La Historia de esos días

La Historia de esos días

La historia de esos días

22 de septiembre de 2011

Aceleran legisladoras trabajos para tipificar feminicidio



Senadoras y diputadas acuerdan subcomisión de análisis 
Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 22 sep 11 (CIMAC).- El Senado de la República y la Cámara de Diputados acordaron trabajar en conjunto para tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal federal, y definir claramente un tipo penal que castigue el asesinato de mujeres por razones de género.
 
Durante una reunión de las Comisiones de Justicia, de Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara alta, senadoras y senadores coincidieron en que el tema es complejo, por lo que propusieron crear un grupo de trabajo para analizar junto con la Cámara de Diputados cuál es el tipo penal más adecuado para sancionar ese crimen.
 
Las y los integrantes de esas instancias legislativas dijeron que trabajarán con la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora del PRD Teresa Incháustegui, para tipificar el feminicidio a nivel federal.
 
En la reunión, a la que también acudió la diputada perredista, las y los senadores discutieron una minuta de tipificación del feminicidio que recibieron de los diputados en abril de 2006. El pleno de la Cámara baja aprobó esa minuta el 26 de abril de ese año y fue turnada al Senado para su ratificación, pero desde entonces sigue pendiente.
 
Cabe recordar que en la actual legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron cuatro iniciativas para tipificar el feminicidio a nivel federal, las cuales también están en la congeladora.
 
“DIFICULTAD PARA ACREDITAR EL DELITO”
 
La senadora del PRD Selene Vázquez condenó el incremento de los casos de feminicidio en el país, y sugirió integrar una subcomisión que revise la redacción del dictamen en el que se establezca el delito de asesinato de una mujer por razones de género.
 
Consideró que “si hubiera algún delito al que se pudiera acercar más el feminicidio tendría que ser el genocidio, el cual está perfectamente tipificado en la ley”.
 
La legisladora explicó que es necesario contar con leyes acordes a las circunstancias que enfrenta México, por lo que afirmó que es fundamental contar con un respaldo jurídico que coadyuve a combatir un fenómeno que afecta a las mujeres. 
 
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el legislador del PAN Alejandro González Alcocer, respaldó la creación de un grupo de trabajo en colaboración con la Comisión de Feminicidio de la Cámara baja, para reformar los códigos Penal y de Procedimientos Penales federales.
 
Sin embargo reconoció la complejidad del tema y criticó que aunque este delito se ha tipificado en otros estados del país, la violencia contra las mujeres no ha cesado. “Desde el punto de vista de técnica jurídica es mucho muy difícil de acreditar que (el asesinato de mujeres) es por violencia (de género)”, señaló.
 
El senador panista consideró que la actual legislación de las entidades federativas y la propia minuta enviada por los diputados federales pone más énfasis en la violencia intrafamiliar, por lo que aseguró que se debe analizar el tema.
 
“Debemos ahondar mucho más, estas dudas existen; para mí el feminicidio no es el homicidio de mujeres, sino que quiere decir todo el conjunto de estas cosas que tienen relación con la violencia contra la mujer”, explicó.
 
Hasta la fecha, siete entidades federativas han tipificado el feminicidio en sus legislaciones penales: Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, Distrito Federal y Veracruz. 
 
11/AGM/RMB

Sentencias de la CoIDH obligan a cambiar modelo de seguridad



Caso Inés y Valentina cuestiona tareas policiacas del Ejército 
Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 22 sep 11 (CIMAC).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) destacó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por violar las garantías humanitarias, abren la posibilidad para que se replantee la estrategia de Felipe Calderón de incorporar a las fuerzas armadas a labores de seguridad pública. 
 
La directora para Centroamérica y México de Cejil, Alejandra Nuño, puso como ejemplo que en el caso de las sentencias por las violaciones sexuales perpetradas por militares contra las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, la CoIDH se refirió a la violencia institucional castrense lo que llama a replantear el uso de las fuerzas armadas en tareas de policía civil.
 
Al participar en el foro “Retos y posibilidades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos contra México”, la defensora humanitaria abordó el tema del fuero militar y la seguridad nacional, y explicó que los casos de violaciones a los Derechos Humanos (DH) en Guerrero plantean la necesidad de elaborar un nuevo modelo de seguridad ciudadana.
 
Nuño recordó que las comunidades indígenas de ese estado, donde fueron agredidas Inés y Valentina, han exigido la salida del Ejército de la región por considerar que la presencia militar agrava las transgresiones a los DH de la población. 
 
La dirigente de Cejil resaltó que las sentencias de la CoIDH por el caso Inés y Valentina son de las pocas en las que se condena a un Estado por violar tres tratados internacionales: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Belem Do Pará, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
 
Además indicó que en estos casos también se consideró a la familia de ambas indígenas como víctimas.
 
“SE CUMPLEN LOS FALLOS”, DICE SEGOB
 
En el foro organizado por Cejil y otras organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los DH se analizaron los “avances” por parte del Estado mexicano en el cumplimiento de las cinco sentencias de la CoIDH sobre desaparición forzada, feminicidio, violación sexual, tortura y detención arbitraria. Las y los defensores de DH criticaron la falta de respuesta de las autoridades para acatar los fallos de la CoIDH.   
 
En contraste, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe de Jesús Zamora –quien acudió al evento–, afirmó que las sentencias se están cumpliendo. Cabe señalar que la dependencia federal es la que coordina a las instituciones y autoridades encargadas de cumplir con los fallos internacionales.
 
Al ser cuestionado sobre la demora en la implementación de las cinco sentencias, cuatro de las cuales exhortan a reformar la jurisdicción militar, el funcionario dijo que México tiene el compromiso de abrirse a las instancias internacionales.
 
Justificó que en el país hay un incremento de violaciones a DH porque la participación de México en los tribunales regionales es reciente. “Naturalmente no va de la mano el número de denuncias con el número de violaciones”, aclaró.
 
En respuesta, los representantes de organizaciones civiles afirmaron que los avances han sido escasos y en algunas ocasiones lentos, por lo que invitaron a la sociedad civil y a los funcionarios públicos a sumarse a la exigencia de las víctimas de que haya justicia.   
 
David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quien litigó uno de los casos de feminicidio ante la CoIDH, aseguró que aún están pendientes  las sanciones a 31 funcionarios que incurrieron en errores u omisiones a la hora de investigar la desaparición y asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que las diligencias para encontrar los restos del activista Rosendo Radilla, quien presuntamente fue desaparecido por el Ejército en 1974, no han dado resultado. “No hay intención de buscarlo”, acusó.

Alertan en Zacatecas contra otro intento de penalizar el aborto



Activistas llaman a detener iniciativa de PAN, PRI y PRD 
Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México, DF, 22 sep 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles de mujeres demandaron al Congreso de Zacatecas que rechace la iniciativa de reforma a la Constitución local, según la cual se protegería “el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación, hasta su muerte natural”, y en consecuencia se penalizaría el derecho al aborto legal, tal y como ya ocurre en otros 17 estados de la República. 
 
Rita Román Ríos, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Zacatecas, dijo a Cimacnoticias que el proyecto es “retrogrado” y violatorio de los derechos reproductivos de las mujeres garantizados en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales ratificados por nuestro país. 
 
La iniciativa se presentó el pasado martes ante el Congreso local por siete diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN), las legisladoras Ana María Romo Fonseca del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Esthela Beltrán Díaz del Partido de la Revolución Democrática (PRD).  
 
La propuesta de reforma constitucional se da en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a analizar la próxima semana dos proyectos de sentencia presentados recientemente por el ministro Fernando Franco, respecto a sendas acciones de inconstitucionalidad contra las modificaciones legales que protegen la vida desde la concepción en Baja California y San Luis Potosí.
 
Agrupaciones por los derechos de las mujeres han manifestado su confianza de que la SCJN declare inconstitucionales las reformas en esos estados, toda vez que en agosto de 2008 el pleno de ministros avaló las modificaciones que despenalizan el aborto en el Distrito Federal.  
 
Las organizaciones civiles han expuesto que de ser así se abriría el camino legal para revertir las contrarreformas en otras 15 entidades que también criminalizan el aborto, prohíben el uso de la anticoncepción de emergencia, el dispositivo intrauterino y la reproducción asistida.
 
Desde octubre de 2008, la alianza legislativa PAN-PRI ha avalado reformas constitucionales en ese sentido en 17 de los 31 estados del país.
 
NUEVA ANDANADA REACCIONARIA 
 
El proyecto presentado ante el Congreso de Zacatecas adiciona al artículo 26 de la Constitución estatal la protección absoluta del derecho a la vida: “Se reconoce, se protege y se garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural”.
 
La iniciativa se turnó para su revisión a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual tiene un plazo de 40 días para revisarla y dictaminarla. Si las y los diputados de esa instancia se pronunciaran en contra el proyecto quedaría en la “congeladora”, explicó la activista Rita Román.
 
La representante de Ddeser en el estado advirtió que están en cabildeo permanente con las y los diputados locales para evitar que la iniciativa se vote en el pleno. 
 
“Confiamos en el trabajo de las y los legisladores para revisar a fondo la iniciativa, apelamos a su buen criterio”, acotó. Sin embargo, Román Ríos indicó que de ser necesario habrá movilizaciones y otras acciones de protesta. 
 
Actualmente, las zacatecanas pueden interrumpir legalmente su embarazo en los servicios públicos de salud cuando hayan sido víctimas de violación sexual; además no son sujetas de penalización cuando el aborto es imprudencial, ponga en peligro su vida o provoque grave daño a su salud. Son las cuatro causales vigentes en el Código Penal del estado. 
 
Por el contrario, la iniciativa de PAN y PRI y PRD penaliza el aborto al plantear que el óvulo fecundado tiene los mismos derechos que una persona nacida. “Enfrentamos un riesgo importante desde el momento en que se dio lectura (a la propuesta), esperamos que hasta ahí quede”, expresó Rita Román.
 
Esta es la segunda ocasión que el Congreso de Zacatecas intenta criminalizar el aborto en la entidad. La primera vez fue con una iniciativa de ley de protección a la maternidad presentada en 2008 por el PAN, la cual no prosperó y quedó “congelada” en las comisiones de Trabajo y Prevención Social, Salud y Asistencia Social, y Equidad. 
 
11/GCJ/RMB

Fallas en fondo de apoyo para niñas en orfandad en Juárez



Mesa de Infancia acusa deficiencias en su operación  
Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 22 sep 11 (CIMAC).- La Mesa de Infancia de Ciudad Juárez, Chihuahua, calificó como deficiente el Fondo de Atención a niñas y niños hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen (Fanvi), a través del cual desde enero pasado el gobierno del estado busca “resarcir el daño” con becas económicas a un número aún por determinar de menores de edad en estado de orfandad.
 
Lourdes Almeida, integrante de la Mesa de Infancia, consideró que ese fondo no es eficiente en materia social, toda vez que opera a través de una convocatoria para que las familias se acerquen a las autoridades a fin de recibir el apoyo, a pesar de que la Fiscalía General del estado contabilizó 2 mil 500 niñas y niños que entre 2008 y 2010 quedaron en la orfandad, la mayoría en Juárez, como parte de la guerra contra la delincuencia.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la activista precisó que las organizaciones de la entidad recomendaron al gobierno de Chihuahua que el Fanvi –el cual cuenta con 100 millones de pesos para este año– debería acercarse a la infancia y no ser las y los niños y sus familias quienes tuvieran que solicitar el apoyo, ya que la situación de violencia en la que viven los coloca en mayor vulnerabilidad.
 
Almeida explicó que si la Fiscalía estatal ya tenía identificada a la población beneficiaria, una estrategia válida sería la de asistir a las comunidades y trabajar “sobre vínculos de confianza”, ya que entre la población hay mucho temor y dificultad de las familias para acceder a los servicios que se ofrecen.
 
Ya sea por que les quedan muy lejos, no tienen cómo trasladarse o simplemente no cuentan con el recurso, refirió la integrante de la Mesa de Infancia y agregó: “No es lo mismo llegar a un espacio en el que hay un vínculo previo, a llegar a un lugar completamente desconocido cuando estás en una situación de violencia tan grande”.
 
Para ser beneficiarios del fondo las y los solicitantes tienen que acudir a las oficinas de Fomento Social del gobierno del estado o al DIF municipal en Ciudad Juárez, y llenar una solicitud que será analizada para decidir si se les brinda el apoyo.
 
La instancia que determina la entrega de la beca es el Comité Técnico del Fideicomiso encabezado por la Secretaría de Fomento Social; el DIF estatal; las secretarías de Gobierno, Hacienda, Salud y Educación, Cultura y Deporte, y la Fiscalía General del estado. 
 
También participan las universidades Autónoma de Chihuahua y Autónoma de Ciudad Juárez, el Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, y la Fundación del Empresariado Chihuahuense.
 
Tras entregar la solicitud las familias deben esperar 30 días hábiles para saber si el o la menor de edad es candidata a recibir la beca.
 
Según la secretaría de Fomento Social, el Comité Técnico será el encargado de asignar los recursos, así como determinar la cantidad y duración del apoyo.
 
Lourdes Almeida informó que a pesar de que no cuenta con información exacta se sabe que desde que se abrió el proceso de solicitudes “miles de familias” han acudido a Fomento Social, primer filtro para solicitar la beca.
 
Es de precisar que el apoyo a las y los menores de edad no consiste solamente en la entrega de dinero, sino que también se otorgan apoyos académicos, becas deportivas, asistencia alimentaria, y servicios médico y psicológico.
 
A decir de la activista, la operación del Fanvi no es del todo viable cuando hay niñas y niños en el desamparo total, sin familiares y que siguen sufriendo situaciones de violencia.
 
11/GTR/RMB/LGL

Veracruz busca abatir MM con nueva área de salud materna



Reducir en 10 la cifra de 74 muertes durante 2010  
Por Brisa Gómez, corresponsal 
 
Xalapa, 22 sep 11 (CIMAC/AVC).- La meta del gobierno del estado de Veracruz para este año es reducir la muerte materna (MM) respecto al número de casos que hubo en 2010 y que ascendió a más de 70, dijo el coordinador del departamento de Capacitación y Desarrollo en Salud Materna de la Secretaría de Salud (Ss) estatal, David Meléndez.
 
Explicó que en diciembre del año pasado la Ss local creó esta área con el fin de diseñar e implementar estrategias de atención de las mujeres embarazadas y reducir el número de muertes relacionadas con la gestación, parto o puerperio.
 
De acuerdo con lo que dio a conocer el funcionario de salud, el año pasado se registraron 74 muertes maternas, cifra que se pretende disminuir para este año al menos en 10 casos.
 
Explicó que dentro de los Objetivos del Milenio se contempla que el Estado mexicano abata en un 70 por ciento la MM, sin embargo –reconoció– ésta ha sido una tarea compleja, ya que a tres años de que se cumpla el plazo la meta está aún muy lejana.
 
Meléndez detalló que el departamento de Capacitación y Desarrollo en Salud Materna ha realizado cursos de capacitación para personal médico en las ciudades de Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, a fin de que conozca la Norma Oficial Mexicana (NOM) 007 y las guías de práctica clínica para la atención de calidad del embarazo, parto y puerperio.
 
Con estas acciones, recalcó el funcionario, se espera lograr en 2011 una reducción importante de los casos de MM, pues “la idea es que en dos años terminemos por debajo de la media nacional”, confió.
 
11/BG/RMB/LGL

Estados aún castigan infidelidad de mujeres


Penas de tres días a 12 años de cárcel aplican a hombres homicidas



Por Natalia Gómez Quintero

En México hay 10 entidades federativas en las que aún se considera el homicidio por razón de honor, con penas inferiores para el responsable de privar de la vida a la mujer que comete un acto de infidelidad.
La tipificación de este delito, incluye, entre otros supuestos, que “al que sorprendiendo a su cónyuge en un acto carnal o próximo a su consumación, la mate”, lo que constituye una atenuante para los responsables del crimen.

Los estados con penas muy bajas son Baja California, de tres a ocho años; Baja California Sur, de cuatro a 10 años; Campeche, de tres días a tres años; Chiapas, de dos a ocho años; Jalisco, de ocho a 12 años; Michoacán, de tres días a cinco años; Nayarit, de tres a seis años; San Luis Potosí, de cuatro a 10 años; Yucatán, de dos a cinco años, y Zacatecas, de tres a seis años.

Las entidades que aún contemplan en sus códigos penales el homicidio por razón de honor, son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, hizo un llamado a los congresos locales de dichas entidades para derogar esos artículos de los códigos penales, y establecer penas más severas para sancionar a los responsables.

La funcionara federal consideró que esas leyes “son retrógradas y anticonstitucionales y violan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Explicó que esas disposiciones penales son violatorias de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos que publicó el presidente Felipe Calderón en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio, por lo que exhortó a que se inicie el proceso de armonización legislativa.

La funcionaria del Inmujeres comentó que “se debe llamar la atención de los legisladores desde este momento, toda vez que de continuar con esta tendencia se dejaría abierta la posibilidad de seguir atentando contra la vida de las mujeres, bajo el argumento de un arrebato pasional”.

Argumentos en defensa

García Gaytán aseguró que el homicidio por razón de honor es contrario a los diversos instrumentos internacionales —sobre derechos humanos de las mujeres— que México ha firmado, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

Todos los estados tenían tipificado el delito de homicidio por razón de honor, pero a partir de mediados de la década de los 90 las entidades del norte del país empezaron a derogarlo.

García Gaytán dijo que varios de los estados argumentan que no la derogan porque de cualquier forma no se aplica esa ley desde hace años: “En vez de defender la libertad de las personas, se defiende al dueño, es decir, al esposo. Además, si la mujer es soltera, la pena es más baja; si es casada, es más alta, porque afecta la honra del dueño, por ello estos artículos se deben derogar”.


Nota de El Universal, Jueves 22 de septiembre de 2011

Las mujeres temen ser llamadas “putas”: Marta Lamas


Por Guillermo Montalvo Fuentes-enviado


Cuernavaca, Mor.- A mí no me espanta que me digan “puta”, porque si eso significa que gozo de mis relaciones sexuales, no tiene porqué ser un sinónimo de vergüenza, aunque la mayoría de las mujeres sí temen ser llamadas así, aseguró la antropóloga Marta Lamas.

De acuerdo con la también directora de la revista Debate Feminista, este miedo al adjetivo se debe a los mandatos culturales que imperan en las relaciones sociales, y los cuales desvalorizan a la mujer que siente placer en el sexo.

Estos mandatos, mencionó Lamas, dictan lo que debe ser un hombre o una mujer, y en ambos casos, qué hombres tienen más valor que otros y qué mujeres más que otras, una situación de “violencia simbólica” que dijo, sólo se puede erradicar con la “desnaturalización del contenido opresivo de las relaciones sociales”.

Para la antropóloga, esta situación de “violencia” obstaculiza la equidad entre hombres y mujeres, pues “mientras un hombre que se acuesta con muchas y disfruta del sexo es un chingón, una mujer que hace lo mismo es una puta”; por tal motivo, subrayó la importancia de la perspectiva de género, tanto en el ámbito público como privado.

La equidad, dijo, es igualdad con reconocimiento de las diferencias, una cualidad por la que ninguna de las partes es favorecida de manera injusta en perjuicio de otra; sin embargo, “hablar de perspectiva de género no es decir pobrecitas las mujeres”, por lo que la feminista manifestó su rechazo hacia este discurso victimista.

“Ni todas las mujeres son víctimas ni todos los hombres victimarios; ser mujer no garantiza que seas buena y que digas siempre la verdad”.

Como ejemplo de lo anterior mencionó lo que sucede con el “transporte rosa” de la Ciudad de México, un programa que definió como acción afirmativa necesaria, pero que no resuelve de raíz el problema del acoso hacia las mujeres.

“El origen del problema no está en las mujeres, está en el machismo, pero está claro que educar a policías y a la población en general es más difícil y costoso que separar a las mujeres en vagones o autobuses especiales, aunque esto se pueda prestar también a extorsiones por parte de ellas”.

Marta Lamas recordó el caso de una mujer que denunciaba ser acosada por hombres cuando no era verdad, para poder extorsionarlos con la ayuda de un amigo que casualmente se presentaba en la escena para defenderla. Ambos, dijo, pedían dinero a los hombres a cambio de no denunciarlos por acoso sexual.

Con base en esto, la feminista señaló no confiar en las medidas punitivas para combatir un problema, al contrario, manifestó la importancia de los procesos educativos para tratar, en este caso, el tema de la equidad de género desde las aulas y a edades tempranas.

Sin embargo, lamentó que la Secretaría de Educación Pública l sea una de las instancias que “menos le ha entrado en serio al tema de la igualdad”.

Las declaraciones de Marta Lamas surgieron como parte de un taller para medios de comunicación, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres.

21 de septiembre de 2011

A UN AÑO DE QUE MA. JOSE FUE ARREBATADA DE SU FAMILIA



México a 21 de septiembre de 2011. 

La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe junto con la Familia Monroy Enciso expresan su profunda pena e indignación, porque el día de hoy, 21 de septiembre, se cumple un año de que María José Monroy Enciso fue arrancada de su familia y las autoridades del Estado de México han actuado de manera irresponsable e indolente en la investigación del paradero de Ma. José o el esclarecimiento de los hechos. 

María José, bebé de un año once meses fue arrebatada de su familia, cuando un sujeto entró en la óptica de la señora Maribel Enciso Olguín, en la Unidad Habitacional Héroes Tecamac, en el Estado de México, donde la señora fue atacada violentamente, dejándola gravemente herida y además llevándose a la bebé y algunos objetos de la óptica. 

Desde entonces sus padres han vivido un eterno peregrinar en la investigación del paradero de su hija sin que hasta el momento las autoridades hayan podido esclarecer los hechos; además de haber caído en numerosas irregularidades a lo largo de todo el proceso. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México afirmó haber detenido al sujeto agresor que en ese entonces confesó haber asesinado a la niña, pero sus declaraciones han resultado contradictorias, y el cuerpo no ha sido localizado en ninguno de los tres sitios que señaló el procesado. Desde entonces, y a pesar de que no apareció el cuerpo de la bebé, detuvieron la búsqueda. 

Existen varias líneas de investigación que arrojan que la niña está viva, y que la han visto, pero no se han agotado por parte de las autoridades. 

Por eso la CATWLAC exige más seriedad y eficiencia en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, basta de impunidad e ineficacia. Lamentablemente, el titular de esa dependencia tan ineficiente ha sido ratificado por el Gobernador Eruviel Avila.

Reiteramos que no desistiremos en la búsqueda de María José y de una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades para el esclarecimiento de este caso. 

Cierre de área de salud reproductiva por “éxitos” en planificación familiar: IMSS



Mientras, se incrementan embarazos en adolescentes  
 
Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México DF, 21 sep 11 (CIMAC).- Mientras persiste la deficiente cobertura de métodos anticonceptivos y las cifras de embarazos en adolescentes van al alza, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) justificó el cierre en 2008 de su Coordinación de Salud Reproductiva ante los “resultados exitosos” en materia de planificación familiar.
 
En respuesta a una solicitud de información pública elaborada por Cimacnoticias, el IMSS explicó que la clausura de esa coordinación –encargada de operar a nivel nacional los programas de planificación familiar, y de salud materna y perinatal del instituto–, se debió también a la necesidad de “fortalecer la vigilancia epidemiológica institucional y la atención a contingencias” ante desastres naturales.
 
La solicitud de información se presentó luego de que Doroteo Mendoza Victorino, coordinador de Evaluación e Investigación, de la organización civil Mexfam, denunció la desaparición de la coordinación (Cimacnoticias 8 jun 10).
 
El Seguro Social detalló que hace tres años la dirección de Prestaciones Médicas decidió realizar una “reconversión en el nivel normativo” debido a los “resultados exitosos” en planificación familiar.
 
Entre los supuestos logros el IMSS enumera el “incremento sostenido de aceptantes de métodos anticonceptivos, coberturas de protección anticonceptiva satisfactorias y de la tasa de fecundidad en niveles de reemplazo (es decir, cuando las parejas tienen dos hijas o hijos, número necesario para reemplazar a los padres)”.  
Sin embargo, la propia información oficial pone en duda los “éxitos” del instituto en las acciones de

planificación familiar.
 
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2006, elaborada por el Consejo Nacional de Población (Conapo), documenta que el uso de métodos anticonceptivos de las mujeres unidas en el país pasó, de 1996 a 2006, de 68.5 a 70.9 por ciento, es decir, un aumento de sólo 2.4 puntos porcentuales en 11 años. 
 
El mismo sondeo revela que la cobertura anticonceptiva en las jóvenes tuvo un estancamiento entre 1997 y 2009, pues pasó de 45 por ciento a 44.7 por ciento. 
 
En tanto, la Enadid 2009 reporta que sólo el 19.9 por ciento de las mexicanas solteras y unidas de 15 a 49 años de edad utilizó algún método de control natal en su primera relación sexual.
 
Esa deficiente cobertura de anticonceptivos ha derivado en un aumento del porcentaje de nacimientos en madres adolescentes registrados en el sector salud desde 2006; en ese año la proporción fue de 17.2 por ciento y para 2009 subió a 18.4 por ciento. 
 
Actualmente, cada minuto nacen tres niñas y niños en México, de los cuales uno fue parido por una adolescente, según un análisis de la organización internacional especializada en salud sexual y reproductiva Ipas México, a partir de datos oficiales. 
 
7 DE CADA 10 MUJERES, DERECHOHABIENTES DEL IMSS
 
El IMSS atiende a siete de cada 10 mujeres derechohabientes en el país, señala el informe Mujeres y Hombres en México 2009, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Actualmente, hay 72.5 millones de derechohabientes de servicios de salud, el 48.8 por ciento (35.4 millones) corresponde a ese instituto, según el Censo de Población y Vivienda 2010.  
 
Cabe recordar que en el diplomado “Población y equidad en un mundo cambiante”, realizado este año en El Colegio de México, Patricia Uribe, ex directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Salud, señaló que “como fuente de métodos anticonceptivos el IMSS y las farmacias, que antes presentaban un aumento continuo, actualmente han disminuido”.  
 
En la respuesta a la solicitud de información, el instituto argumentó que con la desaparición de la Coordinación de Salud Reproductiva no se eliminó ninguna de las funciones que realizaba esa instancia: “Por lo contrario todos los Programas que llevaba a efecto se fortalecieron obteniéndose año con año mejores resultados”. 
 
Los programas de salud materna y perinatal, y de planificación familiar –que eran atendidos por ese mecanismo– pasaron a manos de la Coordinación de Áreas Médicas y la Coordinación de Programas Integrados de Salud (Prevenimss), respectivamente.
 
Prevenimss también se hace cargo de los programas Género y Salud, y Prevención de enfermedades al nacimiento y tamiz neonatal. 
 
El instituto explicó que el programa de planificación familiar se integró a Prevenimss porque este programa surgió en la Jefatura de Medicina Preventiva.
 
Mientras que el programa de salud materna y perinatal se incorporó a la Coordinación de Áreas Médicas porque “pertenece de manera natural a dicha área normativa”, sostuvo la dependencia.    
 
De 2006 a 2008 el presupuesto que destinó el IMSS para atender la salud reproductiva estaba en el rubro de atención a la salud pública, y a partir de 2009 salud reproductiva recibió recursos de manera independiente.  
 
En 2009 el IMSS ejerció para salud reproductiva 529 millones 455 mil pesos y para 2010, 580 millones 151 mil pesos. En 2011 el gasto programable para salud reproductiva fue de 598 millones 388 mil pesos.
 
11/GCJ/RMB

BREVES DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

 
Serie documental “Expedientes” en la Cineteca Nacional. Inscripciones abiertas de UTE campus Mixcoac. Periodista Nicaragüense abandona su país por amenazas. Denuncian ante Corte Europea de DH caso de activista rusa asesinada 



Redactó Gabriela Mendoza Vázquez

Serie documental “Expedientes” en la Cineteca Nacional 


México.- Como parte de las actividades por el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y  Católicas por el Derecho a Decidir, invitaron a la presentación de la serie documental “Expedientes”, el 22 de septiembre a las 18: 00 horas en la Sala 4 “Arcady Boytler” de la Cineteca Nacional. 
 
El documental producido y dirigido por Maricarmen de Lara, relata historias de vida de mujeres de Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Distrito Federal, que a raíz de la criminalización de la interrupción del embarazo en México, se vieron seriamente afectadas.
 
Al finalizar el documental se realizará una mesa redonda con la participación de: Martha Lamas, directora de la revista Debate Feminista, Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, entre otras personalidades.
 
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Inscripciones abiertas de UTE campus Mixcoac  
México.- Con el objetivo de que adultas y adultos mayores mejoren su calidad de vida, sus habilidades y se preparen para nuevos proyectos, la Universidad de la Tercera Edad (UTE) campus Mixcoac, ubicada en la delegación Benito Juárez, convocó a las y los interesados a inscribirse en sus cursos, talleres y materias.
 
La UTE Mixcoac atenderá a 2 mil 500 adultos mayores y contará con 213 materias, cursos y talleres enfocados al desarrollo humano, salud y activación física, cultura, social, artística y cuidado del medio ambiente. 
 
Las inscripciones seguirán abiertas hasta que se agoten los lugares, sin embargo, las clases inician el próximo lunes 26 de septiembre.
 
Las instalaciones de la UTE se ubican en Benvenuto Cellini, número 39, colonia Mixcoac. Para mayores informes llamar al 12 09 07 07 
 
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Periodista Nicaragüense abandona su país por amenazas 
Washington.- La periodista nicaragüense, Silvia González, renunció a su trabajo como corresponsal del periódico El Nuevo Diario en la ciudad de Jinotega (al norte de Managua) y salió de ese país debido a las constantes amenazas de muerte que ha recibido desde el 30 de julio de este año, informó el blog Periodismo en las Américas.
 
La reportera indicó a la prensa local que las amenazas contra ella y su familia obedecen a sus publicaciones sobre presuntos actos de corrupción de un ex guerrillero. Pese a que denunció el hecho ante la Policía Nacional, las investigaciones no avanzaron y nunca obtuvo una protección adecuada.    
 
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Denuncian ante Corte Europea de DH caso de activista rusa asesinada 
Rusia.- El Centro de Derechos Humanos “Memorial” dio a conocer que abogados y familiares de la activista rusa Natalya Estemirova, presentaron una denuncia ante la Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR por sus siglas en inglés) por la deficiente investigación sobre su asesinato, ocurrido en julio del 2009, refirió el portal Front Line.
 
Roman Karpinskiy, abogado de la familia, indicó que la denuncia fue presentada porque las autoridades no desarrollaron una investigación efectiva del caso y recientemente el vicepresidente del departamento de la oficina del procurador general, Aleksey Vasilkov, declaró que había sido resuelto el asesinato de la activista, lo cual no tiene fundamentos.  
 
Estemirova, de 50 años de edad, fue la directora de la organización Pro Derechos Humanos Memorial en Chechenia y era considerada una comprometida luchadora por los derechos humanos.   
 
11/GM/LGL

Convocan a reorganizar al movimiento feminista



De cara al 2012, activistas preparan agenda común 

Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 21 sep 11 (CIMAC).- Ante lo que consideraron como  severas violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las mexicanas, organizaciones civiles de 22 estados del país, agrupadas en la red Milenio Feminista, llamaron a reagruparse para exigir un alto a la escalada a nivel nacional contra las conquistas sociales de las mujeres.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Magaly Reyes Chávez, coordinadora general de Milenio Feminista, afirmó que uno de los principales objetivos de las organizaciones de mujeres es crear un movimiento amplio de resistencia contra la discriminación y para demandar un cese a la violencia de género en todo el país.
 
La activista procedente de Sinaloa aseguró que en los últimos años en México hay un marcado retroceso en materia de DH, el cual ha sido encabezado por legisladores que reformaron las constituciones de 17 estados para penalizar el aborto, lo cual –abundó– se traduce en la criminalización, persecución y encarcelamiento de las mujeres.
 
En materia de participación política, añadió Reyes Chávez, las leyes electorales se modifican y dan marcha atrás a los avances en las cuotas de género, tal como sucedió en los estados de Chihuahua y Colima, donde la ley no obliga a los partidos políticos a postular un porcentaje mínimo de mujeres en las candidaturas a cargos de elección.   
 
Al mismo tiempo, la dirigente de Milenio Feminista acusó que desde la Cámara de Diputados se establecen mecanismos “informales e infinitos” para que los partidos evadan el cumplimiento de las cuotas.
 
Al respecto, Guadalupe Quijano García, representante del estado de Colima, agregó que integrantes de Milenio Feminista han estado cerca de los procesos que van contra los DH de las mujeres, pero no han logrado impedirlos, por lo que consideró necesaria la unión de fuerzas ante el contexto de crisis económica, política y social en México.
 
Las activistas consideraron también que ante el aumento de violaciones sexuales y del feminicidio, es urgente que se declare una Alerta de Violencia de Género (AVG) en todo el país, toda vez que autoridades estatales y federales, y los institutos de las Mujeres se han negado a implementar ese mecanismo en entidades como el Estado de México y Guanajuato, donde las mujeres han quedado en total indefensión.
 
Junto con María Luisa Sosa de la Torre, representante de Zacatecas, las integrantes de Milenio Feminista afirmaron que ante las próximas elecciones es necesario contar con un movimiento unido y articulado que realice un análisis profundo para revertir el retroceso a los DH de las mujeres.
 
Las feministas propusieron reuniones nacionales para reorganizarse y crear una agenda común de trabajo a más tardar a fin de año.

Recorta Calderón 200 por ciento a montos para SSyR


De 1,353.9 mdp pasa a sólo 497.9 mdp

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 21 sep 11 (CIMAC).- El Ejecutivo Federal proyecta recortar casi 200 por ciento los recursos para atender la salud sexual y reproductiva (SSyR) de las mujeres, según se desprende del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (PPEF) enviado a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre.

Para este año la Cámara baja aprobó mil 353.9 millones de pesos (mdp) a ese rubro contemplado en el Anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” del Presupuesto de Egresos; en contraste, la administración de Felipe Calderón contempla para 2012 únicamente 497.9 mdp.

El Ejecutivo plantea 3 mil 514.6 mdp para el ramo global de salud en el Anexo 10, lo que representa un recorte de 55 mdp a los 3 mil 569.6 mdp aprobados para 2011.

Así, el gasto federal proyectado para atender la salud reproductiva de las mexicanas (497.9 mdp)  sería el 36.7 por ciento de lo que se aprobó para este año.

Cabe recordar que el programa de salud reproductiva está enfocado para las mujeres con embarazo de alto riesgo y a la atención del cáncer cérvico uterino (Cacu) y de mama (Cama),  principales causas de muerte en las mujeres.

Para el programa de reducción de la mortalidad materna (MM), que coordina el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR),  se destinarán 242.3 mdp, lo que significa una reducción de 18.8 por ciento con respecto a los 298.5 mdp aprobados para 2011.

Este recorte se prevé a pesar de que uno de los objetivos del CNEGySR es disminuir la MM a través de una mejor atención de las complicaciones y urgencias obstétricas.

El Estado mexicano tiene la meta de reducir en 2015 la Razón de MM (RMM) a 22 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, sin embargo el objetivo parece muy lejano toda vez que hasta septiembre pasado la RMM era de 50.3 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos.

MONTOS A LA BAJA

Otro de los programas que viene a la baja en recursos –de acuerdo con el PPEF 2012– es el de prevención y atención del VIH-Sida, el cual pasaría de 94.3 mdp en 2011 a 65.8 mdp para el próximo año, lo que se traduce en una reducción de 28.5 mdp para atender ésta y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Estos recursos se utilizan para atender a mujeres con VIH, así como a las embarazadas para reducir la transmisión del virus vía perinatal.

Asimismo este gasto está dirigido a implementar campañas de prevención de la transmisión perinatal del VIH-Sida y a la distribución de paquetes de prevención de transmisión sanguínea para la población de usuarias de drogas inyectables.

Según datos de la Secretaría de Salud, sólo cerca del 50 por ciento de las personas con VIH tienen acceso a medicamentos en el sistema público de salud por lo que la pandemia no se ha resuelto, reconoce la propia dependencia.

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene 209 mdp menos para
implementar programas con perspectiva de género,  ya que sólo contaría con 277.5 mdp, casi la mitad de lo que recibió este año (487.2 mdp).

El mayor recorte de los recursos para fomentar la igualdad de género en la educación es en el rubro de diseño y aplicación de políticas de equidad y género, que en 2011 contó con 127.8 mdp y que ahora se propone sea de 53.1 mdp.

En tanto, los recursos para el programa de becas para madres adolescentes y jóvenes embarazadas prácticamente se mantiene igual, porque en 2011 se le asignaron 65.3 mdp y se planea otorgarle 65.4 para 2012, en un país donde según el Inegi el 12.4 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años tiene hijos.

11/AGM/RMB/LGL

20 de septiembre de 2011

Plan b Lydia Cacho

La conspiración de la locura 
Por Lydia Cacho*
 
Hace años recibí la llamada de una abogada que defendía gratuitamente a una mujer cuyo esposo intentó asesinarla a golpes. 
 
En el hospital del Seguro Social de Cancún encontré a la joven mujer amarrada a la cama, dopada. Intentaba hablar para pedirle a su madre que la sacara del hospital. El siquiatra en jefe, al recibir a la señora en estado de shock, decidió de inmediato diagnosticarla como paciente siquiátrica con “esquizofrenia y delirios”.
 
El médico no practicó los tests necesarios para el diagnóstico, ni validó los dichos de la paciente, ni respetó la Norma Oficial de Salud. Lo decidió a simple vista. Cuando el maltratador llegó al hospital, el siquiatra ordenó que se sedara a la paciente y autorizó que el esposo la visitara porque “mientras un juez no ordenara lo contrario, el marido tenía derecho sobre ella”.
 
Durante años la comunidad de Derechos Humanos de Cancún ha denunciado la ausencia de ética de un siquiatra, apodado “Avilés, el doctor esquizofrenia” por sus víctimas ex pacientes.
 
Hace unos meses este médico (asesor del DIF) decidió convertirse en testigo de un maltratador a cuya mujer él atendía. Después de años de vivir una relación de violencia psicológica, una mujer costarricense decidió pedir el divorcio del hombre adicto a la cocaína, sin trabajo y con un historial laboral de violencia. El esposo, convencido de ser su propietario, la mantenía amenazada y sin papeles.
 
La jueza responsable del caso validó las declaraciones del médico sin el menor cuestionamiento sobre la violación a los derechos de la paciente. 
 
Mientras tanto la comunidad terapéutica, como en casi todos los estados de la República, desunida y poco participativa, critica en los cafés las prácticas ilegales y perversas del siquiatra en cuestión, pero argumenta que no pueden quejarse ante el comité ético porque justamente Avilés fue presidente y aún lo controla.
 
Hay un historial en los juzgados de acusaciones de locura de las víctimas de violencia por parte de los victimarios y peritos.
 
A principios de su carrera, Sigmund Freud atendió a una gran cantidad de mujeres que reportaban abusos sexuales infantiles  perpetrados por sus padres. Fue así que publicó su teoría del incesto en 1896. Luego, ante la indignación de los científicos, en 1933 se retractó y aseguró que el incesto es sólo fantasía femenina. Entonces fue aplaudido por el patriarcado que le dio poder. 
 
Encarrerado, el doctor Sigmund popularizó la teoría del complejo de Edipo, lo cual propiciaría que hoy se termine incriminando a las víctimas (jueces y especialistas en salud mental siguen reivindicando a los pedófilos y tachando de fantasiosos y propiciadoras a niños, niñas y mujeres abusadas).
 
Sus teorías han permitido el encubrimiento doloso de la explotación sexual y de la violencia contra las mujeres durante siglos.
 
De allí que muchos  jueces y juezas, a pesar de las leyes sobre violencia de género y las claras teorías modernas sobre las dinámicas del poder en la violencia en el hogar, se alían a siquiatras y sicoterapeutas que se centran en lo intrasíquico y no toman en cuenta aspectos de poder y de género y raza, ni la socialización diferenciada por sexo; ajustando los juicios de divorcio y custodia a estereotipos culturales decimonónicos.
 
Ellas no dicen “me pega porque me quiere”, los jueces sentencian: “te maltrata porque estás loca”, “te viola porque lo provocas”.
 
Cualquier persona sometida a violencia sistemática, particularmente perpetrada por un ser querido, presenta variabilidad emocional; no es que esté loca, sino que vive en una situación desequilibrante. 
 
Si algo tienen en común los modelos tradicionales de psicoterapia y de justicia penal y familiar, es que dejan del lado los factores sociales. Sin capacitación en perspectiva de género, muchos jueces, ante el avasallante número de denuncias por violencia de pareja, de incesto o pederastia, se recargan en siquiatras y psicoanalistas que no hacen sino reproducir un añejo modelo sexista que revictimiza a las víctimas y empodera a los agresores.
 
Sumado a ello, la corrupción en el ámbito médico debe ser revisada; cualquier ciudadana o ciudadano debería tener a su alcance herramientas reales para defenderse de un médico que no solamente maltrata a sus pacientes y viola sus derechos, sino que, abusando del poder, se colude con miembros del Poder Judicial y con ello pone en peligro la vida y bienestar de sus pacientes.
 
La teoría de salud mental con orientación género-sensitiva hace énfasis en que, más allá de las técnicas, lo importante es su filosofía no sexista. Todo perito para casos de violencia de género y abuso sexual debe tener esa capacitación en México; ya es hora de exigirlo. 
 
www.lydiacacho.net y @lydiacachosi
 
* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá. 
 
11/LC/RMB/LGL

Sigue feminicidio, pero Veracruz no promulga reforma

 A un mes de tipificación, asesinan con saña a 2 mujeres   
Por Brisa Gómez, corresponsal 
 
Xalapa, 19 sep 11 (CIMAC/AVC).- A un mes de que el Congreso del estado de Veracruz aprobó la tipificación del feminicidio en la entidad, los asesinatos de mujeres continúan y el gobernador Javier Duarte no se decide a promulgar la legislación. 
 
Entre el pasado 23 de agosto (cuando el Congreso local aprobó la reforma que tipifica el feminicidio) y hasta la fecha, los medios de comunicación han reportado la muerte violenta de al menos dos mujeres en el estado: una adulta mayor asesinada en su casa, y una joven de unos 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue tirado a un río.
 
Ambos casos reúnen las características de feminicidio, pero no pueden ser considerados dentro de este tipo penal ya que la reforma no ha entrado en vigor. Los dos asesinatos siguen sin esclarecerse y no hay presuntos responsables. 
 
Por unanimidad, el Congreso estatal aprobó diversas reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales locales, así como a las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia, éstas propuestas por el gobernador Javier Duarte.
 
Además de la tipificación y sanción del feminicidio hasta con 70 años de prisión, se establecieron procedimientos de investigación, y sanciones para los impartidores de justicia y servidores públicos que desatiendan las denuncias de violencia de género.
 
En los artículos transitorios del decreto aprobado se estableció que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
 
Según cifras del Inegi, durante 2009 se registraron 101 asesinatos de mujeres en Veracruz con características que podrían ser determinadas como feminicidio, lo que coloca a la entidad en el lugar número 15 a nivel nacional en ese tipo de crímenes.
 
La violencia contra las mujeres es tal en el estado que en julio pasado la presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género del Congreso local, Martha Lilia Chávez, urgió a que se investigara la ola criminal que ha dejado 13 víctimas en lo que va del año en la región de la Alta Montaña, que abarca desde la sierra de Zongolica hasta la ciudad de Orizaba.
 
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) planteó incluso la posibilidad de que se declarara una Alerta de Violencia de Género en esa zona.
 
Además de Veracruz, otras seis entidades federativas han tipificado el feminicidio en sus legislaciones penales: Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos y el Distrito Federal. 
 
11/BG/RMB/LGL

Leyes de trata: maraña institucional ineficaz contra el delito



Activistas critican falta de presupuesto y personal capacitado  

Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México, DF, 20 sep 11 (CIMAC).- La ley nacional y las 16 legislaciones locales para el combate de la trata de personas son inoperables porque carecen de presupuesto y claridad en la definición de las facultades de las instituciones encargadas de atender el problema, afirmaron especialistas. 
 
A ello se suma la falta de voluntad política de las autoridades para prevenir, atender y sancionar el delito de trata, aseguró Emilio Muñoz, director del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local. 
 
De acuerdo con el activista, el otorgamiento presupuestal para estas leyes queda a la “libre voluntad” de los congresos federal y de los estados, por lo que “las deja inoperables”. Esa situación permite que la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral siga “creciendo”.
 
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en 2007 en el Diario Oficial de la Federación, no atiende la trata interna y se basa en la trata internacional, por ello las entidades federativas comenzaron a crear sus propias legislaciones a partir de 2008. 
 
Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo son algunas de las 16 entidades que crearon una ley para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. 
 
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año en México 20 mil personas son tratadas con fines de explotación sexual o laboral. 
 
Según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, el 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas, y entre el 15 y 20 por ciento son niños. En el 80 por ciento de los casos la trata de personas es con fines de explotación sexual.
 
A decir de Emilio Muñoz, la “debilidad institucional” –que consiste en la falta de claridad de atribuciones y de capacitación del personal, así como la prevalencia de la impunidad– deriva en la falta de resultados en el combate a la trata.
 
Puso de ejemplo que a cuatro años de que se tipificó la trata de personas en el Código Penal de Tlaxcala y a dos de la promulgación de la ley local, “hay 40 denuncias de trata y ninguna sentencia (en ese estado)”. 
 
“¿De qué sirve que la ley establezca hasta 40 años de prisión por este delito si la inoperancia de las legislaciones impide que los tratantes sean condenados?”, criticó Muñoz y agregó que la falta de resultados demuestra que no hay voluntad política de las autoridades para sancionar y erradicar este delito. 
 
De acuerdo con Mónica Salazar, directora y coordinadora del programa de Trata de Personas del Instituto para las Mujeres en la Migración, la ley nacional y las legislaciones locales “sirven en materia enunciativa, pero no han tenido impacto” en el combate a la trata de personas. 
 
Lo anterior se debe –indicó– a que “el Estado está rebasado, ni siquiera hay recursos humanos capacitados y sensibilizados para atender adecuadamente la problemática”.
 
Además, aseveró que la legislación no establece con claridad cuáles son las facultades de las instituciones de gobierno y de las entidades federativas para combatir el delito. Por ejemplo, apuntó, “cuando una mujer es enganchada en un estado y explotada en otro, no se sabe quién debe asumir la responsabilidad y proteger a la víctima y sancionar a los culpables”. 
 
Otra de las deficiencias para atender el problema es la falta de investigación de las redes de trata, y de protección a las víctimas. “Es común que estas mujeres en lugar de ser tratadas como víctimas del delito sean acusadas de ser cómplices”, advirtió Emilio Muñoz. 
 
Esta circunstancia es posible porque la ley nacional señala que cuando hay “consentimiento” para ser explotadas no hay delito que perseguir, abundó el activista. 
 
Entonces las autoridades “les dicen (a las mujeres) que denuncien a los tratantes o las considerarán culpables cuando es difícil que ellas delaten a los delincuentes, toda vez que las tienen amenazadas con matar a sus hijos o sus familias”, observó. 
 
En tanto, el mensaje social que envían las autoridades federales y locales es que “se puede explotar a las mujeres porque no va haber castigo”. 
 
Por ejemplo, en Puebla ante la inoperancia de las autoridades, se creó una red familiar de protección para rescatar a las víctimas y para evitar que otras “caigan” en las redes de tratantes. 
 
Una nueva ley general de combate a la trata de personas, como la que actualmente revisa la Cámara de Diputados, podría ayudar a la atención del problema, aunque también está el riesgo de seguir “cargándonos de leyes que al final no operan”, lamentó Muñoz. 
 
Al respecto, Mónica Salazar expresó que después de tres años de “prueba y error” con la actual ley nacional, aprobar una nueva ley significaría “un paso atrás”, pues restaría los “avances” logrados y “difícilmente” tendrá un “adecuado acogimiento de las autoridades”. 
 
Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), señaló que la ley general contra ese delito pretende uniformar los tipos penales, las sanciones y distribuir las competencias entre las instituciones competentes para lograr la protección de las víctimas, la prevención de este crimen y la persecución de los tratantes. 
 
La ley general, que se presentó el pasado 3 de agosto ante el Congreso, está en espera de ser votada en el pleno de la Cámara baja. “Queremos que se apruebe antes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que reciba recursos y se implemente lo antes posible”, subrayó Ulloa. 
 
11/GCJ/RMB

El lenguaje de las víctimas se expresa con el corazón




Por Alma Leticia León
Puebla, Pue.19 de septiembre 2011.- En su paso por Puebla, el último punto antes de llegar a México, DF, la manifestación de la “Caravana al Sur” del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,  llegó a las 15:00 horas a esta capital, donde Javier Sicilia consideró que el problema de México no es el presidente Felipe Calderón Hinojosa, sino la clase política en su conjunto, la cual se ha alejado de la sociedad
El escritor consideró que es necesario replantear la Nación, pues está demostrado que el problema de la seguridad no se arregla con la militarización del país.
Reconoció que esta marcha, a diferencia de la anterior, ha sido criticada porque en su ruta de 11 días por entidades del sur han participado muchas organizaciones, cuando lo que le daba cuerpo y fuerza al movimiento era la "visualización de las víctimas".
Admitió que "el lenguaje de las víctimas se expresa con el corazón, con el dolor, con lo humano. Por desgracia, el lenguaje de las organizaciones no se ha renovado, se expresa con la consigna, se expresa con lenguajes anquilosados, que borran lo humano y el agravio que hay detrás. Las organizaciones no se renuevan en sus discursos y a fuerza de la ideología terminan la demanda profunda, el agravio profundo, la frescura de las víctimas inmediatas que hemos perdido un hijo que buscamos a un desaparecido, que perdimos a un familiar”.
Sin embargo, recalcó también,  que si bien es posible cuestionar el discurso ideológico de las organizaciones, “lo que no podemos cuestionar son las causas; por desgracia debemos trabajar mucho, sumergirse en el discurso para saber que también hay víctimas. Yo creo que las víctimas nos unen, las víctimas de esta guerra absurda, las víctimas del crimen organizado, las víctimas del Ejército o de la Policía, las víctimas de la guerra”.
“Puebla, aquí estamos, Puebla, dijo, y creo que tenemos que trabajar juntos para transformar el país, rehacer tejido social significa volver a plantear la postura ideológica y empezar a pensar humanamente, por eso el discurso de las víctimas es tan profundo, da al corazón de la realidad, da al corazón de lo que hemos perdido, es lo humano, y el hecho de la caravana es visibilizar ese humano perdido en el proceso económico o en los procesos ideológicos, la fraternidad, la paz, la amista, la solidaridad, esto es lo que tiene que hacer México y es lo que tenemos que consolidar”.
Antes, activistas poblanos saludaron al contingente señalando que arribaban a  una entidad en el que la muerte se maquilla mientras se promueve la violencia, en donde ninguna autoridad es responsable de sus acciones, en donde la impunidad es política oficial”,
Denunciaron el secuestro masivo de migrantes ocurrido en Lara Grajales, Puebla en octubre de 2008, al asesinato de la estudiante de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla, Thalía Martínez Ramírez, y al niño pastor de Petlalcingo, Osvaldo Zamora Barragán, quien resultó mutilado por la explosión de una granada olvidada en un campo por el Ejército Mexicano, mientras el gobierno y el Ejército, en lugar de asumir su responsabilidad con una vida que arruinaron con sus armas y sus políticas negligentes, buscan la manera de deslindarse, de ocultar la tragedia; un lugar en el que tres mujeres de nombre María pueden ser asesinadas de la misma forma, en la misma colonia y en la misma semana y la versión oficial diga que no tienen nada en común”.

19 de septiembre de 2011

A unas horas del arribo de la Caravana al Sur, ONGs denuncian la realidad que se vive en Puebla.



A la “Caravana al Sur” del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
A las víctimas de la guerra



Bienvenidos a Puebla, un estado en el que la muerte se maquilla mientras se promueve la violencia, en donde ninguna autoridad es responsable de sus acciones, en donde la impunidad es política oficial.

El terrible asesinato de Juan Francisco Sicilia abrió una herida por la que los dolores de todos comenzaron a derramarse, como la rabia y la indignación que se fue expandiendo y que tomó poco a poco el nombre de cada muerto buscando nombres y apellidos de tantos sin nombre que han quedado debajo de la tierra ocultos por ese silencio tan estruendoso y absoluto que impone la guerra. Una guerra que viene de arriba, una guerra que no es nuestra, una guerra que a puesto en voz de todos la consigna que recorrió Morelos el 6 de abril de 2011: “Queremos vivir”, detrás de esta demanda, de la exigencia desesperada vino lo que comienza a constituirse quizás como un movimiento, lo que busca su forma y que con la diversidad que lo nutre tendrá que ir tomando la forma de ese NO colectivo, de todos, de todas, los sin nombre. 

Bienvenidos al lugar de paso donde 60 migrantes pueden ser secuestrados y mutilados y quienes los ayudan son encarcelados; donde Thalía Martínez Ramírez y más de 3 mil mujeres desaparecidas se convierten archivos olvidados; donde el lavado de dinero pasa desapercibido a pesar de que aparezcan de la noche a la mañana rascacielos que permanecen vacíos y en donde el número de casas de cambio y casinos compite con el de las misceláneas; en donde al niño de 11 años Osvaldo Zamora Barragán le puede estallar una granada mientras el gobierno y el ejército, en lugar de asumir su responsabilidad con una vida que arruinaron con sus armas y sus políticas negligentes, buscan la manera de deslindarse, de ocultar la tragedia; un lugar en el que tres mujeres de nombre María pueden ser asesinadas de la misma forma, en la misma colonia y en la misma semana y la versión oficial diga que no tienen nada en común.

La guerra se incrementa, se acerca, los intentos de la Sedena, del Ejecutivo y del Congreso por aprobar la Ley de Seguridad Nacional muestran nuevamente la estrategia de reforma y aprobación de  leyes a espaldas del pueblo, poco a poco aprueban lo que es necesario para legalizar todos los abusos que han cometido contra el pueblo mexicano en esta guerra en la que los de abajo ponen los muertos. Puebla es resguardo de Narcos, de poderosos criminales que conviven con el poder, que habitan con él y viven de él. Aquí en Puebla, como en todos lados, el cambio de gobierno y las famosas alianzas políticas solo cambiaron de color las calles imponiendo sus membretes por todos lados, operando no solo de la misma forma impune que con el “gober precioso”, sino aún peor. Porque es más evidente que algo pasa, que huele a guerra, mientras el gobierno insiste en que no pasa nada y en que todo está bajo control porque hay ejército en las calles.

Bienvenidos a las tierras donde las corporaciones policíacas ven con más sospecha a un defensor de los migrantes que a un capo del narcotráfico; donde un gobernador puede vincularse a redes de trata de personas sin que haya consecuencias porque el que le sigue está más preocupado por construir su propia impunidad que por proteger a las víctimas; a donde el gobierno de Estados Unidos con 5 millones de dólares y el de Puebla con 200 millones de pesos anunciaron la instalación de una presunta “Academia de Policía”, una obra de la que no se ha sabido nada más y que permanece en la penumbra  y la ambigüedad que distingue a los gobiernos de este país cuando se trata de dinero público; al lugar en el que el encargado de la seguridad pública estatal es un impulsor activo de la Ley de Seguridad Nacional, un ejecutor gustoso de la represión, amante de la militarización, un promotor de la violencia.

El dolor que esta contenido debajo de los suelos de cada pueblo busca por dónde salir, algunas voces salen y caminan por las calles, otras gritan, otras tejen, otras esperan a que la honestidad abra camino para salir de nuevo, para encontrarse con otros afectados, con quienes no han tenido voz, quienes son amenazados, quienes quizás nunca han estado organizados y no buscan un membrete, un representante o un partido. Es duro lo que se juega ahora, es la esperanza de millones de mexicanos que antes que nada tenemos que parar la guerra y que vemos en su paso por Puebla una esperanza que se expande, que brota y que esperamos que germine, ya habrá momento esperamos de que los sin voz tengan su voz, de que los que aún esperan salgan y de que todos escuchemos los susurros que llegan de los vivos y de los muertos.

Esperamos que su palabra llegue lejos, tan lejos que inspire más y nuevos caminos hacia la paz, que nuestra indignación de formas, modos y lugares multicolores alcance a construir esa paz con justicia y dignidad que por fin nos permita continuar con la transformación de este país sumido en la destrucción.

Puebla 18 de septiembre de 2011

Nodo de Derechos Humanos
Enlace Urbano de Dignidad
Unión de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Puebla
Comisión Takachiualis de Derechos Humanos
Proyecto de Animación y Desarrollo (PRADE)

18 de septiembre de 2011

Se impone el masculino genérico


La Consejería de Educación envía circulares a los centros en las que explica que su nuevo libro de estilo hace innecesario el uso explícito del femenino

Oviedo, Asturias.- A partir de ahora sólo habrá profesores y alumnos; las profesoras y alumnas se sobreentienden. Dos circulares oficiales de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, con destino a los centros docentes ante la llegada del nuevo curso escolar, especifica que de ahora en adelante «todas las referencias para las que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres».

El nuevo libro de estilo no ha gustado a algunos. La presidenta de la junta de personal docente no universitario, Beatriz Quirós, elevó su queja, no formal, a la propia consejera, Ana Isabel Álvarez. La decisión, sin embargo, está tomada y evitará en lo sucesivo una parafernalia verbal bien intencionada, pero a veces cercana a lo absurdo por lo reiterativo de la diferenciación de género: Profesores y profesoras asturianos y asturianas que se ganan la vida enseñando a niños y niñas, chicos y chicas; alumnos y alumnas todos y todas...

Vale el ejemplo caricaturizado de lo que es una moda que entronca con lo políticamente correcto y de la que fue precursor el anterior lehendakari, Juan José Ibarreche («vascos y vascas») y llevó a sus últimos extremos la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído («miembros y miembras»).

Las dos circulares sobre el funcionamiento de los centros escolares en el curso 2011-12 han quedado en un segundo término a causa de ese triunfo del masculino genérico para los textos, de aquí en adelante, de la Consejería de Educación. Son circulares oficiales que dejan entrever cierta voluntad continuista, al menos en las grandes líneas maestras de la enseñanza pública en el Principado. Se mantienen, por ejemplo, el programa Escuela 2.0 de integración de nuevas tecnologías, programa que se extiende durante el presente curso a los centros que imparten 1.º de la ESO. Otro programa que no se toca es el de Orientación, Apoyo y Refuerzo (PROA), e incluso la nueva Administración educativa explicita que se llevará a cabo «en los mismos centros y condiciones». El PROA era una de las iniciativas que la Consejería de Herminio Sastre cuidó especialmente.

La primera circular, que ha llegado a todos los directores de centros, especifica el funcionamiento de los mismos. La segunda se centra en la actuación de los equipos de orientación. En ambas se recoge la puesta en marcha del masculino genérico.

En una de las circulares se explican las condiciones y los precios para el uso del transporte y el comedor escolares. El precio del comedor con gestión directa por parte del centro es de 3 euros por comensal y día.