace unas semanas Cruz Neri llegó al hogar de la suboficial en un vehículo blindado propiedad de la PF, armado y acompañado de su guardaespaldas; intentó forzar a su expareja a mantener relaciones sexuales. Ella se negó y frente a su escolta el jefe policiaco la atacó con tal virulencia que de no haber sido por la intervención del otro, probablemente Neri la hubiera asesinado.
 
Ella quedó inconciente y fue llevada de emergencia al hospital, donde se documentó la gravedad de la golpiza. Uniformados de la PF llegaron al hospital para advertir a Margarita que guardara silencio, ella les pidió que se retiraran.
 
Margarita pidió ayuda y la abogada chihuahuense Lucha Castro, experta en violencia de género, inició la defensa por intento de feminicidio. Gracias a presiones de organismos internacionales y grupos de mujeres, la SSP federal dio de baja temporal al agresor para investigarlo.
 
La importancia de este caso es vital para México. Porque cuando discutimos la limpieza de los cuerpos policiacos y su profesionalización, lo hacemos casi siempre desde lo abstracto, refiriéndonos a evitar que se corrompan. 
 
Sin embargo, al igual que en los casos de militares que infringen la ley, queda claro que cualquier miembro de un cuerpo de seguridad pública debería de estar sujeto a un rasero moral ejemplar.
 
Porque cuando un policía cuya tarea es prevenir el delito y salvaguardar a las y los ciudadanos, utiliza el poder de su puesto, el uniforme, las armas, los vehículos del Estado para ejercer violencia y amedrentar a su víctima (sea o no su pareja) no solamente viola la ley sino debilita la credibilidad de la institución y fomenta la impunidad ejemplar. 
 
La forma en que durante estas semanas actuaron un grupo importante de altos mandos de la SSP para amedrentar a Margarita revela que los pactos masculinos de protección a los agresores no tienen límites ni fronteras.
 
Durante más de 20 años la sociedad mexicana ha logrado evidenciar que la violencia en el ámbito doméstico es un asunto público, y que revela valores culturales de jerarquía unidireccional.
 
Ya las leyes la denominan violencia de género, justamente porque tiene componentes culturales, sociales y jerárquicos que buscan mantener un discurso machista que justifica y avala la violencia como instrumento de control. 
 
El hecho de que los expertos en seguridad adviertan que la vida de Margarita y sus defensoras corren peligro real, nos revela los alcances que tienen ciertos miembros de la Policía Federal para ocultar un delito ya inocultable. 
 
Otros policías, sin embargo, se han mostrado indignados y a favor de que Cruz Neri sea juzgado con doble severidad, primero por la violación y la tentativa de feminicidio, y segundo por haber utilizado su jerarquía, su cercanía a Cárdenas Palomino y el poder de la institución para intentar aniquilar a una mujer que se negó a someterse.
 
La valentía de Margarita es monumental, además de asumir el riesgo por decir la verdad y poner el ejemplo, se atreve a enfrentar al monstruo del sexismo al interior de un cuerpo policiaco al que ella pertenece, porque cree fervientemente que el país puede cambiar y que la policía profesional debe ser congruente.
 
Cuando fue contratada dijo estar dispuesta a jugarse la vida por su país, pero nunca imaginó que el enemigo vendría desde adentro.
 
La respuesta de García Luna no puede esperar y Margarita no está sola, es una mujer policía ejemplar, como las que necesita México.

Joven procesada por abortar logra libertad condicional

Médicos la denunciaron ante el MP en Chihuahua  

Por Patricia Mayorga, corresponsal 
 

Chihuahua, 31 oct 11 (CIMAC).- Una joven que fue detenida por abortar en esta ciudad fue sentenciada a un año de prisión, pero logró la libertad condicional por lo que tendrá que acudir a firmar ante el juzgado de manera periódica.
 
El pasado 24 de octubre, Pamela, de 22 años de edad, fue detenida y sometida a proceso penal tras llegar a un hospital para ser atendida por un aborto en proceso.
 
La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que médicos del Hospital General de la entidad denunciaron a la joven, quien decidió interrumpir un embarazo de cuatro meses.
 
Al día siguiente, el 25 de octubre, Pamela fue puesta a disposición de la FGE, instancia que la llevó ante un juez de Garantía, y la defensa solicitó el procedimiento abreviado, es decir, ella aceptó su culpabilidad para que la sentencia se agilizara y fuera tres tercios menor, tal y como lo permite el Código Penal estatal.
 
René Medrano Carrasco, coordinador de Comunicación Social del Supremo Tribunal de Justicia del estado, precisó que la condena condicional en el caso de Pamela es acudir a firmar ante el juzgado de manera periódica.
 
Se aplicó esa condena porque la sentencia es menor y la joven no tiene antecedentes penales. Ella fue la única a quien le fincaron cargos, ya que el novio no sabía de su decisión, de acuerdo con el expediente 2518/11.
 
Según el artículo 145 del Código Penal del estado, la joven pudo haber sido sentenciada hasta con cinco años de prisión.
 
La legislación local sólo permite el aborto en caso de violación, cuando el producto presente malformaciones o cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo. 
 
LA HISTORIA
 
El pasado 24 de octubre, Pamela estaba en la casa de su novio y se disponían a ver películas cuando ella presentó un dolor intenso en el vientre.
 
Esa noche fue ingresada al Hospital General Salvador Zubirán para ser atendida. Cuando el médico la revisó se dio cuenta de que estaba embarazada y que el producto estaba saliendo del vientre.
 
Al revisarla, el médico se percató de que del óvulo salía una pastilla diluida. La joven explicó que se había suministrado cuatro pastillas Cytotec, un método encontrado por internet para interrumpir el embarazo.
 
La joven detalló que falsificó una receta médica y le pidió a otra persona que comprara las pastillas en la farmacia, cuyo costo es de mil 500 pesos.
 
Pamela tenía 16 semanas de gestación y el médico la denunció ante el Ministerio Público, informó Eduardo Esparza, vocero de la Fiscalía Zona Centro del estado de Chihuahua.
 
11/PM/RMB

Mercado editorial limita difusión de mujeres poetas

Escritoras demandan reconocimiento a su labor  



Por Amaia Aldamiz
 



México, DF, 31 oct 11 (CIMAC).- El mercado literario comete más atropellos contra las poetas que la falocracia imperante, sentenció la escritora Ana Franco Ortuño al señalar que el neoliberalismo voraz aprisiona la difusión de las obras literarias de las mujeres que incursionan en la creación poética. 
 
Al participar en el encuentro de Escritoras Mexicanas dentro del foro “Mujer y cambio estratégico en el México del siglo XXI”, organizado por la UNAM, Franco parafraseó a Marcela Lagarde y su libro “Los cautiverios de las mujeres”:
 
“Actualmente no hay que partir desde el género, sino desde ser poeta, es decir, hacer poesía y libros de poesía en la voracidad del neoliberalismo y sus mercados: esto es probablemente una prisión mucho mayor que ser mujer poeta”.
 
La poeta abundó: “Tenemos que luchar contra distribuidores y libreros que niegan tajantemente sus espacios en un mundo tan necesitado de poesía. Si el libro ha sido escrito por una mujer, la situación no cambia demasiado”.
 
Ana Franco Ortuño es autora de los libros de poemas “De la lejanía” (2005), y “Parques o el imán de la tierra” (2009), y coordina el Periódico de Poesía de la UNAM.
 
La poeta destacó que a pesar de los obstáculos en el mercado editorial, la escritura de poesía femenina en México goza el día de hoy no sólo de salud sino de su reconocimiento dentro de la nación. “Se ha tenido que conquistar el territorio, pero se ha avanzado mucho”, resaltó.
 
INCIDIR EN POLÍTICAS CULTURALES
 
Franco advirtió la necesidad de que las mujeres poetas incursionen en el terreno de la crítica literaria: “Es necesario generar posiciones políticas en terrenos estético-literarios. A nivel escritura tenemos ya un cuarto propio, pero no a nivel de crítica y es fundamental dar a conocer nuestro análisis de los sucesos y la producción literaria. Revisar las políticas culturales del país y sus distribuciones”.  
 
En el foro realizado en la Casa Universitaria del Libro, las ponentes coincidieron en la importancia del reconocimiento de la escritura femenina no sólo como reivindicación de género, sino como medio necesario para la construcción de una tradición literaria completa.
 
Entre las participantes estuvieron la presidenta de la Sociedad General de Escritores de México, Lorena Salazar; la escritora y ganadora del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, Queta Navagómez; la investigadora del Colegio Mexiquense Milada Bazant, y la escritora Marissa Garrido.
 
11/AA/RMB

Hay escritores que a las colegas nos miran con desprecio: Angélica Santa Olaya

La trinchera de Calíope

Por Yolanda de la Torre*

A pesar de la aparente suavidad de su voz y su mirada, Angélica Santa Olaya emplea un lenguaje directo, contundente, sin pelos en la lengua: “Hay quien no te publica simplemente porque eres mujer”, sostiene.
“Todavía en muchos existe la consideración de que los textos de una mujer tienen menor calidad que los de un hombre sólo por el hecho de ser mujer”. Así, concreta, batalladora, se escucha su opinión en La trinchera de Calíope.
Angélica es una escritora que conoce su oficio: fue primer lugar en dos concursos de cuento breve e infantil en México y segundo lugar en el Quinto Certamen Internacional de Poesía “Victoria Siempre 2008”, de Entre Ríos, Argentina.
Además ha sido publicada en más de una docena de antologías latino e iberoamericanas de cuento, poesía y teatro, así como en diversos diarios y revistas nacionales e internacionales. Sabe lo suyo, pues. Y sabe, por lo tanto, que el medio literario es tan discriminador de las mujeres como cualquiera:
“Me ha tocado vivirlo: el colega que te mira con desprecio y condescendencia. Existe también quien no te publica porque eres mujer y porque no quisiste dar a cambio tu cuerpo o algún faje”, comenta la autora de los libros “Habitar el tiempo”, “Miro la tarde”, “Dedos de agua” y “El lado oscuro del espejo”, y añade una anécdota:
“Un profesor me dijo, por defender a una compañera a la que estaba dando de baja luego de un aborto no deseado por no ir a tres clases consecutivas: ‘No sé para qué se meten de escritoras si se van a embarazar’. Y, por supuesto, me cobró la defensa en la calificación final”.
Pero Santa Olaya sabe de cierto que hay otros terrenos, además del literario, donde nosotras y nuestras demandas somos vistas con sorna y desde arriba; esos territorios de la vida cotidiana donde la violencia contra las mujeres adopta formas y etiqueta toleradas, y aun promovidas, por las esferas gubernamentales:
“Hay estados donde el simple hecho de ser mujer te descalifica para obtener un empleo. Te niegan el derecho al trabajo porque estás embarazada o porque puedes embarazarte algún día, o acotan requisitos como la edad cronológica o las características físicas (color de ojos, medidas, peso) para poder laborar, incluso, como recepcionista.
“Las condiciones actuales de desempleo y de recrudecimiento de la explotación laboral que está sufriendo nuestro país, avaladas por el gobierno, apuntan, también, a la agudización de la discriminación hacia las mujeres”.
Aun así, con tanto en contra, Angélica es poseedora de un optimismo contundente. Cuando se le pregunta si el arte y la cultura son trincheras que pueden contribuir a cambiar la situación social de las mujeres, la autora de “Árbol de la esperanza” y “Del aprendizaje del aire” (con Tanussi Cardoso), quien es también maestra en historia y etnohistoria, no titubea:
“Sí, creo que sí. Es difícil y lento el proceso, pero sí. Hay que seguir haciendo lo propio. Lo conseguido hasta el momento en materia de derechos femeninos se ha logrado a lo largo de muchos años. Apenas poco más de un siglo para conjurar un maleficio de muchos siglos es muy poco. Habrá que tener paciencia”. Y agrega sonriente, confiada en que el arte es una palanca para mover el mundo:
“El arte y la cultura son buenas trincheras porque permiten libertad. El arte sin libertad no es arte, así de simple. La difusión es otra cosa, pero insisto: habrá que seguir convenciendo a otros y otras de que todavía hay muchas roturas por remendar. Si alguien, a lo largo de este proceso, no hubiera creído que era posible cambiar las condiciones sociales de las mujeres, no tendríamos lo que hoy tenemos. Hay que crear, manifestarse y difundir creyendo en el cambio”.

*Periodista y narradora mexicana.