La Historia de esos días

La Historia de esos días

La historia de esos días

8 de octubre de 2011

Nobel de la Paz a mujeres defensoras de los derechos femeninos



Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkul Karman 


Por Gabriela Mendoza Vázquez 
 
México, DF, 7 oct 11 (CIMAC).- Por primera vez en la historia, el  Premio Nobel de la Paz fue otorgado conjuntamente a tres mujeres: a la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf; la activista de ese país africano Leymah Gbowee; y a la periodista y activista yemení Tawakkul Karman, informó hoy el Comité del Premio.
 
El presidente del Comité Nobel noruego, Thorbjoern Jagland, indicó que las tres galardonadas han sido “recompensadas por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y de sus derechos a participar en los procesos de paz”.
 
Johnson-Sirleaf, de 72 años de edad, nació en Monrovia, capital de Liberia; estudió economía en la Universidad estadounidense de Harvard, ha trabajado en el Banco Mundial y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue ministra de finanzas de los presidentes William Tubman (1960) y William Tolbert (1972).
 
En 2005 se convirtió en la primera mujer electa en el continente africano, comenzando su mandato el 16 de enero del 2006. El próximo 11 de octubre contendrá en las elecciones de su país para buscar su segunda presidencia. 
 
Ellen Johnson-Sirleaf pertenece al Consejo de Mujeres Líderes Mundiales, una red internacional de presidentas y ministras que buscan aumentar el número de mujeres dirigentes en el mundo. 
 
Leymah Gbowee nació en la zona central de Liberia y tiene una maestría de Artes en Transformación de Conflictos de la Universidad Menonita del Este en Harrisonburg, Virginia. 
 
Es una activista africana encargada de organizar el movimiento de paz que puso fin a la segunda guerra civil liberiana en 2003.
 
Es directora ejecutiva de la Red Africana de Paz y Seguridad para las Mujeres, con sede en Accra, Ghana.
 
Es fundadora y ex coordinadora del Programa Mujeres en la Consolidación de la Paz/Red de África Occidental para la Consolidación de la Paz (WIPNET/WANEP por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las mujeres para mejorar su papel en la consolidación de la paz y la reconstrucción post-conflicto en África Occidental.
 
Tawakkul Karman es una política y activista pro Derechos Humanos de 32 años de edad, estudió en la Universidad Americana de El  Cairo, Egipto; es líder del grupo de Mujeres Periodistas Sin Cadenas, creado en 2005. Coordina el Consejo de los Jóvenes de la Revolución Árabe.
 
Ha participado en diversas manifestaciones en Yemen; actualmente se encuentra en una protesta en la plaza Al Taguir, en Saná (capital del país), contra el régimen del presidente Ali Abdalá Saleh.      
 
En marzo del 2010 fue galardonada con el Premio Internacional de Mujeres con Valentía en Nueva York. 
 
El premio Nobel de la Paz será entregado en Oslo, Noruega, el próximo 10 de diciembre, fecha del aniversario de la muerte de su fundador, el industrial y filántropo sueco Alfred Nobel.
 
Desde su creación en 1901, 15 mujeres han recibido el Premio Nobel de la Paz. 
 
La primera mujer en recibir este premio fue la escritora austriaca Bertha von Suttner, en 1901; otras ganadoras han sido la madre Teresa de Calcuta, en 1979; la guatemalteca Rigoberta Menchú en 1992; la estadounidense Jody Williams, en 1997, y la activista ecologista keniana Wangari Muta Maathai, en 2004.   
 
La presidenta de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, aplaudió la premiación: “Estamos encantados con la noticia; este año el Nobel es un reconocimiento a las mujeres que han estado pidiendo desde hace años su participación igualitaria en todas las decisiones de paz, seguridad y democracia”. 
 
11/GM/RMB/LGL

Morelos, sin política pública eficaz en salud reproductiva





Carece de áreas de control natal y personal capacitado 

Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México, DF, 7 oct 11 (CIMAC).- En el estado de Morelos las unidades de salud públicas carecen de áreas designadas para planificación familiar (PF), material para promover el uso de métodos anticonceptivos, y de personal médico capacitado sobre el uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), del dispositivo intrauterino (DIU), y para la atención a adolescentes. 
 
Las deficiencias en los servicios sacan a la luz el “desinterés” de las autoridades estatales, para impulsar políticas públicas que promuevan el uso de métodos anticonceptivos entre las morelenses, sostiene el estudio “Experiencia de fiscalización de acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos. Análisis desde la sociedad civil 2007-2010”.
 
La investigación, elaborada por las organizaciones civiles Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), detalla que 75 por ciento de las unidades médicas carecen de áreas específicas de PF, y 70 por ciento no tiene materiales impresos acerca del uso de métodos anticonceptivos.
 
La falta de disponibilidad de materiales y espacios adecuados demuestra del “desinterés” que existe para promover campañas permanentes de uso de métodos anticonceptivos, aseguran las agrupaciones.  
 
A ello se suma que sólo 16 por ciento del personal está capacitado sobre aspectos específicos de la PAE, el DIU, y para ofertar métodos anticonceptivos a adolescentes. 
 
La falta de capacitación se traduce en información errónea sobre los métodos anticonceptivos que reciben las usuarias. Algunas frases mencionadas por el personal de salud son: “las mujeres suben de 5 a 10 kilos con hormonales”, “el DIU les lastima porque inflama el útero y causa infecciones recurrentes”, “el implante causa dolor de cabeza, pero te baja de peso, además dejas de menstruar por tres años”, “la PAE es abortiva y causa infertilidad”. 
 
En este sentido, la investigación arrojó que existe resistencia por parte del personal de salud para que las usuarias utilicen la anticoncepción de emergencia, muestra de ello es que 40 por ciento de las y los prestadores de servicios manifestó que está en desacuerdo con que la pastilla se “obtenga fácilmente”. 
 
Según el análisis de Equidad de Género y Ddeser, la resistencia del personal puede convertirse en una barrera para que las morelenses tengan acceso a la PAE. 
 
La investigación señala que sólo 39 por ciento de las mujeres encuestadas recibió un método anticonceptivo en el último año, y 23.5 por ciento el día de la encuesta, lo que da 62.5 por ciento de las usuarias de servicios públicos en el estado que obtuvieron el método de control natal. 
 
El tipo de métodos que más usaron en el último año fue el condón masculino (31 por ciento), el DIU (30 por ciento) y la oclusión tubaria bilateral. Las promotoras de salud indican que el uso del DIU aumentó 7 por ciento respecto al año anterior, mientras que la utilización del condón disminuyó en la misma proporción. 
 
De acuerdo con la indagación, ese dato coincide con el “alto” porcentaje de proveedores de salud (73.3 por ciento) que recomienda el uso del DIU como método de largo plazo, “por lo tanto es posible que las mujeres estén utilizándole método que les recomiendan y no necesariamente el que ellas necesitan”.
 
Además entre los resultados las organizaciones encontraron que en esa entidad se viola la Norma Oficial Mexica de Planificación Familiar (NOM-05), la cual establece la gratuidad de los servicios de salud, pues en el estudio a la mayoría de las usuarias se les cobró la consulta. 
 
Respecto a los recursos invertidos en métodos anticonceptivos, sostiene que en 2009 la Secretaría de Salud (Ss) de Morelos destinó 9 millones 367 mil pesos. Cabe señalar que no reporta la adquisición de PAE ni de parche transdérmico. 
 
Para 2010 la Ss estatal no reportó al Sistema de Información de Morelos cuál es el presupuesto que destinó a la compra de los métodos, pero sí informó que adquirió 5 mil 960 pastillas de anticoncepción de emergencia, 15 mil 400 parches y 2 mil 500 condones femeninos. 
 
11/GCJ/RMB

Violencia de género, la otra cara del hambre

Mujeres somalíes víctimas de violencia sexual 
 
Por Isaiah Esipisu* 
 
Kenia, 7 oct 11 (CIMAC/IPS) - Cuando Aisha Diis (nombre ficticio) huyó de su hogar en Somalia debido a la hambruna, no era plenamente consciente de los peligros que corría.
 
Diis abandonó en abril la aldea de Kismayu, al sudoeste de Mogadiscio, la capital somalí, para dirigirse con sus cinco hijos al campamento de refugiados de Dadaab, en la Provincia Nororiental de Kenia. 

"Estaba dentro de un grupo con muchas mujeres y niños. Cuatro de nosotras éramos de la misma aldea, por lo cual nos relacionamos como si fuéramos una familia", contó a IPS/CIMAC a través de un intérprete. 

"En el camino, nos detuvimos para hacer algo de té fuerte, ya que los niños se sentían muy cansados y con hambre. Una mujer se quedó con ellos mientras tres de nosotras íbamos a recolectar leña", añadió. 

Entonces "fuimos secuestradas por un grupo de cinco hombres que nos arrancaron la ropa y nos violaron varias veces", dijo entre lágrimas. "Es algo que no podré olvidar. Pero no me gustaría que mis hijos se enteraran". 

Lamentablemente, el caso de Diis y de las otras dos mujeres que la acompañaban no es aislado. 

El viaje que hacen a diario cientos de mujeres cansadas, débiles y desnutridas con sus niños hacia el campamento de Dadaab es angustioso. 

Muchas llevan a sus hijos más pequeños atados a sus espaldas. Nada han podido salvar de sus hogares en Somalia. Solo algunas afortunadas pueden transportar pequeñas pertenencias si cuentan con un burro de carga. 

Rara vez, al llegar, desean hablar sobre lo que les ha ocurrido en el camino. 

La mayoría se registran como refugiadas y se someten a exámenes médicos con sus hijos. Luego son alojadas en una tienda de campaña con equipamiento doméstico básico. 

Las tiendas no tienen puertas ni ventanas, ni siquiera una cama o muebles. Pero de todas formas los refugiados la llaman hogar, por ahora y quizás por muchos años más. Algunos nacieron aquí en 1991, cuando se creó el campamento, y no han conocido otro lugar. 

Pero aun luego de haberse instalado, muchas mujeres no se animan a hablar de la violencia que sufrieron para llegar al campamento. 

"La violencia de género es la otra cara del hambre", dijo Sinead Murray, administradora de programas en Dadaab del Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés). 

"En la rápida evaluación hecha en Dadaab y divulgada por el IRC en julio, la violación y la violencia sexual fueron mencionadas como las preocupaciones más acuciantes de las mujeres y las niñas cuando huían de Somalia, problemas que continúan, aunque a menor grado, en los campamentos", dijo Murray a IPS/CIMAC. 

"Algunas entrevistadas para el estudio dijeron haber visto que otras mujeres y niñas eran violadas frente a sus esposos y padres, sometidas por ‘hombres con armas’. Otras fueron obligadas a desnudarse y abusadas por varios perpetradores", añadió. 

Pero Diis y las otras dos mujeres que fueron violadas con ella son de las pocas somalíes que se han animado a denunciar la violencia. En el caso de Diis, tuvo el coraje de hacerlo porque es viuda y no teme represalias contra su familia. 

"No tenía miedo de que se informara mi caso a las autoridades médicas porque no tengo esposo", dijo Diis. Su marido fue asesinado a balazos por desconocidos en Somalia hace siete meses. 

"Muchas mujeres han sido atacadas por hombres armados cuando se dirigían al campamento de refugiados, en especial las que viajaban en grupos sin hombres", dijo Ann Burton, funcionario de salud en Dadaab del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 

"Sin embargo, la mayoría son renuentes a denunciar esos casos porque temen que sus familias las culpen o que las comunidades las rechacen, o simplemente porque tienen vergüenza de hablar sobre eso", agregó. 

Luego de denunciar su violación, Diis recibió profilaxis de post exposición, un tratamiento antirretroviral de corto plazo usado para reducir la probabilidad de una infección del VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida). 

"Tras informar mi caso recibí medicinas, y me sometieron a controles cada tres meses, después de lo cual me confirmaron que no había contraído el VIH. Esa era una de mis mayores preocupaciones", contó Diis, quien también contó con asesoramiento. 

Las otras dos mujeres que fueron violadas con Diis recibieron la misma atención. 

Diis dijo conocer a otras mujeres que fueron violadas frente a sus familiares pero que no lo denunciaron ante el personal médico del campamento. 

No informar la violación solamente añade sufrimiento a las víctimas. "Las sobrevivientes por lo general no reciben atención clave que salva vidas porque guardan el secreto", dijo Burton. 

Entre enero y julio se reportaron solo 30 casos de violación, según Acnur. Pero expertos médicos en el campamento aseguran que los casos reales son muchos más. 

Una vez que llegan a Dadaab, algunas siguen sufriendo violencia de género incluso de sus familiares más íntimos. Murray dijo que esto incluía matrimonios forzosos a edad temprana y "sexo de supervivencia", en el que las mujeres se ven obligadas a ofrecer su cuerpo para poder acceder a sus necesidades básicas. 

Aunque los casos de violencia de género serían menos frecuentes dentro de los campamentos, algunas mujeres dijeron a IPS/CIMAC que se sentían inseguras y con medio por las noches. 

"Los campamentos no tienen vallas, y tampoco podemos cerrar nuestras tiendas por la noche. Cualquier cosa puede pasar en la noche", dijo Amina Muhammad, quien vive en Dadaab. 

El mayor riesgo en el campamento, según dijeron las mujeres a IPS/CIMAC, es cuando viajan largas distancias en busca de leña. 

* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional IPS
 
11/IE/LGL

Aumentan “odio y saña” en asesinatos de mujeres en Guatemala





“Son los que menos se investigan”: GAM 
Por la Redacción 
 
México, DF, 7 oct 11 (CIMAC/Cerigua).- Las cifras de muertes violentas que reporta el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) demuestran que ha habido un descenso en los índices de homicidios, sin embargo los crímenes de mujeres parecen haber aumentado sin que haya habido capturas significativas de los responsables, afirmó su director, Mario Polanco. 
 
Polanco, quien presentó el informe mensual de Derechos Humanos y hechos de violencia, basado principalmente en reportes de prensa, indicó que los crímenes de guatemaltecas aumentaron en septiembre en un 7.06 por ciento respecto de agosto.  
 
El 2009 fue el año en que se registraron más asesinatos de guatemaltecas en el período de enero a septiembre, con 401 muertes; para 2010 la cifra disminuyó a 332, y en 2011 se reportan 359 hasta septiembre. 
 
Se ha podido observar crueldad, saña y odio en cada uno de los crímenes cometidos durante el 2011; sobresale la tortura y otro tipo de prácticas que sólo se dan en países en guerra, se indica en el informe. En 2011 21 mujeres han sido asesinadas.
 
El director del GAM acusó al gobierno de improvisar en el combate de la violencia, especialmente por el cambio constante de los titulares en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil (PNC), aunque reconoció que sí ha disminuido la tasa de homicidios. 
 
De acuerdo con Polanco, los crímenes de mujeres son los que menos se investigan y estos casi llegan al 100 por ciento de impunidad; no ha habido ninguna captura de los responsables y no se tienen datos de quiénes podrían estar detrás de los mismos.  
 
Según el documento del GAM, que recoge únicamente los hechos que se caracterizan por la extrema violencia, del total de 359 víctimas mujeres en 2011, 54 fueron asesinadas en el contexto de masacres, 27 fueron encontradas con señales de tortura, y 22 fueron mutiladas.
 
La administración del presidente Álvaro Colom, que está por concluir, finalizaría con más de 24 mil asesinatos, según datos de entidades de Derechos Humanos.
 
11/RED/RMB/LGL

Casi 60 por ciento de peruanas padece violencia física





Según sondeo, machismo impide participación política femenina 



Por la Redacción 
 
México, DF, 7 oct 11 (CIMAC).- La violencia física es el principal problema que padecen las peruanas, le siguen la violencia psicológica y los embarazos no deseados, según el estudio “Análisis Crítico: sexualidad, reproducción y desigualdades de género”, patrocinado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), y el Movimiento Manuela Ramos. 
 
El 56 por ciento de las y los encuestados señaló que el principal problema de las mujeres en Perú es la violencia física, 32 por ciento la psicológica y 31 por ciento los embarazos no deseados.
 
El sondeo se realizó entre mujeres y hombres mayores de 18 años residentes de las ciudades de Lima, Ayacucho, Pucallpa y Piura. Se aplicaron mil 407 encuestas por ciudad entre el 18 de marzo y 1 de abril de este año.
 
De acuerdo con los resultados, el 56 por ciento de las personas consultadas indica que las mujeres toleran la violencia contra ellas por sus hijas e hijos; 48 por ciento por motivos económicos; 38 por ciento por baja autoestima, y 35 por ciento por miedo a quedarse solas.
 
El 26 por ciento tiene “la esperanza” de que su pareja cambie de comportamiento; 21 por ciento soporta la violencia por “el qué dirán”, y 14 por ciento opinó que por que el sistema de justicia no funciona. En este punto 57 por ciento de las y los encuestados consideró que quien maltrata a una mujer debería ir a la cárcel.
 
La investigación concluye que la mayoría de las y los peruanos encuestados conoce mujeres que han sido víctimas de maltrato físico y psicológico, y existe una amplia demanda porque estos abusadores vayan a la cárcel; sin embargo muchas mujeres no los denuncian.
 
Dos de cada tres entrevistadas y entrevistados conocen a alguna mujer que ha sido víctima de maltrato físico y psicológico; mientras que uno de cada tres conoce a alguna mujer que ha sido víctima de agresiones sexuales.
 
Respecto a la salud sexual y reproductiva, la encuesta realizada por la agencia Ipsos, Apoyo, Opinión y Mercado, señala que 65 por ciento de las y los encuestados indicaron que el embarazo no deseado afecta principalmente a las adolescentes; y el 48 por ciento considera que se debe permitir el aborto en caso de violación sexual.
 
En esta materia 50 por ciento de las y los peruanos encuestados consideró que actualmente otro de los principales problemas de las y los adolescentes es la maternidad temprana, 41 por ciento la falta de información sobre salud reproductiva; 35 por ciento infecciones de transmisión sexual; 34 por ciento aborto inseguro; 32 por ciento VIH/Sida; 28 la falta de acceso a métodos de planificación familiar, y 27 por ciento violencia sexual.
 
El 96 por ciento apoya la promoción del uso de métodos anticonceptivos en toda la población, y en particular entre las adolescentes. El 51 por ciento de las y los encuestados dijo estar en contra de la intromisión de la Iglesia católica en las políticas de salud, en particular en los temas de planificación familiar y en la prevención del VIH/Sida.
 
En cuanto a la participación política, el 56 por ciento de las y los peruanos señalaron que entre los tres principales obstáculos que impiden a las peruanas ejercer cargos públicos está el machismo, le siguen con 31 por ciento la falta de igualdad en la estructura de los partidos políticos y la falta de tiempo por responsabilidades familiares.
 
A pesar de ello, siete de cada 10 personas consultadas consideran que las mujeres tienen iguales oportunidades que los hombres en la política. 
 
11/GTR/RMB/LGL

6 de octubre de 2011

Plantean combatir auge del feminicidio en cumbre AL-UE



Eurodiputadas alertan por recrudecimiento de la violencia
 
Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 5 oct 11 (CIMAC).- Ante la gravedad del feminicidio en México y América Central, eurodiputadas y eurodiputados buscarán incluir el tema en la agenda de la VII Cumbre entre América Latina (AL) y el Caribe y la Unión Europea (UE), la cual reunirá a 60 jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones, en Santiago de Chile en junio de 2012.
 
Durante la reunión del Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la Subcomisión de Derechos Humanos (DH) del Parlamento Europeo (PE) sobre el feminicidio en la región, realizada ayer, la presidenta de la subcomisión de DH, Hélène Flautre, afirmó que este problema no es simplemente una cuestión más de DH. 
 
Cimacnoticias dio seguimiento de la sesión que se transmitió en el sitio web del PE.
 
En el encuentro, Flautre abundó que el feminicidio es un problema grave que después de darse a conocer hace más de 11 años en México se ha extendido por toda la región, por lo que es urgente apoyar la lucha contra estos crímenes y establecer lazos de colaboración contra el flagelo.
 
Ante representantes de las embajadas de El Salvador, México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y Cuba, así como integrantes de organizaciones civiles, la eurodiputada señaló que la presencia de los diplomáticos en la reunión de ayer subraya la gravedad de estos crímenes.
 
En su intervención, el eurodiputado español Raül Romeva i Rueda, del Grupo de los Verdes, refirió que a pesar de que el feminicidio es un problema global cada realidad tiene su especificidades y requiere de instrumentos propios.
 
Llamó a sus compañeras y compañeros del PE para que usen sus relaciones bilaterales, para discutir de manera conjunta las medidas de resolución y de qué manera se puede avanzar para que se implementen. “Si bien no podemos hacer las leyes de otros países, sí podemos hacer uso de nuestras relaciones”, apuntó.
 
Romeva i Rueda recordó que este es el cuarto año consecutivo que se realiza esta reunión: “La primera fue en 2006 con sólo dos diputados. Hoy dos comisiones del Parlamento tratan el tema, lo que significa que ha habido una evolución dentro del PE; sin embargo el problema persiste”, lamentó.
 
Durante la discusión realizada en Bruselas, Bélgica, las y los legisladores coincidieron en que el feminicidio persiste ante la nula aplicación de la ley, por lo que consideraron que es en la educación y la aplicación de las normas contra la violencia de género donde se tienen que centrar las prioridades y se tiene que poner mayor énfasis.
 
Tras escuchar a las y los representantes de ambas comisiones, así como expertas y expertos, la presidenta de la subcomisión de DH, Hélène Flautre, señaló que se debe poner atención a la asistencia a las víctimas y hablar de la impunidad y los responsables. Precisó que también las y los operadores del sistema judicial han negado el acceso a la justicia.
 
En su participación, Andrea Medina Rosas, abogada de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, destacó que a 20 años de que iniciaron las denuncias de esta violencia extrema aún falta mucho por hacer para erradicar el flagelo. 
 
En el caso de México, expuso, entre 1993 y 2001 se registraron 214 asesinatos de mujeres en Juárez; mientras que tan sólo en 2010 se registraron 304 crímenes.
 
“Es decir que todos los esfuerzos que hemos hecho en el marco legislativo, la construcción de medidas en el país y las que se han establecido por instancias internacionales y desde la sociedad civil, no han dado resultados efectivos para poder dar fin al feminicidio”, explicó.
 
Señaló que no sólo en esa ciudad mexicana han aumentado los casos, sino también en toda America Latina, a lo que se suma la reducción de la edad de las víctimas: Son más jóvenes y niñas las que son desaparecidas y luego asesinadas, denunció.
 
Cada vez hay más asesinatos con arma de fuego y que no están siendo juzgados, es decir, no hay acceso a la justicia, y también las defensoras de las victimas están teniendo mayores riesgos, abundó Medina Rosas.
 
“Nuestros gobiernos están incurriendo en simulaciones y lo que queremos es que desde el Parlamento (Europeo) se puedan aprovechar los mecanismos existentes para que esto se traduzca en la erradicación del feminicidio”, demandó la activista. 
 
“Es el momento de sumar esfuerzos entre las dos regiones”, afirmó quien litigó en el llamado caso Campo Algodonero (predio de Ciudad Juárez donde fueron asesinadas ocho mujeres en 2001) ante la Corte interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y por el que fue sentenciado el Estado mexicano en 2009.  
 
11/GTR/RMB

“Reparar daño a las víctimas para que retomen proyecto de vida”



Jurista colombiana pide cumplimiento de sentencias de la CoIDH 
Por Anayeli García Martínez
 

México, DF, 5 oct 11 (CIMAC).- El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) debe transformar patrones culturales y devolver la dignidad a las víctimas,  asegura la abogada colombiana Luz Marina Monzón Cifuentes.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, sostiene que en México, al igual que en el país sudamericano, las sentencias no deben ser un debilitamiento sino un referente para fortalecer las instituciones y garantizar la reparación del daño.
 
La experta explica que las recomendaciones de un órgano internacional son un llamado de atención para que el Estado proteja los Derechos Humanos (DH). En el caso de México, hay tres sentencias sobre DH de las mujeres: una por feminicidio en Ciudad Juárez y dos más por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo.
 
--¿Por qué es importante que estas sentencias se cumplan?
 
--Si México decide no cumplir o afirma que lo hará, pero no cumple en los hechos, daría un mensaje de que es un Estado que está dispuesto a mantener circunstancias desfavorables a la vigencia de los Derechos Humanos.
 
“Estos no son casos aislados, representan situaciones mucho más grandes y ésa es una situación que los Estados deberían asumir. El Estado tiene la oportunidad de ver y revisar qué tantos casos están en la misma circunstancia.
 
“Públicamente queda la sensación de que hubieran cometido algo injusto contra el Estado: lo condenaron, gravísimo, pero en realidad esas sentencias son consecuencia de la liberalidad y autonomía de los Estados al momento de vincularse a un tratado”.
 
--¿Cuál es el impacto de un fallo internacional para las víctimas?
 
-Las sentencias son reparaciones y las reparaciones son de las victimas. Es a ellas a las que el Estado debe responder en el sentido de restablecerlas a través de las medidas que se han ordenado y de contribuir en su conjunto a devolverles la dignidad.
 “Que el Estado dijera ‘oye, esto no debía de haber pasado’, y pareciera simple, pero puede ser todo para una víctima, que reconozca por fin que ella tenía razón. Para las víctimas significa la posibilidad de reestablecer su proyecto de vida”.
 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
En opinión de la experta en Derecho Penal y criminología, las sentencias que tienen un componente de género son aún más complicadas, y como ejemplo se refiere a los tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez y a la violación sexual de las indígenas tlapanecas.
 
--¿Qué implica una sentencia sobre violaciones a DH de mujeres?
 
--Esas sentencias tienen más dificultad porque hay un tema más difícil de transformar y que requiere de una política muy fuerte, no solamente del Estado como autoridad, sino de la sociedad en su conjunto.
 
“La tarea es transformar patrones culturales y eso implica a la sociedad representada en el funcionario que asume y se aproxima a estos casos y que, de forma equivocada, en el desarrollo de su actividad clasifica a las personas como de primera y de segunda.
 
“Esas sentencias implican retos mayores. No de la dimensión de una ley, porque una ley no puede imponer algo que no se viva en la sociedad. El reto es generar las condiciones de diálogo, de reconocimiento, participación e inclusión plural y efectiva de las mujeres”.
 
--¿Hay algún caso sentenciado por la CoIDH que lograra abrir el camino para estas transformaciones? 
 
--No conozco alguno y es muy difícil. Si con estas medidas que aparentemente son fáciles de cumplir hay dificultades porque saber cuál es el funcionario que le toca o cuál es la ley para hacer un trabajo de transformación, es complicado…
 
“Se requería una cultura política a diferentes niveles, por ejemplo, de trabajo comunitario para reflexionar sobre eso, de educación para que los niños puedan reconocerlo y de políticas públicas”. 
 
--¿Qué pasa con las personas que fueron víctimas de conflictos armados o de las fuerzas armadas?   
 
--Uno de los temas más difíciles para implementar reparaciones del daño en Colombia tiene que ver con la seguridad de las personas en la zona donde se encuentra el problema y donde hay conflictos armados.
 
“Las medidas de reparación pretenden superar las circunstancias que dieron pie a la violación, pero si las víctimas siguen en medio del conflicto armado con las mismas personas, la transformación no será posible.
     
“En el caso del Ejército podrás decir que se necesita sacar al Ejército y con eso se resuelve, pero el tema no es de la institución o persona,  es de la filosofía de la institución.
 
“Se tendría que ir al fondo, a la estructura, y ver bajo qué lógica está funcionando el Ejército, cuál es la filosofía de los operativos militares, y cuáles son las estructuras que sostiene el funcionamiento militar. No se trata de quitarlos de ahí”.
 
--¿Es posible cambiar la actitud de los Estados sobre las resoluciones de la CoIDH?
 
--Si los Estados asumieran que las sentencias son posibilidades de implementar las reparaciones y que transformaran las condiciones que llevaron a las violaciones (a DH), yo creo que eso sería posible.  
 
La abogada advierte que los obstáculos para reparar el daño causado a las mujeres víctimas de violaciones a DH parecieran ser simples, pero en realidad el tema es muy complejo. 
 
Sin embargo, la experta concluye: “Los abogados somos artistas interpretando la norma, pero el tema no es la norma, es la voluntad y reconocer responsabilidades”. 
 
11/AGM/RMB

Recorte de 64 por ciento a montos para salud reproductiva



Calderón propone pasar de 1.4 mil mdp a sólo 497 mdp 
 

Por Guadalupe Cruz Jaimes
 

México, DF, 5 oct 11 (CIMAC).- La Coalición por la Salud de las Mujeres, conformada por organizaciones de la sociedad civil, llamó a la Cámara de Diputados a que amplíe el presupuesto destinado a la Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, ya que el proyecto presupuestal del Ejecutivo federal reduce en 64.47 por ciento el recurso etiquetado para 2012. 
 
Daniela Díaz Echeverría, integrante de Fundar Centro de Análisis e Investigación, señaló a Cimacnoticias que para 2011 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de mil 401 millones de pesos (mdp), y este año el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2012 propone que se destinen sólo 497 mdp. 
 
Díaz consideró que éste es un “presupuesto regresivo porque no se designa para avanzar, sino para apenas sostener algunas acciones”.
 
De aprobarse el recorte a los fondos del programa Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud –contemplado en el Anexo 10 denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres–, se afectarían los programas de planificación familiar, la atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, advirtió la activista. 
 
En este escenario, la Coalición por la Salud de las Mujeres propone que al presupuesto destinado a este programa se aumenten 150 mdp para planificación familiar, y 50 mdp para la partida de salud sexual y reproductiva de adolescentes. 
 
Es preciso que se apruebe este incremento para que la Secretaría de Salud (Ss) federal y las secretarías estatales garanticen la oferta “amplia y oportuna” de métodos anticonceptivos para la población en general, y en particular para las mujeres que desean espaciar un siguiente embarazo, así como para las adolescentes que quieren postergar su maternidad. 
 
De igual modo, Daniela Díaz indicó que en el PPEF hubo un recorte de 21.56 por ciento al programa Reducción de la mortalidad materna, ya que para el ejercicio 2011 la Cámara de Diputados aprobó 308 mdp y para 2012 se proponen 242 mdp. 
 
La disminución en este rubro es “alarmante” porque con el presupuesto anterior atendieron 10 estados del país. Y ahora con menos recursos asignados pretenden abarcar las 32 entidades federativas, explicó la integrante de Fundar.    
 
La Coalición propone que al presupuesto estipulado en el PPEF 2012 se aumenten 115 mdp para que el programa se lleve a cabo en todo el país. 
 
Otro programa al que le redujeron presupuesto es el de Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS en mujeres; su disminución es de 32.61 por ciento. De aprobarse pasaría de 97 a 65 mdp. 
 
La propuesta de la Coalición es que se incrementen 4.2 mdp para capacitar a personal de salud y monitorear la identificación de víctimas de violencia antes y después de que ellas se realicen la prueba del virus. Además, ese recurso deberá asegurar que las mujeres seropositivas tengan acceso a métodos de control natal para evitar embarazos no deseados. 
 
Díaz refirió que es “imprescindible” que el gasto del Anexo 10 sea “progresivo e irreductible”, para incorporar nuevas estrategias que mejoren las condiciones de salud de mujeres y niñas. 
 
La activista llamó a la Cámara para que incremente los montos, ya que el recorte “debilita” el Anexo 10 y con ello el derecho a la salud de las mujeres, sobre todo las adolescentes y quienes están en situación de pobreza.
 
Además de la ampliación de recursos, Díaz mencionó que la Coalición considera que para avanzar en el respeto al derecho a la salud es preciso que la Ss mejore la evaluación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) –mejor conocido como Seguro Popular–, y cuyos resultados deben darse a conocer. 
 
Para mejorar la operación del SPSS, la experta apuntó que al menos el 20 por ciento de sus recursos debe asignarse a acciones de prevención, y para detectar “oportunamente” enfermedades contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.
 
Destacó que los estados deben informar a la Ss sobre la aplicación de los recursos federales transferidos, mientras que las instituciones locales y la Federación deben hacer lo propio en sus páginas web. 
 
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5 de octubre de 2011

Debate no concluido



Rocío García Olmedo*   



Muchas  mexicanas y poblanas seguimos las discusiones de los Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando nos enteramos que se enlistaban para su determinación las acciones de inconstitucionalidad presentadas en los estados de Baja California y San Luis Potosí, para impugnar las controversiales reformas a sus Constituciones Políticas estatales que “protegen la vida desde la concepción y hasta la muerte natural” que fueron aprobadas también en otros 17 estados de la República –incluido Puebla- a partir del año 2008.

Los artículos impugnados de ambas Constituciones fueron ratificados. En principio un sentimiento desesperanzador nos agobió fundamentalmente por las implicaciones para las mujeres que se han visto afectadas con estas reformas en diversos Estados. De ahí que de la recapitulación y el obligado estudio en torno a lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontramos elementos muy valiosos, que distan mucho de considerar el resultado como una derrota, veamos por qué:

Un primer elemento fundamental es la Resolución misma de las señoras Ministras y los señores Ministros que para ambos casos fue: “desestimar las acciones de inconstitucionalidad” presentadas.

La interpretación del concepto desestimar nos la obsequia la Ministra Olga Sánchez Cordero en una entrevista publicada por Milenio el fin de semana “desestimar significa que no hay pronunciamiento de la Corte sobre su validez, ni tampoco sobre su invalidez”  esto abre la puerta para sostener jurídicamente las próximas acciones legales.

Otro avance importantísimo fueron los sólidos argumentos jurídicos que la mayoría de ellos -6 Ministros y 1 Ministra-  nos ofrecieron durante sus discusiones que tuvieron como base el proyecto que presentó el Señor Ministro Franco González Salas, criterios desde los cuales podemos establecer las nuevas estrategias a seguir a partir del contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia que hoy vivimos.  
De un breve recuento, de los razonamientos jurídicos se desprende no solo la protección, también se construye la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: “los derechos humanos son universales, ninguno de ellos es absoluto, deben armonizarse con los demás derechos y libertades” “las Constituciones locales so pretexto de tutelar un derecho, no pueden restringir o anular otros derechos (…) pueden ampliarlos siempre y cuando no afecten derechos establecidos y Tratados internacionales y a la colectividad”, elementos que dieron el contenido conceptual de invalidez de esas reformas y que servirán, sin duda de base para continuar trabajando en torno al derecho de una maternidad voluntaria.

No desestimo los razonamientos jurídicos de los restantes 4 Ministros que conforman el Pleno de la SCJN, me parecieron incluso contradictorios respecto de otras votaciones como lo hizo la Ministra Luna Ramos, y en el caso del Ministro Jorge Pardo su casi nula argumentación demostró que no entró al estudio de fondo del asunto, preocupante si de lo que se trataba era “de juzgar sobre la constitucionalidad de los actos del poder público” asumiendo su papel de jueces constitucionales. Más aún, cuando estas controversias en estudio, han tenido graves consecuencias para muchas mujeres que han sido criminalizadas y consideradas homicidas en grado de parentesco con sentencias de hasta 35 años de prisión; además de que cierran la puerta a técnicas de reproducción asistida por infertilidad, entre otras muchas más consecuencias.

Encontramos también un elemento de fondo, que será la base para continuar en la exigencia de los derechos humanos de las mujeres. Hace unos meses fue aprobada una reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que muchos hemos considerado como histórica, a la que 7 Ministros hicieron alusión, el Título Primero, Capitulo I, hoy se denomina De los Derechos Humanos y sus Garantías, y el artículo 1º será nuestro sustento, veamos: 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución  establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud (…)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los derechos humanos reconocidos y estipulados en los Tratados Internacionales están también protegidos por el Estado Mexicano, todos, absolutamente todos entran lo mismo el derecho a la salud, que a la educación, al trabajo, a vivir una vida sin violencia y muchos etcéteras  son derechos humanos.

Y  todas las autoridades tienen la obligación no sólo a prevenir, investigar, sancionar, ahora también deberán REPARAR las violaciones a derechos humanos. Cualquiera de nosotros podemos entonces recurrir al Amparo cuando consideremos vulnerados nuestros derechos y dadas las condiciones de pobreza, de violencia institucional, entre otros derechos que nos están siendo vulnerados, me parece que el Estado va a empezar a recibir muchos amparos en su contra, ya que un Derecho Humano es todo y son todos y todavía tenemos la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya ha ordenado al Estado Mexicano cambiar preceptos constitucionales y reparar los daños causados ejemplos: el caso Radilla o las mujeres indígenas del pueblo me’phaa que fueron víctimas de violación y tortura.

Por todo ello las mujeres ganamos con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no pronunciarse por la validez o invalidez de las reformas que en los Estados protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, queda abierta la posibilidad de que por la vía del Amparo se discuta nuevamente, pero además, se ha abierto la puerta para el debate nacional basado en los criterios jurídicos vertidos, sobre un tema trascendente para todos, pero especialmente para millones de mujeres, Entre tanto, vamos a hacer valer nuestros derechos humanos consagrados en la Constitución y con ello restauremos el Estado de Derecho en México.


*Artículo publicado por Saber Sin Fin de Rocío García Olmedo (rociog@prodigy.net.mx )ha desempeñado diversos puestos públicos y políticos en el estado de Puebla, México. Como diputada dio una pelea en contra de la llamada reforma a La Ley de la familia,  que “protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. Esta  postura le costó  la candidatura por el PRI a la presidencia municipal de Atlixco. (ALLS).

3 de octubre de 2011

Suprema Corte atrae amparo por caso Grettel





Definiría si debe reponerse proceso contra agresor de la joven  


Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 3 oct 11 (CIMAC).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo que interpuso la sobreviviente de feminicidio Grettel R., con el fin de que su agresor sea enjuiciado y sentenciado por intento de homicidio.
 
El pasado viernes la SCJN decidió atraer el amparo que la joven interpuso ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Distrito de Yucatán, el pasado 24 de mayo, para impugnar la pena que se le dictó a su agresor, Germán Alyn Ortega Hernández, quien fue sentenciado a un año y ocho meses de prisión luego de que intentó matarla.
 
A dos años de que ocurrieran los hechos, el 16 de septiembre de 2009, se prevé que la Primera Sala de la SCJN –encargada de revisar los asuntos civiles y penales– analice el caso y ordene la reposición del procedimiento y una nueva sentencia contra Ortega Hernández.
 
Al considerar que las autoridades judiciales de Yucatán cometieron una injusticia en su contra, Grettel comenzó a solicitar apoyo a diputadas locales y federales, y a denunciar su caso ante organizaciones por los derechos de las mujeres y los medios de comunicación.
 
Incluso la joven llegó a reunirse el pasado 22 de julio con la gobernadora de ese estado, Ivonne Ortega, para solicitarle su intervención.     
 
EN ESPERA DE JUSTICIA
 
De acuerdo con Karla Michelle Salas Rodríguez, abogada que acompaña jurídicamente a Grettel, aunque sólo los sentenciados pueden interponer un amparo directo para solicitar que se decrete un nuevo procedimiento, esperan que en este caso se considere que el proceso judicial fue irregular.
 
La madrugada del 16 de septiembre de 2009 Grettel le pidió a su entonces novio terminar la relación, por lo que Germán Alyn tomó un cuchillo de 30 centímetros de largo y sorpresivamente la atacó con la intención de matarla.
 
Su agresor, quien es chef de profesión, le ocasionó siete heridas en cara, brazos y abdomen, una de éstas de 15 centímetros de largo en la zona de la yugular. Pese a la evidencia, el 29 de abril de 2011 la juez Ileana Domínguez Zapata clasificó el delito como “lesiones calificadas” y no intento de homicidio.
 
Con el argumento de que el agresor era chef y conocía el tipo de lesiones que le estaba causando con el cuchillo, la juez Domínguez Zapata aseguró que no intentó matarla y como se trataba de un “delito menor” dictó una sentencia de un año, ocho meses y 25 días de prisión. 
 
A decir de la abogada, el inculpado, quien ya cumplió su condena, no obtuvo una pena proporcional a la gravedad del delito, lo que significa que el proceso fue irregular, por lo que espera que la SCJN analice todo este contexto.
 
Salas Rodríguez confirmó que el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia será el encargado de realizar el proyecto de sentencia, un proyecto en el que –aseguró– tendrá que reflejar la discriminación contra las mujeres y los Derechos Humanos de las víctimas de violencia feminicida. 
 
Aunque en general las víctimas no pueden exigir la reposición del procedimiento, la abogada explicó que de acuerdo con el artículo 20 constitucional sí tienen derecho a la reparación del daño, que en un sentido amplio debería incluir el pleno acceso a la justicia. 
 
Organizaciones como la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y la organización civil Indignación, presentarán ante la SCJN información relativa al caso (procedimiento conocido como Amicus Curia) con el fin de coadyuvar en el análisis del caso.
 
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Tan sólo 5 consignaciones por delito de trata en Oaxaca





La entidad es lugar de origen y tránsito de víctimas 

Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México, DF, 3 oct 11 (CIMAC).- A pesar de que Oaxaca es un estado conocido como lugar de origen y tránsito de víctimas de trata de personas, la Procuraduría General de Justicia del Estado apenas cuenta con 25 averiguaciones previas por este delito, de las cuales sólo cinco han sido consignadas, dijo el procurador Manuel de Jesús López López.
 
Durante una reunión de trabajo con la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados, el funcionario oaxaqueño reconoció que las acciones contra el delito de trata aún son insuficientes, pero aseguró que en lo que va de su gestión se han implementado medidas de atención y prevención de ese crimen. 
 
En lo que respecta al feminicidio en Oaxaca, López López aseguró que las cifras de asesinatos de mujeres hasta antes de 2010 “no son confiables”, debido a la falta de una base de datos.
 
Aunque el procurador manejó la cifra de 322 asesinatos dolosos de mujeres entre 2005 y 2010, apuntó que el conteo de los homicidios sigue siendo un “ejercicio a mano”. 
 
DIPUTADAS CRITICAN INEFICACIA
 
El funcionario precisó que el número de víctimas de trata de personas está relacionado con las desapariciones de mujeres en la entidad, las cuales tan sólo en 2010 ascendieron a 49. 
 
La diputada federal del Partido Verde Ecologista de México Caritina Saénz Vargas, cuestionó al procurador por el reducido número de consignaciones ante la magnitud del delito de trata en el estado. 
 
Manuel López detalló que las menores de edad son extraídas del estado para ocuparlas en las labores domésticas. La venta de niñas y mujeres en las distintas regiones del estado también sigue siendo una problemática grave. 
 
Para hacer frente al problema, el procurador refirió que se ha tipificado el delito en el Código Penal local y se elabora una ley especial que aún no ha sido aprobada porque esperan que a nivel federal se defina si habrá o no una ley general para la prevención y combate de la trata de personas. 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS OAXAQUEÑAS
 
López López indicó que según datos de la Subprocuraduría estatal de Delitos contra la Mujer, en 2009 se presentaron mil 123 denuncias de crímenes cometidos contra las oaxaqueñas, en 2010 se reportaron 873, y 796 hasta el pasado 26 de septiembre. 
 
Detalló que en 2010 hubo 110 consignaciones por violencia familiar y 92 por delitos sexuales. Respecto a los homicidios dolosos de mujeres, en 2009 se registraron 64, en 2010 48 y de enero a septiembre de este año van 54. 
 
Actualmente, dijo, existe un albergue para mujeres sobrevivientes de violencia, y se pugna porque la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer tenga más recursos para crear otro albergue. 
 
Señaló también que se elabora un protocolo de investigación para indagar los casos de violencia de género. 
 
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Lydia Cacho Plan b*



Le robaron la brújula a Calderón
 

Por Lydia Cacho
 
Los pasillos de la PGR y la SSP están de luto. A Felipe Calderón y a sus asesores se les ocurrió la brillante idea de crear la Procuraduría Social para la Atención a Víctimas de la Violencia como respuesta a los llamados ante la impunidad.
 
La idea les pareció genial para acallar las voces disidentes, así que de inmediato ordenaron desmantelar las fiscalías preexistentes para llevarse al personal a su nueva creación. Sí, desmanteló las que apenas y pueden con una veintena de casos, para unificarlas y entregarles miles de asuntos no resueltos o no investigados.
 
Especialistas de atención a víctimas que han entrenado al personal de varias fiscalías y centros de atención a víctimas expresan su frustración: se desarticularon esfuerzos de 10 años para reinventar uno en ocho meses, sin presupuesto, sin planeación estratégica, sin sentido. 
 
Durante años México ha caminado hacia la implementación de políticas públicas que permitan a diferentes instancias resolver los diversos problemas sociales. Uno de ellos, por ejemplo, la violencia específica contra mujeres y niñas.
 
Se invirtieron millones de pesos en la creación de la Fevimtra, fiscalía que además de atender a mujeres en general ahora es responsable de las víctimas de trata. Gracias a las presiones sociales la fiscalía contrató a especialistas en atención a víctimas, terapeutas y expertas en protección a víctimas.
 
Desde su creación en febrero de 2008 a octubre del 2010, pudo atender 386 denuncias, en sólo dos casos ejerció su facultad de atracción. Canalizó 139 averiguaciones previas y consignó 45. Obtuvo 17 órdenes de aprehensión y una condena.
 
Ahora el equipo se desintegra, lo mismo que los equipos de atención a víctimas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y PGR, entre otros. 
 
Y no, para los que levantan infundios contra Calderón ésta no es una simple fiscalía más, es una Procuraduría Social, es decir un organismo público descentralizado (como lo es el DIF).
 
La novedosa idea del equipo calderonista surge del principio de que si la sociedad no confía en la PGR para resolver los miles de casos rezagados, ahora tendrá que ir a pedir ayuda en este sucedáneo de DIF para víctimas de la guerra contra el narco y todos los delitos adjuntos y difuntos.
 
Mientras tanto las demás fiscalías se quedan solamente con Ministerios Públicos, es decir, volvemos a como estaba la PGR hace 12 años: las víctimas tendrán que recorrer un vía crucis interinstitucional para recibir los servicios de procuración de justicia.
 
Irán a la fiscalía a denunciar, por ejemplo de trata de personas, un asesinato o secuestro, pero si quien declara necesita atención psicológica, que vaya sacando su numerito y se dirija a la nueva Procuraduría Social, en la cual las psicólogas que durante seis años han recibido capacitaciones y sensibilización para atender a víctimas con ciertas características (explotación sexual, pederastia, tortura, desaparición forzada) ahora deberán atender a quien les llegue, como les llegue, y si es que les llega. 
 
Como Calderón tiene prisa, según el decreto, en octubre comienzan las funciones en la nueva instancia. Se llevan a las y los especialistas en atención a víctimas a hacer lo mismo pero más barato (atenderán al triple de víctimas con menos tiempo). Para mantenerles en el puesto (y sin hacer olas) les han prometido un bono especial por el cambio inesperado.
 
Lo inconcebible es que las y los servidores públicos responsables de la atención a víctimas están en desacuerdo con este decreto, saben que no perdurará, que desintegrará esfuerzos y que es un retroceso, pero también saben que sus voces no serán escuchadas. 
 
Más allá de la crítica directa, este decreto debe ser cuestionado con toda seriedad. Las reacciones impulsivas de Felipe Calderón con la creación de este engendro, corroboran lo que hace un año se dice: que perdió su brújula, que su incapacidad para trazar una ruta al futuro nos lleva a toda velocidad hacia el pasado en caída libre.
 
La irresponsabilidad de la creación de esta Procuraduría es monumental. Calderón ha creído que las instituciones se reconstruyen de un decretazo y como no ha soportado la presión y las críticas, eligió lo que le parece el camino rápido.
 
La paradoja es evidente, su bandera ha sido la reconstrucción del sistema de procuración de justicia y mientras comienza a empacar  desmantela toda posibilidad de eficientar la atención a víctimas de delitos. Total, si ya se va. 
 
www.lydiacacho.net/@lydiacachosi 
* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá. 
 
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Prevalecerán violaciones a derechos reproductivos de mujeres tras fallo de SCJN





 “Interpretaciones lesivas” para sus DSyR: Académicos  
 

Por Anayeli García Martínez
 
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó vigentes las reformas constitucionales en Baja California y San Luis Potosí, provocó la prevalencia de interpretaciones lesivas para los derechos reproductivos de las mujeres.
 
En opinión de Loretta Ortiz Ahlf, académica de la Escuela Libre de Derecho, y Miguel Ángel Eraña Sánchez, docente de la Universidad Iberoamericana, la vigencia de las normas que “protegen la vida desde la concepción” genera un caos jurídico.
 
Nadie gana, nadie pierde
 El 26 de septiembre los ministros de la SCJN iniciaron el análisis de las acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009 para determinar si la legislación de estas entidades era o no contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
Aunque una mayoría de siete ministros se pronunció a favor de la invalidez, no se alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para declarar su inconstitucionalidad, por lo que ambos recursos jurídicos fueron desechados y las reformas siguen vigentes.
 
Para el constitucionalista Eraña Sánchez, esta resolución cierra el espacio a la libre decisión de las mujeres porque, de forma equivocada, el debate se centró en el conflicto entre el derecho a la vida desde la concepción y los derechos reproductivos de las mexicanas.
 
Advirtió que el debate de fondo eran los Derechos Humanos y la facultad de la SCJN para decidir si el congreso local puede o no legislar sobre estos derechos. Al no aclarar esta facultad, los ministros permitieron que los legisladores continúen criminalizando a las mujeres que deciden sobre su cuerpo.
 
De acuerdo con el académico, “la cautela” de algunos ministros, la posición conservadora de otros y la indefinición de Margarita Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo, dejaron inconclusa la discusión, por lo que no se puede decir que hubo un ganador o un perdedor en un tema que seguirá vigente.   
 
Normas lesivas para las mujeres 
 
Eraña Sánchez, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, afirmó que la historia de la protección a la vida se remonta a 2008 cuando la SCJN aprobó la constitucionalidad de la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación en el Distrito Federal.
 
Aseguró que si bien ocho ministros fueron garantistas al avalar la reforma, “de manera abusiva e ilegal”, el pleno diseccionó los efectos de la resolución al concluir que la sentencia no debía regir en todo el territorio nacional, cuando las acciones de inconstitucionalidad deben tener efecto en todo el país.
 
Es decir, la decisión de la SCJN en 2008 abrió la posibilidad para que 17 estados de la República legislaran a favor de la vida desde el momento de la “concepción o fecundación”, lo que provocó la polémica en la sociedad y el caos normativo que impera en el país.
 
El docente criticó que el voto de la ministra Luna Ramos fue determinante en 2008.
 
“En buena medida ese voto, oportunista, calculador y, por supuesto, negativo del sistema constitucional, habilitó lo que pasó después: que los legisladores locales abusivos, al no tener control de la Corte, sobre-utilizaran su libertad y su capacidad legislativa” puntualiza. 
 
No hay derechos absolutos 
 
Para Ortiz Ahlf, quien ha compartido el espacio académico con los ministros Arturo Zaldívar y Fernando Franco, la SCJN tiene el deber de generar un balance entre el derecho a la vida del producto de la concepción y el derecho a la vida de las mujeres.
 
Sin embargo, aseguró que el alto tribunal no tiene el interés de aclarar nada, “Al contrario, el interés es de confundirnos más”, y advierte que ejemplo de ello fue desechar las recientes acciones de inconstitucionalidad en Baja California y San Luis Potosí.
 
Al referirse al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José), Ortiz Ahlf señaló que no hay derechos absolutos, de ahí que este instrumento aclare que, “en general”, la vida esta protegida a partir del momento de la concepción. 
 
La experta en Derecho Internacional explicó que la redacción de este tratado busca dar un peso específico a cada derecho toda vez que no es posible manejar absolutos y reitera que en este tema, y desde el punto de vista jurídico, primero se debe considerar el derecho a la vida y la salud de las mujeres.
 
El 26 de septiembre, cuando los ministros comenzaron el análisis del tema, Felipe Calderón solicitó al Senado retirar la Declaración Interpretativa formulada por México respecto al artículo 4 del Pacto de San José, para reservarse la obligación de legislar en la materia. 
 
La solicitud debe ser aprobada por el Senado, luego enviada a la Asamblea General de la OEA, quien estudiará el asunto y decidirá si acepta o no el retiro de la declaración interpretativa.
 
La también catedrática de la Universidad Iberoamericana, señaló que aunque quedan muchas dudas, es claro que Calderón presentó esta solicitud para quedar como “el héroe del derecho a la vida frente al fantasma de su guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
 
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