En 18 años, murieron más de 3 mil niñas por causas maternas

Internan a 9 de cada 10 por complicaciones en embarazo
 
Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 14 abr 11 (CIMAC).- En México, el 83 por ciento de todas las hospitalizaciones de niñas y mujeres adolescentes de entre 10 y 19 años de edad –atendidas en nosocomios de la Secretaría de Salud (Ss)– se derivó de complicaciones relacionadas con el embarazo, parto, puerperio y aborto. 
Un análisis realizado por IPAS-México, de los egresos hospitalarios de las mujeres atendidas por la Ss durante 2009, detalló que las causas ligadas a la maternidad representan el primer factor de hospitalización de niñas y adolescentes en ese rango de edad. Destacan las complicaciones en partos y abortos, acotó la organización civil. 
Rafaella Schiavon Ermani, directora de IPAS-México, informó en entrevista con Cimacnoticias, que en el caso especifico de niñas de entre 10 y 14 años, una de cada tres fue hospitalizada por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, lo que representa el 29.7 del total de hospitalizaciones de niñas y adolescentes de hasta 19 años que fueron internadas por esas mismas causas.
De los egresos hospitalarios de niñas entre 10 y 14 años atendidas en nosocomios de la Ss durante 2009, sobresalen casi 4 mil 800 atenciones por parto y mil 326 por aborto. 
Mientras que para el grupo de edad de 15 a 19 años, Schiavon Ermani precisó que casi nueve de cada 10 adolescentes fueron  hospitalizadas por las mismas razones, es decir 88.4 por ciento. De estas atenciones, 163 mil fueron por parto y 28 mil 212 por aborto, lo que suma un total 191 mil 212 casos. 
El embarazo temprano es considerado por los especialistas, como un problema desde diferentes ópticas, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil.  
De acuerdo con el programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), las madres jóvenes enfrentan un riesgo superior de perder la vida debido al embarazo y el parto, y sus hijas e hijos tienen niveles más altos de morbilidad y mortalidad.  
Al respecto, Schiavon Ermani precisó que el total de muertes maternas en México entre 1990 y 2008 es de 24 mil 872 por complicaciones en el embarazo, aborto, parto y puerperio. De estas mujeres fallecidas, aproximadamente el 13 por ciento tenía entre 15 y 19 años de edad.  
“Esto significa que en este lapso han muerto alrededor de 3 mil 300 adolescentes menores de 19 años por embarazo y parto”, advirtió.  
La directora de IPAS-México agregó que si se analiza el número de defunciones femeninas durante 2009, registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se puede concluir que en el grupo de 15 a19 años el 5.64 por ciento falleció por causas ligadas a la maternidad. 
Con ello, abundó, las complicaciones por embarazo, parto, puerperio y aborto son la cuarta causa de fallecimientos de mujeres, sólo después de los accidentes de tránsito (10 por ciento), suicidios (8.5 por ciento) y homicidios (7 por ciento), y antes de las leucemias (4.9 por ciento).  
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, elaborada entre el Inegi y el Consejo Nacional de Población (Conapo), en México hay 5 millones 264 mil 133 niñas entre 15 y 19 años de edad. 
El sector adolescente se ha incrementado sustancialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, representando en la actualidad una quinta parte del total de la población.  
Hasta 2005, reporta IPAS, el promedio nacional de nacimientos en adolescentes fue de 17.2 por ciento, promedio superado por los estados del norte y sureste de la República Mexicana (con 18.6 por ciento), donde a partir de 2008 se reformaron las constituciones locales para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación” y prohibir el aborto. 
Datos de la misma organización basados en la Enadid 2009, demuestran que la tasa específica de fecundidad entre adolescentes (de15 a 19 años) entre 2006-2008, se estima en 70.4 hijos por cada mil adolescentes.
 
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Comisión de Equidad respalda iniciativa contra las mujeres

En hecho insólito, apoya ley que viola derechos reproductivos
Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 13 abr 11 (CIMAC).- Con el aval de la Comisión de Equidad y Género y del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, esta
semana el pleno legislativo discutirá y eventualmente aprobará el dictamen para crear una ley que obligue a las mujeres a concluir sus embarazos aunque no sean deseados.
La iniciativa para crear la Ley de Protección a la Salud Materna, presentada por la diputada federal del PAN Paz Gutiérrez Cortina en diciembre pasado, pretende garantizar que las mujeres lleven a término la gestación de sus embarazos, sean deseados o no, destacando que la maternidad inicia al momento de la “concepción”.

En entrevista con Cimacnoticias, Daniela Díaz Echeverría, responsable de proyecto de mortalidad materna y presupuesto público de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que el dictamen aprobado en comisiones “es una propuesta tramposa porque mientras arguye al derecho de las mujeres a elegir cuántos hijos quieren tener y el espaciamiento entre ellos, enfatiza que las mujeres deben concluir el embarazo”.
En diciembre de 2010, la panista Paz Gutiérrez Cortina presentó la iniciativa de Ley de Protección a la Salud Materna ante el pleno de la Cámara baja y se turnó a la Comisión de Salud. En marzo pasado se turnó nuevamente a esa comisión pero con la opinión de las comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Comisión de Equidad y Género emitió una opinión en “sentido positivo” respecto a una iniciativa de ley que atenta contra los derechos reproductivos de las mexicanas, comentó Daniela Díaz.
Cabe señalar que el dictamen fue elaborado en colaboración con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, organismo que no se especializa en salud sexual y reproductiva, aunque fue creado a iniciativa de la Comisión de Equidad y Género como un mecanismo para analizar la desigualdad que padecen las mexicanas y proponer soluciones.
Daniela Díaz, también integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres, señaló que en la creación del dictamen de Ley no participaron las y los especialistas en el tema de la academia y de las organizaciones, “ni siquiera se consultó al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), de la Secretaría de Salud (SSa)”.
La nula participación de las personas expertas en el tema se refleja en el contenido del dictamen de la ley, cuyos artículos refieren que “la decisión de las mujeres respecto a la interrupción del embarazo, queda en manos de terceros”, detalló Díaz.
Por ejemplo, el artículo 35 de la propuesta de Ley de Protección a la Salud Materna señala que a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo se les practicara un ultrasonido previo al procedimiento y también recibirán consejería de “un comité de bioética” de los hospitales, con lo cual “la decisión de las mujeres debe pasar por el ‘personal calificado’”, sostuvo la activista.
Mientras que en el artículo 36 refiere que la interrupción debe tomarse con información previa y ante “dos testigos y el profesional de la salud”.
Como parte de la información previa están alternativas para que las mujeres lleven a término el embarazo, como la adopción, las cuales son apoyadas por organizaciones, señala el dictamen de Ley. De acuerdo con la investigadora de Fundar, quienes están a cargo de prestar esta “ayuda” son organizaciones “conservadoras” como Provida.
Además, la especialista criticó que el dictamen considera que la maternidad “inicia con la concepción del hijo y termina con la muerte de la madre o del hijo”, pues este concepto “obedece a cuestiones religiosas y no a evidencia científica”, explicó la integrante de Fundar.
Díaz también refirió los vacíos de la propuesta de Ley, ya que a pesar de que lleva el nombre de Protección a la Salud Materna, no vincula a las instituciones involucradas, tampoco plantea cuáles deben ser los mecanismos, así como recursos económicos y humanos para alcanzar este objetivo.
 De igual modo, ignora los programas Arranque Parejo en la Vida y el de Emergencias Obstétricas: “No establece los mecanismos para que su propuesta pueda materializarse, tampoco la vincula a políticas de empleo; lo único que importa es que las mujeres concluyan el embarazo”.
La especialista concluyó que esta iniciativa no debe ser aprobada, pues su aprobación “atenta contra la autonomía de las mujeres y sería una legislación mediocre en el tema de protección a la salud materna”.

El 27 por ciento de la población apoya castigo a quienes aborten

Prevalece discriminación contra las mujeres: Enadis 2010   
Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 13 abr 11 (CIMAC).- Al igual que hace cinco años, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (Enadis) dejaron al descubierto que prevalece la condena social contra la libertad y autonomía de las mexicanas para decidir sobre sus cuerpos.  
El 27 por ciento de la población dijo estar de acuerdo en que a una mujer se le castigue por haber abortado, y el 8.6 por ciento de las encuestadas afirmaron que piden permiso a su pareja para tomar anticonceptivos. 
La Enadis 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se presentó ayer, precisa que cuatro de cada 10 mujeres pide permiso o avisa para utilizar anticonceptivos. 
De ellas, el 14.4 por ciento corresponde a nivel socioeconómico muy bajo; 8.7 por ciento, bajo; 10.3, medio, y 2.4 por ciento, alto; lo que refleja que a medida que aumenta el ingreso económico también crece la tendencia a no pedir permiso para el uso de anticonceptivos.
 La primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México se realizó en 2005 entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Conapred, y sus resultados –si bien las preguntas fueron diferentes– dejan de manifiesto que se mantienen las actitudes discriminatorias contra las mujeres.
 
DESEMPLEO Y VIOLENCIA, LAS CONSTANTES
 
La investigación de 2010 arroja que dos de cada 10 personas consideran que el principal problema de las mexicanas es la falta de empleo, seguido por los problemas relacionados con la inseguridad, abuso, acoso, maltrato y violencia. 
Así, en las ciudades de México, Querétaro y Toluca los problemas relacionados con el empleo son los que en mayor medida perciben las mujeres, mientras que en urbes como Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana, los problemas más graves se relacionan con la delincuencia e inseguridad. 
En materia de violencia, 3.1 por ciento de las y los encuestados considera que se “justifica mucho” pegarle a una mujer; mientras que el 66.3 por ciento de mujeres y 58.9 por ciento de hombres  encuestados opina que se les golpea “mucho” a las mexicanas.  
En este tema, la Enadis 2005 mostró que el 96 por ciento de los encuestados calificó como “injustificable” que un hombre le pegue a una mujer. 
De acuerdo con los resultados de ese año, uno de cada cuatro encuestados dijo estar de acuerdo en que muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres, y uno de cada cinco consideró que “es natural” que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres.
En lo referente al trabajo doméstico, la Enadis 2010 revela que las mujeres de 12 años y más dedican el 84 por ciento de su tiempo al trabajo en su hogar; mientras que el 42 por ciento de las mujeres que trabajan sólo recibe un ingreso de hasta dos salarios mínimos.
En tanto que las mujeres que se dedican al trabajo del hogar señalan que entre los principales problemas que enfrentan están los  bajos sueldos, los abusos, maltratos, humillaciones y discriminación. Éste último flagelo ocurre en mayor porcentaje en las zonas metropolitanas de Toluca, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. 
De las personas que realizan trabajo del hogar en México, ocho de cada 10 no cuentan con seguro médico; seis de cada 10 no tiene vacaciones; y casi la mitad no recibe aguinaldo. 
Las entrevistas realizadas del 14 de octubre al 23 de noviembre de 2010 en 13 mil 751 hogares, y que arrojaron información referente a 52 mil 95 personas, también indican que en México el 40 por ciento de las mujeres pide permiso a sus esposos para salir sola en la noche.  
En coincidencia, la Enadis 2005 reflejó que para nueve de cada 10 mujeres encuestadas en México sí hay discriminación contra las mujeres, y que en los dos espacios donde se ejerce en mayor  medida son el trabajo y la familia. 
En cuanto al sufragio, la Enadis 2010 señala que 7.7 por ciento de las mujeres señaló que pide permiso a su esposo o compañero para votar y 18.6 por ciento avisa por quién lo hará. Los ámbitos en los que se muestran las consecuencias de la discriminación son múltiples. En materia educativa también se reveló que 24 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años no estudia ni trabaja. 
A pesar de estos resultados, llama la atención que el 33.2 por ciento de las y los encuestados afirma que en México se respetan los derechos de las mujeres.  


“PRÁCTICA SISTEMÁTICA” 
 
Los datos relativos a la desigualdad de género reflejados en la encuesta, afirma el Conapred, muestran las prácticas discriminatorias sistemáticas que han sido reproducidas a lo largo de muchos años en nuestro país. 
De acuerdo con el Consejo, prevalece “una visión de dominio masculino en el que las mujeres deben cumplir funciones específicas y limitadas, con consecuencias serias para que puedan realizar el ejercicio pleno de sus derechos”. 
“La discriminación en contra de las mujeres es una realidad que tiene consecuencias concretas y reales en la vida de millones de personas cuyos derechos están formalmente protegidos por un extenso aparato normativo nacional e internacional”, añade el Conapred. 
En el documento se asegura que la discriminación en contra de las mujeres es poderosa porque se asume y se justifica como lo que “debe ser”, y agrega que con la Enadis se muestran elementos para cuestionar el estado de las cosas y revertir una condición de discriminación que no es justificable.
 
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Una de cada 10 niñas mexicanas se dedica al hogar

Se les niega su derecho a la educación: ONU

Por Gladis Torres Ruiz 

México, DF, 12 abr 11 (CIMAC).- En México, una de cada 10 niñas de 12 a 17 años se dedica a los 
quehaceres del hogar, por lo que se les está negando su derecho a la educación, afectando su proyecto de vida y el de las futuras generaciones, coinciden instituciones y grupos de la sociedad civil.
La Organización de la Naciones Unidas (ONU) señala que cuando se impide que una niña asista a la escuela o cuando el cansancio derivado de la carga de trabajo que tiene en su casa le impide prestar atención a la clase, se le está negando su derecho a la educación.
En México la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim), en su reporte 2008 “La Infancia Cuenta en México”, observa que el porcentaje de niñas que se dedica a los quehaceres del hogar varía dependiendo de la entidad federativa y que en promedio nacional una de cada 10 niñas de 12 a 17 años se dedica a dichas actividades.
Advierte que son las niñas indígenas y las que viven en zonas rurales las más afectadas. Chiapas es el estado que ocupa el primer lugar al tener 28.9 por ciento de niñas en esta situación, y el menor es Sonora con 5.8.
En el Estudio Nacional sobre Violencia de Género en las Escuelas Primarias y Secundarias Públicas de México, realizado por la Secretaria de Educación Publica (SEP), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se asienta que 53.4 por ciento de alumnas y alumnos de cuarto y quinto año de primaria dice que ayuda a su papá en su trabajo.
Del total de alumnas y alumnos de primaria que trabajan, el 65.3 por ciento son niños y el 41.2 por ciento niñas, se indica que estas prácticas tienen lugar sobre todo en lugares donde se carece de infraestructura básica, servicios y empleos bien remunerados para las y los jefes de familia.
En la ficha informativa número 12, la ONU afirma que en general el promedio de asistencia de las niñas a la escuela es inferior a la de los niños, y que una de las principales causas es la carga de trabajo que tienen en el seno de la familia y fuera de la familia.
“A menudo se retiene a las niñas en el hogar para que ayuden a la familia, porque no se reconoce el 
valor social y económico de educar a las niñas”.
Como consecuencia de ello, agrega el documento de la ONU, las niñas sin acceso a la educación son privadas de conocimientos y habilidades necesarias para mejorar su vida.
“Cuando una niña lleva el peso de las responsabilidades en las tareas del hogar mientras su hermano estudia, juega o se dedica a sus intereses o pasatiempos, se le está discriminando y violentando sus derechos”.
En el artículo “La evolución del acceso a la educación por géneros en México”, publicado en la Revista Digital Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se indica que una mujer con un mayor nivel de educación se inclinará a tener pocas hijas e hijos y más sanos.
“Ella fomentará el interés por la educación en sus hijas e hijos, haciendo posible a las futuras generaciones aprender y contribuir de una mejor manera en la sociedad. Una mujer con mayor nivel 
de educación estará más preparada para ingresar al sistema laboral y contribuir para mantenerse a ella y a su familia”.
En el texto, los investigadores Jessica Lorena Escobar Delgadillo y Jesús Salvador Jiménez Rivera indican que en los países en desarrollo la educación de las mujeres y su capacitación para el sistema laboral son una manera eficaz para combatir la pobreza.

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Lanzan campaña nacional para tipificar feminicidio

Buscan activistas incidir en reformas penales en los estados

Guadalupe Cruz Jaimes y Anayeli García Martínez

México, DF, 12 abr 11 (CIMAC).- Con la finalidad de impulsar una reforma integral a los Códigos Penales de los estados y de procedimientos penales para tipificar el feminicidio como delito, esta mañana se presentó en conferencia de prensa, la “Campaña Nacional por la Tipificación del Feminicidio que México Necesita”.
Impulsada por la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio  (OCNF) entre otras ONG, la campaña pretende evitar reformas “fast track” como ocurrió en el Estado de México.
En esa entidad la iniciativa para tipificar el feminicidio se aprobó “al vapor” con el propósito de simular acciones en contra de los homicidios de mujeres, sin discutir la problemática con detenimiento, para poder acreditar el delito y  “dar justiciabilidad a las mujeres asesinadas”,  dijo Patricia Bedolla, de la Academia Morelense de Derechos Humanos.
Cabe recordar que tras la aprobación en el congreso estatal, las organizaciones solicitaron al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto,  vetar la reforma pero no lo hizo, y por el contrario ordenó su publicación en la Gaceta del Gobierno del estado, por lo cual, ahora exigirán a los candidatos a la gubernatura de la entidad que incluyan en su agenda la derogación de esa reforma.
Las integrantes de la campaña informaron que enviarán cartas a gobernadores, Congresos locales e institutos de las mujeres de los estados, para solicitarles un debate abierto que permita promover un tipo penal “objetivo”.
De igual modo, pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que cumpla el compromiso de elaborar un diagnóstico del feminicidio en el país.
Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de diputados, precisó que en México es necesario tener un tipo penal autónomo para sancionar el homicidio doloso de mujeres ya que no es un “asesinato simple”.
Se trata de un crimen “multiofensivo” pues en la mayoría de los casos los cuerpos presentan lesiones, evidencia de violencia sexual y se tiene registro de que las víctimas fueron privadas de su libertad.
Por ello, considerarlo como “homicidio calificado” por la alevosía, premeditación y ventaja, es insuficiente para poder sancionarlo.  Se debe “englobar lo que significa asesinar a una mujer después de haber abusado de ella”, detalló Incháustegui.
Tan sólo durante 2010 se registraron más de mil 400 asesinatos de mujeres en 15 estados del país,  de los cuales en el 70 por ciento se desconoce la causa del homicidio y el paradero del responsable, informó María de la Luz Estrada,  coordinadora del OCNF, quien destacó la importancia de que en las reformas a los Códigos se estipule claramente como obligación para los estados, el registro de la violencia contra las mujeres, toda vez que actualmente la realización de esas estadísticas sólo es obligatoria para la Federación.
Patricia Bedolla, de la Academia Morelense de Derechos Humanos, organización que pertenece a la Campaña Nacional, refirió que deben eliminarse de los Códigos Penales conceptos como “asesinato por odio o misoginia”, pues estos quedan a valoración de los servidores públicos.
Dichos elementos “subjetivos”, sostuvo, no permiten la acreditación, por el contrario invisibilizan la problemática y permiten que los casos de feminicidio queden impunes, como ocurrió con la reciente tipificación del delito en el Estado de México.
Sobre el tema, en entrevista durante el Foro “Más Mujeres decidiendo por México”, Marcela Lagarde,  presidenta de la Red Nacional por la Vida y la Libertad de las Mujeres, insistió en que el feminicidio implica abordar la discriminación contra las mujeres y la violencia de género, y tomar en cuenta situaciones que expresan y reproducen relaciones desiguales de poder y que perpetúan la subordinación y la exclusión de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural.
Para la antropóloga feminista es hora de realizar una discusión profunda sobre el tema toda vez que se están presentando iniciativas al respecto en varios estados del país. 
Propuso que se instale una subcomisión de trabajo que analice tales iniciativas a fin de que las y los legisladores en las entidades “retome lo mejor” de cada una de ellas.
Además de promover la tipificación de este delito, la Campaña Nacional tiene por objetivo sensibilizar a la población en general acerca del feminicidio, sus causas y consecuencias, debido a la falta de reconocimiento de este delito entre la población.
Como parte de sus actividades, se realizarán foros en las distintas entidades federativas para visibilizar los obstáculos y beneficios de la tipificación del delito, entre otras acciones.


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Persiste rezago en acceso a anticonceptivos para las adolescentes

Opacidad en resultados de Programa de Salud Sexual

 Gladis Torres Ruiz

México, DF, 12 abr 11 (CIMAC).- A pesar de la implementación del Programa de Acción en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en México, de la Secretaría de Salud, aún persiste el rezago en el abasto y acceso de las jóvenes a los métodos anticonceptivos, consideró Rafaella Schiavon Ermani, directora general de IPAS-México.
En entrevista con Cimacnoticias, la activista destacó que a un año de que finalice la implementación de ese programa, se ha logrado un cambio cultural al impactar en “el deseo de no embarazarse” de las adolescentes aunque su acceso a los métodos todavía es limitado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, en México hay 5 millones 264 mil 133 mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años de edad; de ellas, 671 mil 572 adolescentes han estado alguna vez embarazadas.
Schiavon Ermani señaló que al no estar cubierta la necesidad de anticonceptivos muchas de las jóvenes recurren a abortos inseguros. Tan sólo en las últimas dos décadas 13 por ciento de las muertes por aborto se registraron en adolescentes, detalló.
De acuerdo con la Enadid correspondiente al 2006,  el 95.2 por ciento de las adolescentes conocían los métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo, pero 9 de cada 10 tuvieron su primera relación sexual sin protección. Lo anterior a pesar de que alrededor del 66 por ciento de ellas refirió haber iniciado su vida sexual sin la intención de embarazarse.
Para 2009, de acuerdo con datos proporcionados por Patricia Uribe, ex titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGYSR), de la Secretaría de Salud, en septiembre de ese año la demanda insatisfecha de las y los jóvenes en métodos anticonceptivos también alcanzaba 36 por ciento.
Cabe recordar que en 2007 la presente administración por primera vez implementó el Programa de Acción en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, el cual establece objetivos,  metas, estrategias y acciones que todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud deberán observar para su aplicación hasta 2012.
Entre sus metas está reducir la tasa específica de fecundidad en las adolescentes a 58 nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años de edad para el 2012.
Al respecto, Rafaela Schiavon Ermani señaló que en materia de embarazo adolescente si se realiza un comparativo de cifras reportadas en la Enadid 2009, la tasa de incidencia en comparación con la de 2006 se ve ligeramente disminuida.
Sin embargo –explicó– la incidencia de embarazo en adolescentes se contrapone con las tasas específicas de municipios rurales e indígenas,  las cuales muestran que la necesidad no satisfecha de anticonceptivos no se ha modificado.
Otra de las metas del programa es incrementar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres adolescentes unidas de 15 a 19 años a 47 por ciento al 2012; reducir el nivel de necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de las mujeres unidas de 15 a 19 años, en 20 por ciento para el mismo año.
Así como incrementar al 70 por ciento para el 2012 el uso del condón en las relaciones sexuales en menores de 20 años; incrementar en 10 por ciento el número de servicios especializados en la atención de la salud sexual y reproductiva para adolescentes y alcanzar para el 2012 el 70 por ciento de cobertura en anticoncepción posevento obstétrico en menores de 20 años.
Rafaella Schiavon precisó que para analizar el impacto del Programa de Acción en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, hacen falta investigaciones y estudios al respecto.

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En 24 años, más de 34 mil mujeres asesinadas en México

Hay 3 iniciativas pendientes para tipificar feminicidio




Por Anayeli García Martínez


México, DF, 11 abr 11 (CIMAC).- De 1985 a 2009,  34 mil 176 mujeres y niñas fueron asesinadas, lo que revela la importancia de reformar el Código Penal federal para tipificar el feminicidio y así salvaguardar la integridad y los derechos de las mujeres, pero sobre todo, prevenir la violencia de género, aseguró la ex diputada federal Marcela Lagarde y de los Ríos. 
En entrevista con Cimacnoticias, la presidenta de la Comisión especial de feminicidios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados dijo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) es una ley preventiva pero necesita de una reforma en los Códigos Penales para cumplir con su fin de erradicar la violencia de género.
 En opinión de la también presidenta de la Red Nacional de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, al tipificar el feminicidio se reconocerá que los asesinatos de mujeres tienen características particulares que los diferencian de los homicidios masculinos y se reconocerán los 34 mil 176 homicidios de mujeres y niñas que se registraron en 24 años. 
“De no quedar esto en la ley, no se entenderá que hay homicidios por razones de género ni que existe un entorno social que produce violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres”, aseguró la antropóloga, quien a través de sus investigaciones ha documentado estos crímenes y ha impulsado el tema en la legislación cuando fue diputada de 2003 a 2006.





LAS CUATRO INICIATIVAS

Hasta el momento se han presentado cuatro iniciativas para tipificar el feminicidio. Tres de ellas se encuentran en las Comisiones unidas de Equidad y Género y Justicia de la Cámara de Diputados, una en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y una ya fue aprobada por el Congreso del Estado de México. 
En San Lázaro se han presentado tres iniciativas:  una la presentó la diputada perredista y presidenta de la Comisión especial de feminicidios,Teresa Incháustegui Romero; otra es de la diputada panista Laura Elena Estrada Rodríguez y una más de la legisladora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo.
La iniciativa de la diputada Incháustegui Romero es apoyada por la Red Nacional de Investigadoras  (encabezada por Lagarde) y señala que este delito se acreditará cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio,concubinato, sociedadde convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad.
Por otra parte la iniciativa de la diputada Estrada Rodríguez precisa que el feminicidio lo comete un hombre. 
En tanto la iniciativa de la legisladora Gástelum Bajo –apoyada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), cuya titular es Laura Carrera, y por la experta en Derechos Humanos, Patricia Olamendi– castigará el delito con penas de 30 a 60 años de prisión y hasta mil 500 días de multa. 


REFORMA INSUFICIENTE







De acuerdo con información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en un lapso de año y medio se han denunciado 4 mil 773 violaciones en contra de mujeres y de enero de 2005 a agosto de 2010 se registraron 922homicidios dolosos contra mujeres y niñas en esta entidad. 

Ante esta situación el OCNF presentó una solicitud para que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG), misma que con 20 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones fue rechazada por el Sistema para Prevenir, Atender,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las mujeres). 

Luego de este resultado, el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, anunció la tipificación de este delito. Finalmente, el 17 de marzo de este año el Congreso mexiquense aprobó una reforma en la materia, la cual fue calificada por organizaciones civiles como insuficiente.

En un análisis, el OCNF precisa que esta iniciativa hace más complicado comprobar el delito ya que será difícil probar cuáles son las lesiones asociadas a “la exclusión,  subordinación, discriminación o explotacióndel sujeto pasivo”, términos que utiliza la ley para definir la violencia de género.







FEMINICIDIO, UN PENDIENTE EN EL DF

Además de las iniciativas que se analizan en las Comisiones unidas de Equidad y Género y Justicia de la Cámara baja, el 8 de marzo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard,  presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el DF, para tipificar este delito.

La propuesta es apoyada por la Red Nacional de Investigadoras, el Instituto de las Mujeres del DF y por laProcuraduría de Justicia capitalina. 

De acuerdo con la iniciativa, el feminicidio se castigaría con penas que van de los 30 a los 60 años de prisión. 

Sobre este tema, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, Alejandra 

Barrales, dijo en entrevista que en la Ciudad de México también se aborda la problemática de la violencia de género, por lo cual se han hecho reformas para que el maltrato físico contra las mujeres deje de ser algo común. 

La presidenta de la Mesa Directiva de la ALDF destacó que “en unos días” se estará retomando el debate para tipificar la figura del feminicidio y con ello garantizar que ninguna mujer sea lastimada o que pierda la vida sólo por ser mujer. También precisó que el gobierno capitalino debe brindar garantías para que ningun mujer sea asesinada y de ser así que haya condenas severas.





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Expulsan sicarios de su pueblo a mujeres y niñas indígenas

En Jicamórachi, Chihuahua, tuvieron que huir al monte
Por Patricia Mayorga, corresponsal

Chihuahua, 11 abr 11 (CIMAC).- La mayoría son viudas, corrieron con sus hijos hacia el monte de la Sierra Tarahumara cuando un grupo delictivo se apoderó de su pueblo y comenzó a incendiar sus viviendas.
Sus esposos, e incluso hijos varones, han sido asesinados en Jicamórachi, municipio de Uruachi en el estado de Chihuahua. Los habitantes de ese poblado vieron desde el monte cómo un grupo de sicarios se apoderó del pueblo y quemó las casas del lugar.
Desde hace varios días en Jicamórachi -poblado enclavado en plena Sierra Tarahumara, colindante con Sonora, y a 10 horas de camino por tierra de la capital del estado- vive una historia de terror.
Son cerca de 150 familias, varias de ellas dirigidas por mujeres, las que habitaban el poblado y tuvieron que huir ante la llegada de hombres armados.
Algunos habitantes regresaron a sus casas luego de que los integrantes del grupo delictivo se fueron, pero saben que regresarán porque se refugian en Uruachi y las familias temen por sus vidas.
Aún hay alrededor de 10 familias (al menos 40 personas entre mujeres y niños) dispersas en el monte con la incertidumbre de la espera de su rescate por parte de las autoridades.
Han pasado dos noches en el monte, esparcidas por el amplio terreno de la Sierra. Temen por su vida porque la única salida del pueblo está cerrada por los sicarios.
Aunque los delincuentes se van por momentos,  lapsos que aprovechan los habitantes para ir por comida al pueblo, saben que regresarán.
Mientras las casas de Jicamórachi ardían y sus pobladores se escondían, un campesino en
Bahuarichi, municipio de Guachochi, reportó el sábado el hallazgo de siete cadáveres, unas horas después de que, precisamente, siete personas habían sido "levantadas" en el poblado de Samachique. Eran ellos.
Las corporaciones policiacas de diversos municipios aledaños se encuentran en alerta, pero
carecen de recursos humanos y de armas para hacer frente a la situación y para rescatar a los habitantes. Algunos de ellos han decidido permanecer en el poblado aún con el riesgo.
Según los habitantes de Jicamórachi, hace una semana acudió el presidente municipal de Uruachi,  Aldo Campos, quien repartió despensas entre la población. Le manifestaron al edil la urgencia de hacer algo para controlar al grupo delictivo, el cual ha mantenido asolada a la población desde hace tiempo.
Sin embargo, el alcalde indicó que él no podía hacer nada al respecto, ya que no existen en
Uruachi elementos policiacos suficientes ni armamento adecuado para hacerle frente a la situación.
“Nos dijo que él mismo teme por su vida”,  manifestó una mujer viuda que permanece refugiada y que logró comunicarse desde su celular con elementos de la Zona Militar número 42 ubicada en Parral, Chihuahua, así como con familiares de otros municipios que la apoyaron para dar aviso a medios de comunicación.
Uno de sus hijos pequeños presentó vómito desde el sábado en la noche, todos pasaron frío y enfrentaron el fuerte viento que trajo consigo el frente frío número 40 que prevalece en el estado.
Lo que han pedido durante el fin de semana, e incluso hoy, es que la noticia sea divulgada para que su llamado de auxilio sea escuchado por autoridades competentes que puedan rescatarlos de los sicarios, pues ya la gente no confía ni en el Ejército ni en los policías locales.
Niños y mujeres en Jicamórachi están indefensos y a la intemperie, intentan huir y salvar su vida.   

Afirman que cerca del pueblo hay una aeropista con luz, lo que consideran suficiente para un rescate exitoso en caso de que su mensaje llegue a oídos de quien pueda efectuarlo.
Por su parte, la Zona Militar 42, con sede en Parral, sólo ha dicho que se encuentra realizando las "acciones correspondientes".
Hoy, la Quinta Zona Militar, ubicada en la capital del estado, informó que varias corporaciones acuden esta mañana a Jicamórachi para evaluar la situación y dar auxilio a los habitantes.
A la una de la mañana del domingo llegaron tres vehículos con militares, dieron vueltas por el pueblo y ahí permanecen. Sin embargo, quienes aún se encuentran en el monte no se animan a regresar porque desconfían de los mismos soldados, debido a que algunos que llegaron hace días prestan sus vehículos a los delincuentes y pareciera que los apoyan.
Ayer en la tarde comenzaron a solicitar apoyo desesperado, porque hay muchos niños. El frío y el viento no cedieron, llevaron con ellos cobijas y algo de comida, pero el miedo ha generado enfermedades en los menores, las señoras se mantienen firmes y desconfían de algunos elementos militares, por lo que esperan que otras corporaciones federales y estatales lleguen hasta donde están ellos.
Jicamórachi se ubica a unas dos horas de la cabecera municipal de Uruachi. En el pueblo se realizan las ceremonias indígenas más importantes y representativas de las que celebran los pimas de la comunidad de Yepachi. Son las más llamativas en Semana Santa y la patronal y es la comunidad que mejor conserva sus fiestas y tradiciones.

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Maternidad en adolescentes: reflejo de la marginación social

Urgen políticas efectivas para prevenirla: Conapo
 
Por Gladis Torres Ruiz 
 
La maternidad durante la adolescencia es una manifestación de la exclusión social, advierte el Consejo Nacional de Población (Conapo). 
En su informe Situación Demográfica de México 2010, Conapo reporta que las mujeres inician tempranamente su vida sexual a una edad promedio de 15.9 años.
 Advierte que las adolescentes inician su sexualidad con prácticas generalmente no protegidas lo que las predispone a infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no planeados, aborto y un riesgo elevado de complicaciones para la salud de la madre y del recién nacido.
La maternidad en las adolescentes es el reflejo de una sociedad desigual en las que sólo una parte de la población tiene poder real sobre sus decisiones reproductivas al contar con la información y la capacidad necesarias para planear un proyecto de vida personal, libre y autónomo, recalca Conapo.
Es por ello que el Consejo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, subraya la urgencia de establecer políticas públicas dirigidas a contribuir a la reducción de los embarazos en adolescentes, disminuir las ITS y sus complicaciones potenciales.
Todo esto ante un panorama en la que la población de niñas y adolescentes aumentó 40 por ciento en 35 años.  En 1974 la población femenina en el país era de 28.5 millones y llegó a 54.6 millones en 2009.  
Se estima que en 2007 la población de mujeres adolescentes alcanzó su máximo histórico con 8.4 millones. 
Con resultados aún no muy claros –a decir de especialistas–, la presente administración federal por primera vez instauró un Programa de Acción en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, en el cual se establecen objetivos, metas, estrategias y acciones para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
Así, en el Programa Nacional de Población (PNP) 2008-2012 de manera explícita se considera como uno de los objetivos de la política de población “favorecer el ejercicio libre e informado de los derechos de las personas en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción”. 
A dicho objetivo responde la estrategia para “asegurar las condiciones sociales e institucionales favorables al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos” en donde se estipula explícitamente la intención de “contribuir a la disminución del embarazo no planeado en adolescentes y a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida”. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (Enadid) elaborada entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Conapo, en México hay 5 millones 264 mil 133 niñas entre 15 y 19 años de edad.
De ese total, 671 mil 572 adolescentes han estado alguna vez embarazadas, por lo que se observa que las políticas públicas para prevenir los embarazos en adolescentes no están cumpliendo su cometido.
 
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Ya hay hogares con 3 generaciones de mamás adolescente

Niñas y jóvenes, sin educación sexual y métodos anticonceptivos
 
 
Gladis Torres Ruiz 
 
Hoy en México existen hogares en donde habitan hasta tres generaciones de madres adolescentes, lo cual es un reflejo de que las políticas de salud sexual y reproductiva “no están impactando como debe ser”, advierten especialistas.
 “Tenemos una abuela de 38 años que tiene una hija de 19, quien a su vez tiene una hija de 8 años. Esta modificación en las familias prevalecerá sino se transforman los programas de salud dirigidos a niñas y adolescentes”, explican los expertos.
 De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009 (Enadid) elaborada entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), en México hay 5 millones 264 mil 133 niñas entre 15 y 19 años de edad. De ese total, 671 mil 572 adolescentes han estado alguna vez embarazadas.  
 El 55.2 por ciento de las y los adolescentes mexicanos son pobres, y uno de cada cinco adolescentes tiene ingresos familiares y personales “tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida”, indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), capítulo México. 
 El Conapo reporta que las adolescentes de estratos socioeconómicos bajo y medio bajo son las más vulnerables a presentar infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados, los cuales están asociados en muchos casos a la falta de acceso a métodos anticonceptivos.
 
REZAGO EN EDUCACIÓN SEXUAL
 
A la vulnerabilidad de las adolescentes pobres que no acceden a esos métodos se suma el estancamiento de la educación sexual dirigida al sector en las escuelas públicas y privadas.
“A las niñas y las adolescentes no se les brinda información científica y confiable para tomar decisiones en salud sexual y reproductiva. No se les informa que un embarazo adolescente rompe un proyecto de vida”, abundan los especialistas consultados.
 Advierten que la responsabilidad de dar esa información a niñas y adolescentes es tripartita, es decir inicia en la familia, luego en la escuela como parte del Estado, y posteriormente es reforzada por los sistemas de salud. 
 En la actualidad la educación sexual y reproductiva en las escuelas, es similar a la que se impartía hace 15 años. “Un libro de texto de la primaria de hace 15 años daba más información que los actuales; a ello se suma que con la entrada de los gobiernos conservadores del PAN se empezó hablar cada vez menos de salud sexual y reproductiva en las escuelas”, afirma una fuente del sector salud.
 Nuevamente como hace 50 años se está dejando a las y los jóvenes que encuentren y busquen las respuestas sobre sexualidad entre sus grupos de amistades de la misma edad. “En la pandilla de la escuela ahí aprendimos”, añade.
 
FALTAN INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE CALIDAD
 
El Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) señala que el derecho a la salud se garantiza con el acceso a información, educación y servicios de calidad para ejercer la sexualidad libre de riesgos de embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual –como VIH/Sida–, violencia o cáncer cérvico uterino.
 La organización documenta que sólo una de cada 10 adolescentes solteras y sexualmente activas en México usa métodos anticonceptivos.
 Una de cada tres mexicanas se embaraza por primera vez antes de cumplir los 20 años de edad, y en siete entidades federativas el embarazo en adolescentes ocurre con mayor frecuencia debido a la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y la falta de información, abundan expertos en el artículo “35 años de planificación familiar en México”, el cual forma parte del informe La Situación Demográfica de México 2009, elaborado por el Conapo.
 
NECESIDAD INSATISFECHA 
 
En 22 años (entre 1987 y 2009), la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) de adolescentes se ha mantenido, reporta Conapo en el mismo informe pero correspondiente al 2010.
 La NIA se define por la proporción de adolescentes sexualmente activas que no tienen acceso a anticonceptivos y no quieren quedar embarazadas.
 Tal proporción permanece en 22 por ciento. Este indicador era de 23.7 por ciento en 1987 y para 2009 se redujo a 21.5 por ciento, es decir, apenas 2.2 por ciento.
Conapo explica que la prevalencia de embarazo no deseado y no planeado entre las adolescentes en 2009, es de 40 por ciento, “cifra que revela el tamaño del reto para los programas de salud sexual y reproductiva de adolescentes en México”.
 La institución, perteneciente a la Secretaría de Gobernación,  sugiere que para conseguir logros significativos se requiere fortalecer las actividades y estrategias encaminadas a favorecer el acceso y la disponibilidad de una gama más amplia de métodos anticonceptivos para las y los adolescentes.
 
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